Por: Doctor Andrés Camilo Clavijo Rodríguez, médico especialista en toxicología clínica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS)- Ministerio de salud y protección social.
Fuente: Órgano de información del Colegio Médico Colombiano. Epicrisis. Ed. N° 42 (diciembre 2026-febrero 2027). ISSN: 2539-505X (En línea). #SaludDignaYa
Son las seis de la mañana y una sala de urgencias comienza a llenarse. Una mujer consulta por dificultad respiratoria después de varios días en una zona con elevada contaminación atmosférica. En otro municipio, un niño presenta enfermedad diarreica tras consumir agua cuya calidad no puede garantizarse. Mientras tanto, en una comunidad minera, una familia continúa expuesta a sustancias tóxicas asociadas con la extracción de oro.
Para cada paciente existe una historia clínica, un diagnóstico y, eventualmente, un tratamiento. Sin embargo, detrás de cada caso puede existir una historia más extensa: la del ambiente en el que la persona vive, trabaja, estudia y envejece.

La salud ambiental analiza la interacción entre los seres humanos y los factores físicos, químicos, biológicos y sociales del ambiente, así como las prácticas mediante las cuales las sociedades utilizan y transforman sus territorios. Por eso, no se refiere únicamente a la contaminación. También comprende el agua, el aire, los alimentos, las sustancias químicas, la vivienda, las condiciones laborales, las actividades productivas y las desigualdades sociales que pueden convertirse en exposiciones y, posteriormente, en enfermedad.
Colombia cuenta con un marco institucional y normativo que reconoce esta relación. La Ley 9 de 1979 incorporó medidas sanitarias orientadas a proteger las condiciones ambientales relacionadas con la salud humana. El Plan Decenal de Salud Pública, por su parte, reconoce la salud ambiental como un campo transectorial e interdisciplinario dirigido a materializar el derecho a un ambiente sano. Sin embargo, la existencia de normas y políticas no garantiza por sí misma que una comunidad tenga agua segura, aire limpio o protección frente a sustancias peligrosas.
El problema central no consiste únicamente en identificar los riesgos ambientales, sino en comprender por qué, a pesar de disponer de evidencia científica, regulación e instituciones responsables, persisten exposiciones prevenibles que producen enfermedad y muerte. El principal desafío está en cerrar la brecha entre el reconocimiento institucional del riesgo y su transformación efectiva en acciones preventivas, territoriales e intersectoriales.
Del territorio al paciente
La atención sanitaria se ha orientado históricamente hacia la identificación, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades una vez que se manifiestan. La salud ambiental obliga a ampliar esa perspectiva. Una persona no enferma únicamente por una característica biológica individual; también puede hacerlo porque respira determinado aire, consume agua contaminada, trabaja con sustancias peligrosas, habita una vivienda inadecuada o desarrolla su actividad económica en un ambiente degradado.
La evidencia disponible permite dimensionar la importancia de esta relación. El Instituto Nacional de Salud estimó que alrededor de 17.549 muertes anuales estaban asociadas a factores ambientales relacionados con la calidad del aire, la calidad del agua, los combustibles y los metales. Esa cifra equivalía aproximadamente al 8 % de la mortalidad anual considerada en el estudio. También se identificaron asociaciones entre la contaminación del aire y las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como entre la calidad del agua y la enfermedad diarreica aguda.
Estos resultados no significan que cada caso individual pueda atribuirse directamente a una exposición ambiental específica. Sí muestran, sin embargo, que el ambiente constituye un componente relevante de la carga de enfermedad poblacional.
El verdadero desafío comienza después de identificar el riesgo: ¿cómo convertir la evidencia científica en decisiones que protejan efectivamente a las poblaciones expuestas?
El problema aparece cuando el dato epidemiológico permanece separado de la decisión sanitaria. Saber que la contaminación del aire contribuye a determinadas enfermedades no es suficiente si esa información no conduce a fortalecer el monitoreo, modificar las fuentes de emisión, proteger a las poblaciones vulnerables y orientar la vigilancia epidemiológica. Del mismo modo, reconocer que la mala calidad del agua puede producir enfermedad no resuelve la situación de las comunidades que continúan sin sistemas adecuados de abastecimiento y saneamiento.
Caracterizar un riesgo ambiental no significa controlarlo. La evidencia adquiere verdadero valor para la salud pública cuando se traduce en decisiones oportunas, intervenciones concretas y acciones coordinadas que reduzcan o eliminen las exposiciones antes de que se conviertan en enfermedad. Para ello se necesita definir qué hacer, quién debe actuar, con qué recursos y en qué momento.
Los riesgos ambientales no se distribuyen de manera homogénea. Tampoco lo hacen las capacidades para enfrentarlos. No es equivalente vivir en una ciudad con sistemas de monitoreo, servicios especializados y redes de transporte que residir en una zona rural dispersa donde obtener agua segura implica recorrer largas distancias y acceder a un servicio sanitario requiere desplazarse durante horas. Tampoco es igual la capacidad de una familia con recursos para mejorar su vivienda que la de otra que depende de combustibles contaminantes o vive en condiciones de precariedad.
