Hemos repetido que el sistema de salud en Colombia tiene serios problemas estructurales. Hay muchas normas, resoluciones, directrices, incluso hasta leyes, pero cada una de ellas juega un papel clave para satisfacer los intereses particulares de unos pocos.
Por Dra. Olga Lucía Zuluaga Rodríguez – Directora Ejecutiva ACESI
Una vez hundida la reforma a la salud en el Congreso de la República, los actores del sector en Colombia, todos, debemos sentarnos a la mesa a discutir, acompañados por el Gobierno y el legislativo, un verdadero proyecto que reúna los intereses comunes del sistema.
Tendrá que ser redactado a “muchas manos” y lo único bien claro es que debe concluir en un texto orientado al beneficio de los colombianos en general, que no privilegie a ningún renglón en particular. ¡Difícil pero no imposible!
Desde luego nuestro aporte será desde la óptica de la red hospitalaria, aquella que llega hasta el más lejano rincón del territorio nacional. La misma que atiende sin distingo a todos los colombianos, incluso ahora hasta los migrantes, la gran mayoría de ciudadanos de escasos recursos que hacen parte del régimen subsidiado y desde luego, también del contributivo.
Es muy importante resaltar que la reforma a la salud que se presente debe estar en coherencia con la establecido por la Ley Estatutaria de Salud (1751 de 2015) y es cómo se garantizará el derecho a la salud.
Lo más urgente es garantizar en la práctica, en cada IPS pública o privada, el goce efectivo al derecho a la salud, para ello consideramos fundamental modificar el rol que hasta ahora han cumplido las EPS, las cuales, en su mayoría han tenido un papel bastante tímido durante la pandemia y sería imperdonable no recoger los aprendizajes y capitalizarlos.
Otro tema definitivo, por no decir que es la columna vertebral de cualquier ley relacionada con la salud, es el fantasma de su privatización como derecho fundamental, eso debe desaparecer definitivamente del panorama. Todo ciudadano debe tener un derecho inalienable, irrefutable e incontrovertible a la salud, y solo por una sencilla razón: la salud está directamente ligada con la vida, que es la verdadera esencia de la humanidad.
Leyes tipo sastre: a la medida
Hemos repetido que el sistema de salud en Colombia tiene serios problemas estructurales. Hay muchas normas, resoluciones, directrices, incluso hasta leyes, pero cada una de ellas juega un papel clave para satisfacer los intereses particulares de unos pocos.
De entrada, la Ley 100 de 1993, se creó con dos grandes estructuras que, si funcionaran, no estuviéramos hablando de crisis: una rectoría eficiente y una inspección, vigilancia y control, que debería ser muy fuerte bajo un sistema de aseguramiento, pero ninguna de las dos premisas se cumplió.
A los pocos años de promulgada esa ley, ya las carteras se comenzaron a acumular, por lo que las deudas de las EPS con los prestadores fue el comienzo del fin.
De la misma forma, desde un comienzo las normas se fueron violando bajo la mirada indiferente del estado. Las EPS se convirtieron en empresas superpoderosas desde el punto de vista económico, claro, en juego no hay menos de 40 billones de pesos al año. Es decir, el problema no es sólo de plata; dinero hay, pero muy mal manejado por un mecanismo perverso, que favorece a un reducido sector, pero que perjudica a la mayoría, entre ellos, a los prestadores y a los mismos usuarios, de los que gran parte de ellos pagan juiciosamente cada mes una cuota, al menos en el contributivo.
Esa mesa de discusión de la que hablamos, desde el gremio de los hospitales públicos, debe trabajar en la solución de graves problemas como la fragmentación, donde el municipio se queda con una parte, el departamento con otra y las aseguradoras una más, todo ese galimatías hace que el dinero se diluya por el camino.
Y si a todo lo anterior se le agrega, la apropiación de recursos por parte de grupos al margen de la ley y carteles dentro del mismo sector, pues elaboran la tormenta perfecta para el desangre y la desfinanciación.
Normas que incentivan el NO pago
Otro grave problema es la integración vertical, en donde igualmente se quebrantan las reglas. Cada vez hay más conglomerados económicos detrás de la compra de clínicas, todos vinculados de una u otra forma a las EPS, empresas que no tienen buenos márgenes de solvencia, manejan déficits multimillonarios, pero curiosamente sus asociados, que son IPS, son empresas boyantes, que reportan grandes utilidades en sus balances.
Esta alianza perversa, “alcahueteada” por los organismos de control que no intervienen, se convierte en otra vena rota del sistema.
Y un tercer yerro es que el mismo modelo premia o beneficia el no pago de las deudas de las EPS con los prestadores. Es inconcebible que al revisar en la práctica el comportamiento de las carteras y al hacer una reconstrucción forense de la situación, no solamente desde el punto de vista financiero, sino legal, se llega a una triste conclusión: las normas vigentes no incentivan el pago, sino más bien el no pago.
En otras palabras, si una EPS no paga, a esa empresa no le pasa absolutamente nada, pero al año siguiente, ante la presión, ofrece cancelar el 50 o en el mejor de casos el 70 por ciento de lo adeudado y a cuentagotas, pues se concluye que si no hay quién los obligue a pagar, pues la estratagema ideal es “ganarse” entre el 30 y el 50 por ciento de la facturación vía dilación (tamaña utilidad). Eso ocurre solo en Colombia y en el sector salud.
Una nueva ley debe tener en cuenta todos estos problemas de desfinanciación que son gobernados por la letra pequeña, a favor de los privados.
Finalmente, es necesario de una vez por todas solucionar los peligrosos problemas que se tienen con el talento humano. Hoy en día, ser profesional de la salud o hacer parte del sistema asistencial es un karma. Un sector con importantes aportes a población, no tienen una retribución ni siquiera digna especialmente para la base de la pirámide como enfermeros, auxiliares, médicos generales y en general todo el personal asistencial de primera línea.
Seguimos viendo plantones, protestas y movilizaciones porque un hospital le debe tres, cuatro y hasta cinco meses de salarios. Así es imposible prestar un servicio decente, cuando las personas no tienen cómo pagar sus gastos básicos, que además ya trabajó, pero no le pagan.
Es necesario sacar a las Empresas Sociales del Estado de la lógica del mercado y garantizar el pago de su talento humano en salud, así se logrará una contratación digna, decente y sobre todo que obedezca a las necesidades de la población y no acorde al recaudo de los hospitales como ocurre hoy en día, en donde el flujo de recursos cada vez está más deteriorado a pesar de las normas que existen una contratación mínima para el sector público.
Es hora de sincerarnos y que las normas se cumplan para que puedan medirnos con la misma lupa que se mide a los prestadores privados; no obstante, para dar un solo dato que deja mucho que pensar: mientras los hospitales públicos han recibido 2.2 billones de pesos, los privados han percibido 31.5 billones de pesos en igual período de tiempo. Sería importante analizar si las normas en el sector salud se están cumpliendo.
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