La medicina, desde sus inicios, ha sido una ciencia en constante evolución, que siempre ha buscado la excelencia y la especialización. Lo que en la antigüedad comenzó como un conocimiento holístico del “arte de curar”.
Por: Aníbal Olier Combariza, MD- Ortopedista y traumatólogo Especialista en cirugía reconstructiva de cadera y rodilla
Se ha ido especializando y ramificando de manera natural a medida que el volumen de información científica y la complejidad de las técnicas quirúrgicas superaron la capacidad de procesamiento de un solo individuo. Hoy, nos encontramos en una nueva frontera: la transición necesaria del especialista general al subespecialista o supraespecialista.
No es posible que, en una era definida por los fellowships y la medicina de precisión, sigamos ejerciendo bajo modelos de mediados del siglo pasado, menos aún, cuando las demandas médicas se han convertido en el pan de cada día. La resistencia a esta evolución no solo frena el progreso de la medicina y de la sociedad misma, sino que ignora un ciclo histórico que Colombia ya superó con éxito hace más de medio siglo.
El debate actual no es sobre la capacidad individual del médico, sino sobre la seguridad estructural del sistema y el derecho del paciente a recibir una atención que busque minimizar riesgos.
Continuar ejerciendo bajo el paradigma del “especialista que hace de todo” no solo es anacrónico, sino que plantea dilemas éticos, técnicos y económicos que la comunidad médica debe enfrentar con urgencia.
El inicio de las especialidades médicas y el rol de las universidades
A principios del siglo XX, el “médico cirujano” era una figura omnipotente, atendía partos, trataba infecciones, reducía fracturas y realizaba cirugías básicas. Sin embargo, tras algunos procesos como el Informe Flexner (1910), que impulsó en EEUU el desarrollo de la educación médica, se entendió que la calidad de la atención dependía de la profundidad académica y no solo de la voluntad.
En Colombia, este proceso fue lento. Durante las décadas de los 40 y 50, muchos médicos comenzaron a “dedicarse” a áreas específicas (cirugía, pediatría, ortopedia) por simple afinidad o “facilidad” clínica en los grandes hospitales públicos inicialmente. No existían las residencias como las conocemos hoy; existía el aprendizaje por observación y la práctica empírica guiada.
A mediados del siglo XX, la necesidad de médicos especialistas en Colombia se volvió crítica. Facultades como la de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia comenzaron a crear programas de especialización en áreas como medicina interna, cirugía general, pediatría y ginecología. Inicialmente, estos programas eran informales, basados en el modelo de “aprendiz” en los grandes hospitales de caridad. Como bien documenta Abel Dueñas Padrón en su obra La Educación Médica en Colombia (1991), este fue el paso crucial de la enseñanza tutorial basada en la observación al modelo de formación académica reglada y supervisada.
La Ley 14 de 1962 y la homologación histórica
Con la Ley 14 de 1962 y su reglamentación mediante el Decreto 605 de 1963, a través de los cuales se dictaron normas relativas al ejercicio de la medicina y la cirugía, se estableció en Colombia un primer marco legal para la regulación del ejercicio de la medicina de manera formal. En ese momento, surgió un dilema: ¿Qué hacer con los médicos generales que llevaban décadas ejerciendo áreas específicas sin un título formal?
La solución fue un proceso de homologación y certificación de idoneidad liderado por la naciente ASCOFAME. Se evaluó la trayectoria, el volumen de casos y la ética de esos profesionales, y a muchos de ellos se les exigió un proceso de estudio formal, aunque menor al de una especialización, y se les permitió trabajar o, en ocasiones, el mismo Estado les dio unos ingresos, para otorgarles el título de especialistas. Una vez cerrado ese proceso de transición, la puerta de la “empiria” se clausuró definitivamente.
De ahí en adelante, para llamarse especialista, se requería un título universitario acreditado. Este precedente es exactamente el que necesitamos hoy para las segundas especialidades: un periodo de homologación para los expertos actuales y una exigencia académica estricta para los futuros.
Por otra parte, la Ley 23 de 1981 (Código de Ética Médica) y la Ley 100 de 1993 (Sistema General de Seguridad Social en Salud) establecen la obligación de los profesionales de la salud de actuar dentro de los límites de su competencia y capacidad profesional. Esto implica, por ejemplo, que un ortopedista general únicamente debería realizar procedimientos para los cuales tenga no solo la formación, sino también la experiencia y la habilidad necesarias para mejorar la seguridad y el bienestar del paciente, y minimizar los riesgos.
El modelo internacional: los “Boards” y la seguridad contractual
Mientras en Colombia aún discutimos si un título de Fellowship es “necesario” o “deseable”, en los sistemas de salud más robustos del mundo el debate se cerró hace décadas por una cuestión de gestión de riesgos.
El American Board of Medical Specialties (ABMS) y sus subcomités no solo certifican la especialidad base. En Estados Unidos, obtener “Privilegios Hospitalarios” (Credentialing) es un proceso riguroso. Un hospital de alta complejidad no permitirá que un ortopedista general realice un reemplazo total de tobillo o una corrección de escoliosis solo por tener el título base. Los seguros de responsabilidad médica (malpractice insurance) exigen que el profesional demuestre entrenamiento formal en esa subárea. Si un cirujano opera fuera de su área acreditada, el respaldo legal desaparece.
