Por Andrés Felipe Salcedo Pinzón Fiscal Nacional – Asociación Colombiana Médica Estudiantil
Definitivamente, antes de marzo de 2020 nadie estaba preparado para una pandemia; una situación así probablemente nunca se cruzó por nuestra mente; no sabíamos qué hacer para manejarla ni controlarla.
A quienes se les encomendó la inmensa responsabilidad de detectar, atender y hacer seguimiento a las personas que hemos padecido este virus (muy seguramente ya se tiene idea de a quienes me refiero) no han sido capaces de hacer su tarea eficientemente. Y, aunque nadie estaba preparado, hay que procurar hacer las cosas de la mejor manera posible.
Con el Decreto 1376 de 2020, la Presidencia expidió una serie de lineamientos con el objetivo de optimizar el manejo de la coyuntura de salud pública mediante el programa PRASS: Pruebas, Rastreo, Aislamiento Selectivo y Sostenible.
En ese documento se realiza una distribución de tareas para la mitigación del virus entre los diferentes actores del sistema de salud. A las EPS (ahora llamadas Entidades Administradoras de Planes de Beneficios – EAPBS) se les asignó, nada mas ni nada menos, acciones como: rastrear y reportar los posibles contactos estrechos que hayan tenido sus afiliados; proveer el seguimiento médico a los casos francamente positivos; disponer de laboratorios y lugares para toma de pruebas diagnósticas, así como el posterior procesamiento.
En un país con alrededor de 50 millones de habitantes, donde mas del 95% de la población cuenta con un carné que lo afilia a una de estas empresas, es de esperar que estas organizaciones cumplan con lo cometido.
Además, con las particularidades de transmisión del SARS–CoV2, resulta crucial el aislamiento y conocimiento de los contactos estrechos de los casos positivos, y ahí nos damos cuenta de que, sin excepción alguna, con la forma de operar del sistema de salud, nuevamente Colombia queda en manos de lo que hagan las EPS.
Es muy importante preguntar: ¿cómo les ha ido a las EPS con el manejo de la pandemia? Lastimosamente, no se puede esperar una respuesta que difiera mucho de los gigantescos problemas que la intermediación financiera ha causado a la salud, porque los datos que evalúan la gestión que han realizado durante la crisis no son muy alentadores (datos tomados de Sistema Integrado de Protección Social – SISPRO).
A corte de mes de marzo de 2021 por cada caso confirmado de coronavirus tan solo se obtiene 1,7 posibles casos estrechos; de los confirmados de Covid, solo al 42% se logra hacer un rastreo de contactos estrechos; del 1,7 personas que son posibles casos estrechos por cada caso confirmado, menos del 50% de ellos logra ser contactado.
Para explicar las cifras de una manera diferente, en un grupo de cinco amigos que sean positivos del virus, a solo dos de ellos se logra hacer un rastreo de sus contactos estrechos. Lo ideal es que cada uno de ellos dé la información de al menos otros cinco contactos estrechos, es decir que serían diez personas.
En la realidad, por cada uno de ellos se obtiene la información de dos personas en promedio, o sea, cuatro personas en total. De las dos personas, tan solo una finalmente logra ser contactada para darle un manejo de caso estrecho.
Por otra parte, teniendo en cuenta las estadísticas del Instituto Nacional de Salud (INS), el número de pruebas que se realiza en los tiempos “valle” de la pandemia es mucho menor a los picos; parece algo lógico, sin embargo, la cantidad de pruebas debería ser la misma para detectar más casos positivos, aislarlos a tiempo, reducir el contagio y evitar la llegada de un pico con peores consecuencias.
Como decía al inicio de esta columna, nadie estaba preparado manejar una situación como la que estamos viviendo; no obstante, debido a las funciones que tienen a su cargo las EPS resulta inaceptable el desempeño bastante regular de las acciones que tienen a su cargo.
Si bien es cierto que existen factores externos como disponibilidad de reactivos para realizar pruebas, el número de rastreadores contratados, entre otras, no puede seguir siendo la excusa después de un año de estar sumergidos en una pandemia que ha paralizado al mundo entero. Instancias como la Procuraduría General de la Nación, Concejos Departamentales y hasta el Congreso de la República han exhortado a las EPS para que ajusten la metodología que permita cumplir con la estrategia PRASS, pues de no darse el resultado esperado todo el país sucumbe con consecuencias devastadoras a causa del virus.
¿Y dónde esta la entidad encargada de vigilar a las EPS? No es mucho lo que se escucha de la Superintendencia Nacional de Salud porque su trabajo ha sido bastante discreto en lo que respecta a ejercer presión y control a quienes están manejando la pandemia.
Sin vacunación masiva y sin una renta básica que permita a las familias más vulnerables cumplir con un aislamiento SOSTENIBLE, dependemos seriamente de que, al menos, se detecten los casos positivos y sus contactos estrechos.
Entramos a un tercer pico y al parecer no se ha corregido el rumbo que hemos llevado.
El coronavirus nos ha dejado un sinnúmero de aprendizajes; es hora de revaluar aspectos a los cuales estábamos acostumbrados y que esta coyuntura se convierta en un nuevo punto de partida para corregir el manejo de la salud en Colombia y la muy cuestionable intermediación financiera que rige actualmente, en vez de fortalecerla como se pretende en uno de los últimos proyectos de ley oficialistas. Ojalá que la vida de los millones colombianos y que las condiciones de los miles de trabajadores de la salud siempre estén por encima de los capitales privados o del deseo de utilidades.
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