La Representante a la Cámara por el Partido de la Unidad, Norma Hurtado, insiste en hacer una reforma al sistema de seguridad social y pide más compromiso y responsabilidad a todos los actores del Sistema de Seguridad Social en Salud para garantizar la calidad, oportunidad, eficiencia e integridad del talento humano en salud.
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¿Cuál es la reforma que falta hacer para que la salud sea de verdad un derecho?
Es importante insistir en que sin voluntad y compromiso por parte de todos los actores, cualquier reforma será ineficiente. Considero que lo que hoy funciona bien en el sistema de salud hay que fortalecerlo y subsanar las debilidades, las falencias y las inconsistencias. Lo que no ha funcionado bien, hay que replantearlo. La pandemia del coronavirus deja muchas enseñanzas.
En el mundo entero los sistemas de salud, los hospitales públicos, los recursos, el papel de los trabajadores de la salud son motivo de reflexión y análisis. Colombia no escapa a esta problemática, se abre la discusión sobre el modelo, el papel de las EPS y las condiciones laborales de los trabajadores de la salud.
¿Cuál es su propuesta para dignificar al talento humano en salud?
Después de revisar en detalle la Ley 100 de 1993, que dio origen al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la Ley 1164 de 2007 del Talento Humano en Salud y la Ley 1438 de 2011, que reformó el sistema consideramos que es necesario ajustar y actualizar ciertas normas.
Eso implica renovar los principios generales que deben regir para el talento humano en salud, fortalecer el observatorio del talento humano para hacer seguimiento a las necesidades del personal asistencial y fortalecer las disposiciones de vinculación, remuneración y riesgos laborales.
Es por ello que la propuesta crea el Sistema de Remuneración del Talento Humano en Salud con el objeto de establecer los costos mínimos obligatorios para la remuneración del personal en salud, a fin de poder otorgarles un salario justo, de acuerdo con el nivel de formación, los años de experiencia, los grados de responsabilidad, la jornada de trabajo y el mérito.
En adición diseñamos el Sistema Electrónico de Vinculación de Talento Humano en Salud para que la institución que los contrate registre los documentos, la actividad contractual, los montos de remuneración y los beneficios prestacionales.
Ese mismo sistema electrónico le serviría a la Superintendencia Nacional de Salud para vigilar y controlar que los salarios del personal vinculado al sistema de salud sean los mínimos especificados en el sistema de remuneración creado por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Los riesgos laborales también están contemplados en nuestra propuesta legislativa, pues toda institución que integre el SGSSS y que contrate talento humano en salud, deberá contar con una política de salud ocupacional, que identifique riesgos laborales y epidemiológicos, orientada a favorecer la adecuada y oportuna promoción de condiciones de trabajo saludables.
Es decir, obligamos a las instituciones del sector salud a que garanticen la correcta y oportuna aplicación de las obligaciones legales en el ámbito de la salud ocupacional y de riesgos laborales y epidemiológicos.
¿Qué hacer para que el proyecto de ley que sea aprobado en el Congreso no se quede en el papel?
Hay que reconocer los enormes esfuerzos que se han hecho para poder contar con la Ley Estatutaria de Salud y la Ley de Residencias Médicas, leyes que han aportado elementos sustanciales al SGSSS universal propugnando por un sistema de salud que brinde servicios de salud con calidad, oportunidad, sin obstáculos en el acceso y mejores condiciones de formación y práctica de nuestros médicos residentes.
Por otro lado, sí debo manifestar que la responsabilidad de que muchas disposiciones permanezcan en el papel corresponde en gran medida a la falta de compromiso de los actores que integran el SGSSS, incluyendo al gremio médico, el cual ha perdido protagonismo, legitimidad y representación en la exigencia de sus derechos.
Parece increíble que después de tantos años sigan existiendo falencias en la coordinación, financiación, inspección, vigilancia y control del sistema.
Los recursos no fluyen en debida forma, el gobierno central no paga oportunamente a las EPS y estas no hacen los reembolsos a tiempo a los prestadores de servicios de salud por los servicios a los usuarios.
No existen cuentas claras de las carteras, ni de las cifras desembolsadas, de las cuentas por pagar, de las cuentas por cobrar.
Todos estos factores alteran la calidad y oportunidad de la prestación de los servicios a los colombianos.
¿Cómo ve el desempeño que han tenido las EPS en la atención de la pandemia?
Hicimos un control político en la Comisión Séptima con las EPS del Régimen Contributivo y Subsidiado, quienes explicaron el plan de manejo de la pandemia.
Aclararon la distribución de los recursos que poseen para atender la emergencia, así como los presupuestos máximos, el acuerdo de punto final y la compra de cartera.
Constatamos que muchas de ellas, según sus cuentas, poseen recursos desembolsados por los conceptos mencionados previamente, pero manifestaron que no son suficientes para dar respiro al ahogo deficitario en el que muchas se encuentran inmersas.
En la sesión quedó sobre la mesa que muchos recursos del acuerdo de punto final, cartera adeudada, servicios PBS y de flujo corriente, así como de emergencia, no llegan a los hospitales y clínicas, por lo que estas IPS están en aprietos económicos y aún así deben ponerle el pecho a la pandemia del COVID-19.
¿Qué ha destapado esta pandemia en la prestación de servicios médicos?
Lo que salta a la vista y es causa de gran preocupación nacional es que la red hospitalaria del país no está preparada para una emergencia.
Hay limitaciones en camas hospitalarias y de UCI, respiradores, monitores, elementos de protección para el personal de salud.
“Esta situación de crisis sanitaria, de emergencia social, se complica más con las deficiencias financieras de los hospitales, la falta de recursos para cancelar salarios, para comprar equipos y suministros”.