El Reino Unido y el Registro del GMC
En el Reino Unido, el General Medical Council (GMC) mantiene un registro donde la progresión hacia cargos de consultor exige un “Certificado de Finalización de Entrenamiento” (CCT) en subespecialidades específicas. El sistema está diseñado para que la complejidad del caso coincida matemáticamente con el nivel de entrenamiento del médico, reduciendo la variabilidad en los resultados quirúrgicos.
Economía de la salud: el costo de la “No-Especialización”
Existe una correlación directa y ampliamente documentada en la literatura médica entre el volumen de procedimientos realizados por un cirujano y los resultados clínicos. Un cirujano que realiza 150 artroplastias de cadera al año tiene, estadísticamente, una tasa de infección, luxación y reintervención dramáticamente menor que un cirujano que realiza cinco al año.
Sin embargo, en procesos de formación formal, no sólo se opera más, sino que se hace guiado por expertos, lo cual a su vez reduce el error y perfecciona el proceso de aprendizaje.
Cuando un especialista general asume un caso de supraespecialidad, el riesgo de complicación aumenta. Por ejemplo, una complicación en un reemplazo articular no solo es una tragedia para el paciente; es un desastre financiero para el sistema. El costo de tratar una infección periprotésica puede ser diez veces superior al costo del procedimiento inicial. Si derivamos los casos complejos a manos expertas desde el principio, estamos ahorrando recursos finitos que pueden invertirse en otras áreas de la salud pública.
El vacío normativo y la urgencia de una nueva “Ley de Especialidades”
Colombia ha avanzado en la regulación de las especialidades básicas, pero existe un vacío normativo en cuanto a las subespecialidades. Es imperativo que las sociedades científicas, en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, desarrollen herramientas legales.
Y aún, habiendo subespecialidades, supraespecialidades o segundas especialidades que se encuentran reguladas y con Rethus (Registro de talento humano en salud), los especialistas que logran acceder a estos títulos y registro, carecen de exclusividad para el manejo o atención de dichas patologías, es decir, no es garantía de que las patologías para las cuales se realiza un entrenamiento formal tengan que ser manejadas exclusivamente por estos expertos, sino que deben seguir compitiendo con quienes no tienen dicha formación.
Herramientas legales necesarias
Certificación de segundas especialidades: no basta con haber hecho un curso; se requiere un marco de acreditación de hospitales y programas de Fellowship. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud deben unificar criterios para que los Fellowships realizados en el país o en el exterior tengan un peso legal y contractual real.
Registro nacional de idoneidad: al igual que en 1963, se debe abrir un proceso de homologación para los actuales expertos, cerrando el ciclo con la exigencia académica para los nuevos graduados.
Protocolos de derivación obligatorios: las aseguradoras (EPS/ARL) deben ser obligadas por norma a contratar procedimientos de alta complejidad exclusivamente con cirujanos certificados en esa subárea.
Proteger el acto médico: el sistema debe reconocer la diferencia en la complejidad del acto médico entre un especialista general y un subespecialista, ajustando los protocolos de derivación y reconociendo al médico en formación un salario que le permita vivir dignamente durante su proceso.
Garantizar calidad: la ley debe exigir que ciertos procedimientos de alta complejidad sean realizados exclusivamente en centros de excelencia por personal certificado. Esto no es exclusión, es seguridad del paciente.
Conclusión: un compromiso ético con el futuro
La medicina colombiana tiene una tradición de excelencia. Para mantenerla, debemos evolucionar del modelo del “cirujano total” al modelo del “experto de excelencia”. Cuando cada especialista se dedica a lo que mejor sabe hacer, el trabajo se reparte de forma justa, la competencia se vuelve sana y basada en méritos, y el paciente recibe una atención certificada y ética.
El “yo siempre lo he hecho así” no puede ser la respuesta al avance científico. La transición hacia la subespecialización es dura porque implica reconocer nuestros límites y enfrentar nuevos desafíos económicos; sin embargo, en un sistema de formación ideal, estos médicos que se encuentran en formación, deberían recibir un salario que les permita vivir dignamente durante el proceso. A pesar de las dificultades que esto implica, es un acto de nobleza muy grande que un médico puede ofrecer a su paciente y contribuir al crecimiento como sociedad.
No podemos seguir operando con la mentalidad de mediados del siglo pasado. La medicina ha evolucionado y nosotros debemos hacerlo con ella. La subespecialización es el camino hacia la excelencia, la equidad laboral y, por encima de todo, la seguridad de nuestros pacientes. Es hora de que la legislación colombiana y la conciencia médica den el paso definitivo hacia la formalización de la educación médica y la atención de calidad.
Fuente: Órgano de información del Colegio Médico Colombiano. Epicrisis. Ed. Nº 40 (Junio-Agosto 2026). ISSN: 2539-505X (En línea). #SaludDignaYA
Deja un comentario