Ganar la batalla por la legalización de la eutanasia es solo un primer paso. Para lograr un acceso abierto, equitativo y universal a la muerte asistida, los activistas están tratando de desmantelar todos los obstáculos.
Fuente: BioEdge
¿Qué son? La objeción de conciencia personal es una: afirman que los médicos deberían verse obligados a derivar a un médico dispuesto. Otro es la “objeción de conciencia institucional”: hospitales o residencias de ancianos que se niegan a permitir la eutanasia o el suicidio asistido en sus instalaciones.
Así que no es de extrañar que en el estado australiano de Victoria haya movimientos para obligar a los hospitales a cooperar con la muerte asistida.
Un artículo reciente del Sydney Morning Herald sostiene que existe un profundo desequilibrio de poder entre los pacientes gravemente enfermos y las instituciones. El periodista destaca el caso de Alan Clark, un anciano de la zona rural de Victoria, que padecía un trastorno neurológico degenerativo terminal. Fue aprobado para la eutanasia, pero su hogar de ancianos no religioso se opuso a que tomara la dosis letal en el lugar. Pero estaba demasiado mal para volver a casa.
“Cuando nos enteramos de que no podía acceder allí me quedé atónito. Le dije: ‘¿Qué haremos ahora?’”, dijo su esposa. “Dijeron: ‘Simplemente lo transferiremos a casa’, pero estaba tan preocupada de que se sintiera extremadamente incómodo”. Clark murió en el hogar de ancianos el año pasado a la edad de 83 años.
El informe de SMH se basa en un artículo reciente de la revista BMC Medical Ethics sobre la ley victoriana. Se basó en entrevistas con 28 pacientes que habían solicitado la muerte asistida. Los autores, todos del Centro Australiano para la Investigación de la Ley de Salud, sostienen que es:
“No es efectivo para lograr los objetivos de respetar la posiciones institucionales mientras se promueve el acceso de los pacientes. Este enfoque de ‘regulación suave’ parece haber permitido que la asimetría de poder, recursos e información existente priorice las posiciones de las instituciones sobre la elección del paciente. Tal resultado es inconsistente con los objetivos políticos más amplios de la Ley de Muerte Voluntaria Asistida de 2017”.
Los investigadores también encontraron que la política de algunas instituciones no era transparente y dificultaba las decisiones informadas.
Deja un comentario