Los datos de pobreza ilustran esta desigualdad territorial. En 2024, la incidencia nacional de pobreza multidimensional fue de 11,5 %, pero en los municipios PDET alcanzó 24,4 %. En los centros poblados y zonas rurales dispersas de esos municipios llegó al 29,9 %. Estas cifras no prueban por sí mismas una causalidad ambiental, pero ayudan a comprender por qué las posibilidades de prevención, protección y respuesta no son iguales entre territorios.
La salud ambiental no puede abordarse únicamente mediante indicadores de contaminación. También es necesario preguntar quiénes están expuestos, durante cuánto tiempo, en qué condiciones sociales y territoriales ocurre la exposición y qué capacidad tienen las personas y comunidades para prevenirla o reducir sus efectos.
Una política universal aplicada de manera idéntica en territorios profundamente diferentes puede reproducir desigualdades. La equidad exige reconocer que las necesidades de una comunidad minera del Bajo Cauca, una población indígena de la Amazonía, una comunidad ribereña del Chocó o una familia que vive en una gran ciudad no son necesariamente las mismas.
El enfoque territorial no debe ser un componente decorativo de las políticas de salud ambiental. Debe orientar qué se vigila, cómo se interviene, qué actores participan y qué resultados pueden considerarse aceptables.
Sustancias químicas y desigualdad sanitaria
Uno de los ejemplos más evidentes es la exposición al mercurio asociado con la minería de oro artesanal y de pequeña escala. Este problema atraviesa varias dimensiones. Puede existir exposición ocupacional durante la actividad minera, exposición comunitaria por contaminación ambiental y exposición alimentaria relacionada con la transformación del mercurio en metilmercurio y su acumulación en la cadena alimentaria.
La Organización Mundial de la Salud reconoce que las comunidades vinculadas a esta actividad pueden estar expuestas principalmente por la inhalación de vapores de mercurio. Posteriormente, el contaminante puede incorporarse a los ecosistemas y a los alimentos.
El problema no puede solucionarse exclusivamente desde una consulta médica. El médico puede reconocer signos compatibles con intoxicación, solicitar biomarcadores, establecer una conducta clínica y realizar seguimiento. El toxicólogo puede ayudar a caracterizar la exposición, el laboratorio medir concentraciones y la autoridad sanitaria desarrollar vigilancia. Pero ninguna de estas acciones elimina por sí sola la fuente de contaminación.
Esta situación revela una limitación del modelo exclusivamente asistencial. El profesional sanitario puede intervenir sobre el efecto, pero eliminar la causa requiere decisiones de las autoridades ambientales, mineras, laborales, territoriales y sanitarias, además de la participación de las comunidades.
Por eso, la salud ambiental exige pasar de una lógica exclusivamente clínica a una lógica de gestión del riesgo. El paciente deja de ser únicamente un individuo con una enfermedad y se convierte también en un indicador de una exposición que puede estar afectando a una familia, una comunidad o un territorio.
La paradoja de la regulación
Colombia no carece de regulación ambiental y sanitaria. La Ley 9 de 1979 estableció disposiciones para preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias relacionadas con la salud humana, además de regular situaciones asociadas con residuos y materiales capaces de afectar el ambiente. El Decreto 780 de 2016 consolidó buena parte de la regulación del sector salud y la protección social. A estas normas se suman políticas y estrategias relacionadas con el agua, el aire, la seguridad química, el hábitat, las zoonosis y el cambio climático.
El problema no puede reducirse, entonces, a afirmar que no existen normas. El verdadero desafío está en la implementación. Una disposición nacional puede establecer obligaciones, pero su aplicación ocurre en territorios con capacidades técnicas, financieras e institucionales diferentes. Una autoridad territorial puede tener responsabilidades claramente definidas y, al mismo tiempo, enfrentar dificultades para realizar vigilancia, contratar personal, producir información o coordinarse con otras instituciones.
Así se genera una paradoja: puede existir una política técnicamente correcta con una respuesta territorial insuficiente.
La responsabilidad termina fragmentándose. El sector salud identifica el daño; el sector ambiente, la contaminación; el sector laboral, el riesgo ocupacional, y las autoridades territoriales enfrentan las consecuencias sociales. Sin coordinación efectiva, cada institución puede cumplir parcialmente su función mientras el problema permanece.
Los efectos del ambiente sobre la salud requieren una agenda intersectorial permanente. No pueden considerarse únicamente un asunto de prestación de servicios sanitarios.
El papel del profesional de la salud
En este escenario, el profesional de la salud ocupa una posición particular. No es responsable de solucionar todos los problemas ambientales, pero tampoco puede limitarse a tratar sus consecuencias.
Un médico que atiende repetidamente pacientes con síntomas respiratorios en una zona determinada debería preguntarse si existe un patrón de exposición. Un profesional que identifica intoxicaciones por sustancias químicas debería considerar la posibilidad de que haya otros individuos expuestos. Un equipo de atención primaria en una comunidad rural debería reconocer las condiciones de agua, saneamiento, vivienda y actividad económica que pueden modificar el perfil de riesgo.