De hecho, es evidente que en los territorios donde no existe oferta hospitalaria adecuada, sin la mínima tecnología médica, sin condiciones higiénico sanitarias adecuadas, sufren una gran calamidad.
¿Qué responsabilidad tienen los hospitales tanto públicos como privados en la actual situación?
La responsabilidad es enorme, son las entidades encargadas de atender y salvar las vidas de los pacientes contagiados con el virus.
Por esta razón, merecen la total colaboración y compromiso del gobierno y de la sociedad en general. Se debe implementar un plan de contingencia hospitalario que agilice los giros de los recursos, tanto los que se adeudan por prestación de servicios, como recursos frescos adicionales, que permitan a la red hospitalaria atender las necesidades presupuestales y, así, poder cancelar las deudas con el personal de salud, adquirir los equipos y los elementos médico quirúrgicos necesarios para atender con calidad esta catástrofe.
Hace unos días los integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes le transmitimos al Gobierno las inquietudes de los gerentes de las IPS para solicitar: agilizar el giro directo excepcionalmente durante el tiempo de la pandemia, según la capacidad instalada y la habilitación de cada institución pública, dar prontitud a la compra de cartera anunciada, haciendo obligatorio su cumplimiento por parte de las aseguradoras del SGSSS, según lo dispuestos en del Decreto-Ley 538 de 2020, Ley 1608 de 2013 y la Resolución 619 de 2020.
Este mecanismo de compra de cartera debe hacerse obligatorio de forma transitoria, durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria y la emergencia social, económica y ecológica, pues existen casos de negativa por parte de algunas EPS para recurrir a esta estrategia de inyección de recursos que le sirve inmensamente a las IPS públicas.
También consideramos que la Superintendencia debe hacer cumplir los lineamientos expedidos en esta materia por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, obteniendo de la Circular 8 de la SNS el cruce de cuentas por pagar que poseen las EPS con los prestadores a los que no les han pagado.
“Es necesaria la inclusión de manera clara y concreta de los hospitales públicos en las líneas de crédito que dispuso el Gobierno para que las empresas puedan pagar las nóminas durante la emergencia sanitaria”.
Hay que diseñar e implementar un plan de medidas especiales para los hospitales públicos del pacífico colombiano, orientado a ordenar sus cuentas para que puedan ponerse al día en el pago de salarios a sus trabajadores.
¿Cómo explicar que la sociedad discrimine a los que están llamados a salvarles la vida?
La verdad, no hay ninguna justificación que pueda explicar un acto de discriminación contra ninguna persona, y mucho más frente al personal de la salud que tiene el papel y la responsabilidad más importante en esta crisis.
Creo que esto solo refleja la presencia de grupos sociales enfermos, violentos, individualistas, enajenados, carentes de una mínima educación de civismo, solidaridad y valores.
¿Quién protege a los médicos y a los demás profesionales de la salud?
Técnicamente están protegidos por las leyes 1438 de 2011, la Ley 1164 de 2007, y todas las instituciones que aquellas reúnen: ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia Nacional de Salud, ministerio de Trabajo, ministerio de Educación, entre otros.
“Los órganos de control establecidos en la constitución política de 1991 tienen un papel fundamental en la defensa de los derechos de todos los trabajadores de la salud”.
El Gobierno, empezando por el Presidente, debe garantizarles la vida, la honra, el salario digno, la salud mental y un estilo de vida acorde con sus funciones y responsabilidades. Pero lo cierto es que ante las manifestaciones de violencia, atropello, señalamiento y descalificación a la que son sometidos, no se ha producido una respuesta institucional que los reivindique y mitigue esas acciones deplorables.
¿Cómo frenar los abusos y maltratos que tienen que soportar los profesionales médicos, empezando por la forma de contratación laboral?
Precisamente venimos adelantando una comisión accidental, creada desde la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, con el fin de trabajar sobre una propuesta realizada por el ministro de Trabajo que consiste en vincular en una planta de supernumerarios a los trabajadores de la salud que vienen contratados con órdenes de prestación de servicios en los hospitales públicos.
Esta medida requeriría una inversión de entre dos a tres billones de pesos para beneficiar a 930 ESE y potenciales 39.728 contratistas del talento humano en salud, según cifras del proyecto de decreto-ley.
Por su costo fiscal, el ministerio de Hacienda y Crédito Público no le ha dado aval a esta iniciativa. Sin embargo, hemos propuestos alternativas, como:
a) la emisión de un documento donde se le sugiera e indique al minHacienda las potenciales fuentes de financiación del proyecto de decreto desde los gremios médicos y los Representantes a la Cámara participantes. Se ha pensado en usar los recursos del 13 por ciento del Sistema General de Participaciones – Salud que cubren salud pública y subsidio a la oferta para intentar sufragar este gasto.
b) implementar la medida como facultativa, pero dirigida a los entes territoriales que quisiesen asumir la vinculación de supernumerarios en sus respectivas ESE.
c) Presentar y acompañar un proyecto de ley que se viene elaborando desde el ministerio de Trabajo y el Departamento de Función Pública, que pretende crear un régimen especial de trabajo para el talento humano en salud, pero sin vulnerar la estabilidad financiera de las ESE.
¿Cómo devolverle la esperanza a los médicos que se sienten estafados y frustrados? ¿Cómo pedirles que se sigan adelante por mera vocación?
Estamos comprometidos en la solución de esta problemática, trabajando por ellos y por su bienestar, en unión con agremiaciones, sociedades, federaciones y sindicatos que no han dejado ni un día de representarlos y velar por sus derechos.
Esta crisis deja muchas enseñanzas. Ahora tenemos clara la necesidad de transformarnos en una sociedad más justa, más equitativa y más solidaria.
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