Por Jorge Diego Acosta Correa MD – Asesor en política gremial de la presidencia y coordinador del comité de ética del Colegio Médico Colombiano
Visitamos esta hermosa tierra, donde nos encontramos con colegas, gente cortés y directivos ligados al sector salud, amables, acogedores y descomplicados todos.
La junta directiva del Colegio Médico Colombiano (CMC) nos encomendó la misión de desplazarnos hasta allí para conocer, de primera mano, por boca de nuestros colegas y de las autoridades responsables, la situación del talento humano en salud del departamento del Cesar, las condiciones del Hospital Rosario Pumarejo y estudiar las posibles soluciones que se podrían implementar para avanzar en el fin de la crisis de la institución y las deficientes garantías para el ejercicio médico que se vive en la región.
La comisión del CMC estuvo conformada por el doctor Stevenson Marulanda, presidente de la organización, y además nativo de esos pagos; Laude Fernández, abogado–periodista, gestor de eventos culturales, relacionista público, también nativo de la región; y quien escribe esta columna Jorge Diego Acosta C., asesor en política gremial del Colegio.
Durante los tres días en que tuvieron lugar las reuniones grupales y personales con los colegas, así como con los líderes médicos, con el gobernador del Cesar y con algunos parlamentarios, obtuvimos testimonios acerca de las inaceptables deudas laborales que tanto entidades públicas como privadas mantienen con los profesionales y trabajadores de la salud, pasivos que en algunos casos superan el año.
Del mismo modo constatamos que existen los denominados contratos chatarra por prestación de servicios o por falsos contratos sindicales, sin que ninguna de estas modalidades de contratación cumpla con las mínimas normas de las leyes laborales ni del trabajo decente, como son las estabilidad laboral, el incremento legal anual, el goce de vacaciones y las demás prestaciones laborales legales, propias de los empleos misionales que desempeñan.
Uno de los aspectos más preocupantes que conocimos en la visita fue la denuncia repetida de un trato amenazante por parte de los empleadores para quienes se atrevan a reclamar sus derechos laborales. Quien levante la voz pierde su empleo y le cierran toda posibilidad de que lo obtenga en cualquier otra institución de la ciudad.
En cuanto al hospital Rosario Pumarejo, la institución pública prestadora de salud más importante de la región, tiene una situación que no puede ser más delicada.
Las deudas acumuladas lo tienen prácticamente cerrado, la mayoría de profesionales y trabajadores de la salud están sin contrato laboral, tiene cuentas embargadas por los proveedores y las EPS también lo dejaron a su suerte retirándole los contratos. En consecuencia, le han quitado la población que atendía para entregarla a clínicas privadas con el argumento -no cierto- de falta de calidad.
El pago que debería recibir este hospital público por la atención de la población migrante no llega y la esperanza que prendió el acuerdo de punto final se ha perdido, por lo cual la institución se encuentra a la espera de alguna forma de rescate.
Algunos políticos locales ya comenzaron a ejercer presión para reducir el hospital a su mínima expresión mediante el cierre de servicios y despidos de personal, con el argumento de que así lo pueden recuperar.
Los criterios oficiales para el debilitamiento de la la red pública, aquí como en otras partes, se basan en sus condiciones financieras originadas en la venta de servicios, que le exigen a la red publica; dichos criterios no se basan en la rentabilidad social que genera, para lo cual requiere contar con el presupuesto necesario para atender y garantizar la atención de las necesidades de la población asignada.
Se pretende sostener unas redes públicas que en la práctica no son redes, sino, por el contrario, una suma de empresas disgregadas, que compiten entre sí por obtener los contratos con las EPS, las cuales en su ambición de lucro solo buscan al postor más barato. Aclarando que las entidades públicas, al contrario de las privadas, tienen la obligación de atender los servicios “no rentables” cuando otros no los presten.
Vimos en Valledupar como florecen las IPS privadas, a la vez que se marchitan las públicas.
Estas entidades privadas también pagan con mezquindad e injusticia al talento humano, estableciendo contratos no decentes, ilegales, atrasando pagos, pagando mal y negando derechos laborales para equilibrar sus balances contables, ampliar sus servicios y construir estructuras y dotaciones modernas, lujosas y ostentosas.
De otro lado, tuvimos una extensa y amable reunión con el Gobernador, quien manifestó su interés de comprometerse con la salvación del hospital, sin recortar sus servicios ni su personal. Expresó su decisión de contribuir a la búsqueda de recursos propios del departamento y de la nación, entre ellos, los de las regalías, para rescatar a la institución y a la vez propender por su desarrollo y cualificación para que no sea una empresa de cuarta categoría, sino una institución que se destaque en prestación de servicios de calidad en todos los niveles y en la implementación de una sólida política de salud pública.
Asimismo, en el encuentro con la primera autoridad del departamento surgió la idea de hacer de la sede de la Universidad Nacional, que actualmente se construye en el municipio de La Paz, un gran centro de formación de profesionales y médicos con énfasis en Atención Primaria en Salud, atención comunitaria y familiar extra hospitalarias.
El Colegio expresó la decisión de acompañar al Gobernador y de contribuir en la medida de nuestras posibilidades al trabajo por la consecución de este propósito.
Nos queda el sinsabor de que no fue posible hablar con el secretario de salud del departamento ni con la gerente del Hospital. Pero por otro lado, en las reuniones con los colegas, se tuvo la participación activa de dos diputados médicos de la asamblea departamental y de una colega que hace parte de la junta directiva del hospital, quienes tuvieron iniciativas muy valiosas y manifestaron el apoyo decidido a las acciones gremiales que se emprendan en la búsqueda de los dos objetivos básicos acordados: a) la salvación del hospital, sin recorte de servicios ni de personal y b) la recuperación de los empleos dignos mediante contratos laborales individuales y colectivos legítimos, y el logro de un plan verificable de pagos de la deuda laboral acumulada.
Por último, con el fin de comenzar a trabajar en esos objetivos, se constituirá en un breve plazo la Junta Médica del Cesar, la cual reunirá a los líderes médicos de la región y contará con el apoyo de las organizaciones nacionales.
Deja un comentario