Esto requiere competencias que van más allá del diagnóstico clínico: lectura epidemiológica, identificación de exposiciones, comunicación del riesgo, trabajo intersectorial y comprensión del territorio.
Sin embargo, no sería razonable convertir al profesional en responsable de corregir fallas estructurales. El personal sanitario enfrenta sobrecarga laboral, limitaciones de tiempo, información incompleta, barreras administrativas, dificultades para acceder a pruebas diagnósticas y restricciones institucionales.
El desafío consiste en evitar dos extremos: considerar que el profesional no tiene ninguna responsabilidad frente al ambiente o atribuirle una responsabilidad que corresponde al Estado y a otros sectores.
Su papel debe ser el de actor sanitario y agente de gestión del riesgo, capaz de identificar señales, generar evidencia, activar rutas institucionales, educar a la comunidad y participar en decisiones intersectoriales. Su responsabilidad no termina al formular un tratamiento cuando la causa de la enfermedad continúa presente.
Desarrollo y salud: una tensión necesaria
Algunas posiciones sostienen que ciertos riesgos ambientales son un costo inevitable del desarrollo económico. Actividades como la minería, la industria, el transporte y la agricultura generan empleo, ingresos y bienes necesarios para la sociedad. Desde esta perspectiva, exigir controles más estrictos podría afectar la productividad y las oportunidades económicas de comunidades que dependen de esas actividades.
Este argumento debe considerarse. La salud ambiental no puede desconocer las condiciones económicas de las poblaciones ni asumir que todas las actividades productivas pueden detenerse sin consecuencias sociales.
Sin embargo, aceptar que existe una relación entre desarrollo y riesgo no significa admitir que toda exposición sea inevitable ni que sus costos deban ser asumidos principalmente por las poblaciones más vulnerables.
El desafío consiste en avanzar hacia modelos productivos capaces de reducir exposiciones, incorporar tecnologías más seguras y distribuir de manera justa los beneficios y riesgos del desarrollo. La OMS señala que la reducción de la exposición al mercurio requiere promover técnicas de extracción de oro que eviten su utilización y fortalecer las medidas de prevención donde todavía exista exposición.
La discusión, por tanto, no debería plantearse como una elección simple entre ambiente o desarrollo. La pregunta pertinente es qué tipo de desarrollo se desea construir y quién está pagando sus costos sanitarios y ambientales.
De tratar el daño a prevenir el riesgo
La transformación de la salud ambiental colombiana requiere modificar la lógica de intervención. El sistema sanitario suele medir aquello que llega a sus servicios: consultas, hospitalizaciones, diagnósticos, intoxicaciones, enfermedades respiratorias, enfermedades diarreicas y mortalidad. Una política ambientalmente orientada debe medir también lo que ocurre antes: la exposición, la concentración de contaminantes, la calidad del agua, las emisiones, las condiciones de vivienda, la exposición ocupacional y la vulnerabilidad territorial.
Esto implica fortalecer la vigilancia de los riesgos ambientales y conectarla con la vigilancia epidemiológica. También exige producir información útil para cada territorio. No basta con saber que existe contaminación en Colombia; es necesario conocer dónde se concentra, qué poblaciones están expuestas, qué fuentes la generan, qué grupos son más susceptibles y cuáles intervenciones producen mejores resultados.
La salud ambiental puede convertirse en un punto de encuentro entre epidemiología, toxicología, medicina, enfermería, ingeniería, ciencias ambientales, salud ocupacional, ciencias sociales y participación comunitaria. La respuesta no debe comenzar únicamente cuando aparece el paciente enfermo, sino cuando se identifica una exposición que todavía puede evitarse.
Conclusión
La salud ambiental en Colombia expresa una de las contradicciones más profundas de la salud pública: se sabe que determinadas condiciones ambientales producen enfermedad, existen instituciones encargadas de intervenirlas y hay normas que reconocen la necesidad de proteger la salud y el ambiente. Aun así, las exposiciones prevenibles continúan afectando a comunidades enteras.
El problema no es exclusivamente científico ni normativo. Es, sobre todo, de implementación, coordinación, equidad y capacidad para convertir la información en decisiones.
La enfermedad puede comenzar mucho antes de que aparezca el primer síntoma: en una fuente de agua contaminada, una emisión atmosférica, una vivienda inadecuada, una jornada laboral sin protección o una actividad productiva que expone durante años a una comunidad.
El desafío no consiste únicamente en identificar qué contamina, quién está expuesto o qué enfermedades pueden derivarse. Consiste en reconocer el riesgo antes de que se convierta en daño y transformar ese conocimiento en decisiones capaces de prevenirlo.
El mayor desafío no es únicamente tratar mejor a quienes enferman por causa del ambiente, sino reconocer cuándo el ambiente está enfermando a una población y contar con la capacidad institucional, científica y política para intervenir antes de que el daño sea irreversible.













Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.