Por: José A. Posada Villa, médico psiquiatra- Observatorio de Salud Mental Positiva, ICSN Clínica Montserrat y Hospital Universitario
Nota: Epicrisis es el órgano oficial de comunicación del Colegio Médico Colombiano. La opinión y conceptos personales expresados en los artículos firmados por un tercero no reflejan la posición de Epicrisis o del Colegio Médico Colombiano-CMC-.
En 2026, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dedicó el Día Mundial de la Salud Mental a una idea tan sencilla como transformadora: escuchar las experiencias vividas. Bajo el lema «Lived Experiences Heard: Real Voices, Real Change», la OMS plantea que quienes han enfrentado problemas de salud mental —usuarios, familias, cuidadores, sobrevivientes de violencias, personas institucionalizadas y comunidades enteras— deben ocupar un lugar central en la transformación de los sistemas de salud mental. No como testigos pasivos, sino como expertos en sus propios procesos. Esta afirmación, que parece evidente, es en realidad profundamente política: implica redistribuir poder en sistemas históricamente jerárquicos (Doughty, 2022).
En Colombia, donde la salud mental ha sido tratada durante décadas como un asunto técnico, clínico o administrativo, este enfoque representa un giro cultural y normativo. La Ley 1616 de 2013, modificada por las leyes 2460 de 2025 y 2564 de 2026, reconoce la salud mental como un derecho fundamental y exige enfoques diferenciales, comunitarios y participativos. Sin embargo, la implementación ha sido desigual. La experiencia vivida rara vez se incorpora de manera vinculante en la formulación de políticas, la evaluación de servicios o la toma de decisiones clínicas. Esto genera sistemas que, como señalan Kola y colaboradores (2021), reproducen inequidades, diseñan intervenciones desconectadas del territorio y perpetúan modelos de atención que no responden a las necesidades reales de las personas.
La OMS insiste en que escuchar no es un acto simbólico, sino una práctica estructural. Implica crear mecanismos de participación con capacidad de incidencia, transformar la gobernanza de los servicios, revisar los modelos de atención y redistribuir el poder entre profesionales, instituciones y comunidades. En otras palabras, no basta con invitar a las personas a contar su historia: es necesario que esas voces transformen las decisiones. Este principio, ampliamente defendido por los movimientos de derechos humanos y la psiquiatría comunitaria, se resume en una consigna que ha ganado fuerza global: «Nada sobre nosotros sin nosotros» (Doughty, 2022).
El llamado de 2026 llega en un momento crítico para Colombia. La Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM) ha mostrado un aumento sostenido de los síntomas de ansiedad y depresión, especialmente entre jóvenes, mujeres y poblaciones rurales. El acceso efectivo a los servicios sigue siendo limitado y profundamente desigual.
Persisten brechas en la disponibilidad de servicios psicosociales, en la articulación intersectorial y en la capacidad de respuesta territorial. A esto se suma la permanencia de prácticas institucionales que, aunque han disminuido, aún reproducen lógicas de exclusión, medicalización excesiva y escasa participación de los usuarios en las decisiones clínicas y administrativas (Ministerio de Salud, 2022).
Frente a este panorama, el lema de la OMS obliga a preguntarnos: ¿qué pasaría si las políticas de salud mental en Colombia se diseñaran escuchando de manera sistemática a quienes han vivido el sufrimiento psíquico? ¿Qué cambiaría si las experiencias de las comunidades fueran el punto de partida y no un insumo secundario? La evidencia internacional sugiere que los resultados serían significativos. Estudios de la OMS muestran que los modelos basados en la experiencia vivida mejoran la adherencia, reducen la estigmatización, fortalecen la recuperación y aumentan la pertinencia cultural de las intervenciones (WHO, 2023).
Pero el desafío es mayor: escuchar implica ceder poder. Significa que los profesionales deben reconocer que no son los únicos expertos; que los gestores deben abrir espacios reales de participación; y que las instituciones deben revisar prácticas que históricamente han silenciado a los usuarios. En Colombia, donde la cultura institucional tiende a ser jerárquica, este cambio exige voluntad política, capacidades institucionales, recursos sostenidos y una profunda transformación ética.
La experiencia vivida también es un antídoto contra la estigmatización. Las narrativas públicas sobre salud mental siguen dominadas por enfoques que reducen la complejidad del sufrimiento. Cuando las personas cuentan sus historias, se amplía la comprensión social del fenómeno y se humaniza la conversación. Como señala Rose (2019), la participación de personas con experiencia vivida es una herramienta poderosa para desmontar prejuicios y promover una visión más compleja, digna y realista del sufrimiento psíquico.
En Colombia, donde el estigma continúa siendo una barrera para buscar ayuda, esta dimensión es crucial. Escuchar las voces reales significa reconocer que la salud mental no es solo un asunto clínico, sino también social, político y comunitario. Significa entender que el sufrimiento está atravesado por desigualdades, violencias, pobreza, discriminación y falta de oportunidades, y que, por tanto, las soluciones deben ser integrales y corresponsables.
El lema de la OMS también dialoga con la transición hacia modelos comunitarios, una orientación que Colombia ha intentado fortalecer desde la Ley 1616 y los lineamientos de atención psicosocial. La evidencia es contundente: los sistemas basados en la comunidad, con participación activa de usuarios y familias, son más efectivos, humanos y sostenibles que los modelos centrados en instituciones cerradas (Thornicroft, 2020). Aunque el país ha avanzado, persisten brechas enormes: la participación sigue siendo limitada, los servicios comunitarios son insuficientes y la articulación entre EPS, IPS y territorios es débil.
Por eso, el llamado de 2026 es una oportunidad para acelerar esta transición: para que los municipios y departamentos fortalezcan sus redes comunitarias; para que las EPS y las IPS integren la experiencia vivida en sus procesos de calidad; para que las universidades formen profesionales capaces de trabajar con comunidades y no solo en consultorios; y para que los medios de comunicación amplifiquen voces diversas y responsables.
Escuchar también implica proteger. Las personas con experiencia vivida han sido históricamente vulneradas, silenciadas o instrumentalizadas. La participación debe ser ética, segura y respetuosa. No se trata de exponer el sufrimiento, sino de reconocerlo como fuente de conocimiento. La OMS insiste en que la participación debe ser remunerada, acompañada y protegida, y en que se deben evitar prácticas extractivas o simbólicas (WHO, 2023).
En Colombia, este enfoque podría fortalecer iniciativas como los observatorios de salud mental, los comités de participación social, los programas de pares expertos y las redes comunitarias. Podría impulsar la creación de consejos consultivos de usuarios, mecanismos de evaluación participativa y modelos de gobernanza compartida. Y podría, sobre todo, contribuir a construir un sistema más humano, justo y cercano a las realidades de las personas.
El lema del Día Mundial de la Salud Mental 2026 no es un eslogan: es una hoja de ruta. Colombia tiene la oportunidad de asumirla con seriedad. Escuchar las voces reales no solo es un acto de justicia, sino también una estrategia inteligente para transformar el sistema. Cuando las experiencias vividas se convierten en decisiones, los cambios dejan de ser retóricos y se vuelven reales.◾
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