Colombia podría ahorrar cerca de 9,4 billones de pesos al año si redujera la baja alfabetización en salud. Pero la cifra no es solo una proyección económica: revela cuánto depende la prevención de que las personas puedan comprender la información, navegar el sistema y convertir el conocimiento en decisiones cotidianas.
Una campaña de prevención puede estar bien diseñada y llegar a miles de personas; aun así, fracasa si sus mensajes son confusos, si no explican qué hacer después o si la atención recomendada no está disponible. En salud, informar no basta: las personas deben poder entender, evaluar y usar esa información. Esa capacidad —la alfabetización en salud— está en el centro de un desafío que suele pasar inadvertido: la distancia entre recibir un mensaje y estar en condiciones de actuar.
La tercera fase del Índice de Inclusión en Salud, desarrollada por Economist Impact con apoyo de Haleon y publicada en mayo de 2025, examinó oportunidades para reducir brechas en 40 países. Sus resultados se difundieron en Colombia durante 2026. A diferencia de las fases anteriores, esta no produjo un nuevo ranking general de países; modeló los posibles beneficios económicos y sanitarios de intervenir en siete áreas, entre ellas alfabetización en salud, salud oral, anemia y afecciones musculoesqueléticas.
La investigación calcula que, en promedio, la atención anual por persona con baja alfabetización en salud cuesta casi tres veces más que la de una persona con niveles altos. Reducir en una cuarta parte la proporción de personas con baja alfabetización podría generar ahorros anuales estimados en 303.000 millones de dólares en el conjunto de los 40 países. Se trata de un escenario modelado, no de dinero ya ahorrado ni de una cifra atribuible exclusivamente a Colombia.
A nivel global, la investigación aborda siete áreas y presta especial atención a personas con baja alfabetización en salud, poblaciones de menores ingresos, mujeres y personas mayores. Los hallazgos evidencian oportunidades en alfabetización, prevención, acceso a servicios y autocuidado que podrían contribuir tanto al bienestar como a reducir costos y proteger la productividad, planteando la necesidad de llevar la conversación sobre inclusión en salud más allá de identificar las brechas existentes y su impacto económico para así utilizar estos hallazgos para orientar acciones que contribuyan a cerrarlas.
El costo anual de atención por persona se calcula en 4,6 millones de pesos para quienes tienen baja alfabetización, frente a 1,7 millones para quienes cuentan con niveles altos. Estas cantidades no demuestran que la alfabetización sea la única causa de la diferencia, pero sí señalan una relación que merece atención: comprender el propio estado de salud puede influir en el uso de servicios, el seguimiento de tratamientos y la prevención de complicaciones.
La lectura más útil de estas cifras no es que las personas deban cargar solas con la responsabilidad de cuidar su salud. La alfabetización no es únicamente una destreza individual; también depende de cómo se comunica el sistema. Una indicación clínica llena de tecnicismos, un formulario difícil de entender, una ruta de atención confusa o información contradictoria pueden impedir que alguien tome decisiones informadas, incluso cuando tiene interés y disposición para hacerlo, afirma Antonio Hernández, presidente de Haleon para la Región Andina.
Por eso, prevenir también exige que las instituciones expliquen mejor. La información debe ser clara, confiable, culturalmente pertinente y accesible para personas con distintos niveles de lectura, discapacidad, barreras lingüísticas o poca experiencia digital. Las herramientas tecnológicas pueden ampliar el alcance, pero no sustituyen la atención presencial ni resuelven por sí solas las brechas de conectividad y acceso.
De la evidencia a la acción
En Colombia, la brecha se cruza con la desigualdad económica. Los datos reportados señalan niveles de alfabetización en salud significativamente menores entre pacientes afiliados al régimen subsidiado que entre quienes pertenecen al contributivo. Esa diferencia recuerda que entender una recomendación y poder seguirla son problemas relacionados, pero distintos. Una persona puede comprender que necesita una consulta, un tratamiento o un alimento determinado y, aun así, enfrentar obstáculos de costo, transporte, disponibilidad o tiempo.
El énfasis en prevención cobra fuerza cuando se observan otras áreas del índice. En salud oral, el análisis estima que mejorar las condiciones de toda la población podría evitar 8,6 billones de pesos en costos asociados a caries a lo largo de la vida. Si los esfuerzos se orientaran según las necesidades de los grupos de menores ingresos, el potencial llegaría a 15,7 billones. La diferencia respalda el principio de que las acciones universales pueden ser necesarias, pero dirigir recursos hacia quienes encuentran más barreras puede producir mayores beneficios y reducir desigualdades.
La prevención periodontal también conecta la salud oral con otras condiciones. El manejo eficaz de la enfermedad periodontal podría representar 5,1 billones de pesos en ahorros asociados a diabetes tipo 2 durante diez años, según las estimaciones del estudio. El dato ilustra que prevenir no consiste en atender cada problema por separado: algunas intervenciones pueden reducir complicaciones y costos en más de un ámbito.
La anemia muestra otra dimensión. En Colombia, el 21,2 % de las mujeres en edad reproductiva la padece, la proporción más alta entre los países latinoamericanos considerados en el análisis. Alcanzar la meta de reducirla en un 50 % podría generar ahorros estimados en 1,4 billones de pesos al año, además de favorecer la salud y la actividad cotidiana de las mujeres. La respuesta requiere más que transmitir consejos; supone facilitar la detección, el acceso a controles, tratamientos oportunos y la continuidad de la atención.
En salud musculoesquelética, el costo de llegar tarde también es visible. El dolor lumbar afecta a unos 4,3 millones de colombianos y el dolor cervical, a cerca de 1,3 millones; estas afecciones repercuten en la movilidad, la autonomía y el trabajo. Ampliar el acceso a educación, ejercicio y rehabilitación podría generar ahorros anuales estimados en 947.000 millones de pesos para las mujeres y 648.000 millones para las personas mayores. Para la osteoporosis, evitar fracturas de cadera y columna en mayores podría ahorrar alrededor de 903.000 millones de pesos anuales.
Sin embargo, las brechas diagnósticas limitan la prevención. Un análisis retrospectivo de fracturas por fragilidad encontró que solo el 5 % de los pacientes recibió diagnóstico de osteoporosis, y que transcurrieron, en promedio, 3,2 años entre la fractura y el diagnóstico. La prevención efectiva requiere reconocer el riesgo antes de que ocurra una lesión grave, contar con rutas de atención y disponer de equipos y servicios suficientes.
Una prevención
El desafío de política pública es cambiar la pregunta. No basta con preguntar si existe información preventiva; también hay que saber si las personas pueden comprenderla, confiar en ella y actuar a partir de ella. Y, después, si el sistema les ofrece una vía real para hacerlo, agrega el presidente de Haleon para la Región Andina.
Eso implica mensajes claros, consultas que permitan verificar la comprensión, servicios preventivos accesibles y datos que ayuden a identificar quiénes quedan rezagados. También exige evaluar las acciones por sus resultados teniendo en cuenta diagnósticos oportunos, seguimiento a tratamientos, menos riesgo de complicaciones y la reducción de brechas, no solo por el número de campañas o materiales distribuidos.
Las estimaciones del estudio no garantizan ahorros ni reemplazan decisiones públicas, solo muestran lo que podría estar en juego si se reducen las barreras de acceso. Su aporte más importante quizá sea recordar que la prevención comienza antes de la consulta, pero no puede terminar en un folleto. Empieza cuando la información se entiende y se vuelve una posibilidad concreta de cuidado.













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