La abogada Carolina McCormick y el médico ortopedista Roberto Díaz del movimiento SOS Colombia proponen acabar con la intermediación financiera, pues consideran que el lucro que genera la enfermedad ha impedido cumplir con los principios de la Ley Estatutaria de la Salud, y tener un sistema que realmente cuide la salud y el bienestar de la población.
La discusión acerca de la necesidad de reformar el sistema de salud o de cambiar el modelo ha sido parte del debate electoral. Esta vez un grupo de profesionales de la salud se cansó de esperar a que nazca la voluntad política, así como de seguir clamando a los mandatarios que hagan algo para resolver la crisis que viene atravesando el sector desde hace años y decidieron ponerse manos a la obra para ser parte del cambio.
En la sesión de Cita con el Experto del Colegio Médico Colombiano, los líderes del movimiento SOS Colombia explicaron las razones por las cuales tomaron la iniciativa de salir a las calles a buscar votos para poder llegar al Congreso de la República y empezar a dar soluciones.
Carolina McCormick Sandoval es abogada de la Universidad San Buenaventura de Cali, asesora jurídica Federación Colombiana de Sindicatos Médicos y docente en derecho laboral; el doctor Roberto Díaz es médico ortopedista, presidente del sindicato de ortopedistas SINTRAUMA y miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SCCOT) del Huila, ambos aspiran a continuar desde el Congreso con las campañas que han venido realizando por años para mejorar las condiciones para los trabajadores de la salud y también para los pacientes.
Para la abogada McCormick, la aprobación de la Ley Estatutaria de la Salud obliga a hacer un cambio del modelo del aseguramiento para que se desmonten los elementos estructurales que impiden que se garantice el derecho a la salud, como son la intermediación financiera -que supone la desaparición de las EPS- y el lucro que genera la compra y venta de los servicios de salud. “Cuando se presenta una tutela cada 51 segundos, las cifras indican que la salud es el segundo derecho más tutelado y la inmensa mayoría de las tutelas son por reclamos a servicios o atención que están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, quiere decir que la situación está muy mal. Lo más grave es que aproximadamente el 80 por ciento de las tutelas tuvo un falló favorable en primera instancia y en el el 62 por ciento de esas tutelas fue necesario recurrir al incidente de desacato. Esos datos pueden ser peores, dado que en los años de pandemia muchas personas se abstuvieron de interponer a una acción de tutela por la complejidad de los trámites virtuales o por simple temor al contagio del virus”.
Por su parte, el doctor Díaz afirmó que lo más importante es avanzar en la implementación de la Ley Estatutaria de la Salud que reconoce la salud como un derecho fundamental, lo cual implica separar el negocio de la salud de la atención integral. “El modelo del mercado de la salud que sigue operando en el país es un sistema donde prima lo lucrativo y deja de lado la salud, incluso la vida de los habitantes. La Ley 100 creó el incentivo para convertirse en empresario, con un modelo de competencia, en un esquema donde no hay compañeros ni amigos sino solo enemigos que luchan por conquistar un mercado”.
Los trabajadores de la salud no pueden ser los esclavos del sistema
Las leyes colombianas prohiben que los profesionales de la salud sean vinculados de una forma diferente al contrato laboral. En la vida real y según cifras del ministerio de Salud de 2018, el 70 por ciento de los trabajadores de la salud tienen un contrato de naturaleza civil o comercial y menos del 30 por ciento cuenta realmente un contrato de naturaleza laboral. Además de las humillaciones, la explotación laboral, los contratos ilegales, de los pagos atrasados, de las OPS y la tercerización laboral, se ha llegado al colmo de elaborar contratos por arrendamiento de servicios, comentó la abogada. “La realidad es que el tema laboral de los trabajadores de la salud no puede estar peor y durante años nadie ha hecho nada. Por eso es urgente un cambio que genere condiciones laborales justas, dignas y estables, que mejoren la calidad de vida de todos los que cuidan la salud de todos y son la columna vertebral del sistema de salud”.
Otro de los indicadores que determinan la accesibilidad a los servicios de salud es la gestión de los determinantes sociales. No se puede negar que la Ley 100 logró incluir a la población en las bases de datos y carnetizarla; sin embargo, no ha podido atender las necesidades en cuanto a salud, pues no existe una atención integral y de calidad, como tampoco el logro de un estado de bienestar de la población general. Sin el desarrollo de la estatutaria será muy difícil recibir atención oportuna, de calidad y en condiciones de seguridad para el paciente. Hoy sabemos cerca del 80 por ciento de los pacientes podrían tener una situación distinta en el curso de la enfermedad si tan solo lograran acceder más rápido a la cita con especialista, señaló McCormick.
Si el objetivo es garantizar atención integral a toda la población residente en el país bajo el principio de equidad y no las utilidades financieras, se debe diseñar una política pública de prevención de la enfermedad bajo el criterio epidemiológico del territorio nacional en regiones saludables, explicó el doctor Díaz. La idea es tener un mapa sanitario organizado por territorios saludables establecidos, con redes integrales de servicios de salud que hagan la promoción y prevención de la salud conforme a las características epidemiológicas de cada región. “Es decir, estos territorios no corresponderían a la organización político administrativa del país sino a su realidad sanitaria, lo que a su vez implica mejorar las condiciones ambientales, sanitarias, nutricionales, empleos formales, más acceso a la educación, entre otros componentes sociales ligados a la igualdad”.
Y es que el movimiento SOS Colombia considera que la única forma de garantizar una atención oportuna y de calidad es acabando de una buena vez con la intermediación financiera, pues creen que es la responsable de la negación de servicios, de la falta de oportunidad en la atención, de la explotación laboral y constreñimiento de la autonomía médica que ejercen las EPS como forma de controlar el gasto en salud.
Cuando la rentabilidad financiera deje de ser el principal objetivo dentro del sistema, se podrá recuperar la autonomía profesional. Eso va a permitir que lo que el médico ordena, se cumpla y se haga. “Todos sabemos que el paga manda, por eso se requiere un cambio estructural que haga desparecer el modelo de la auditoria médica del seno de la profesión. Esto debe ir acompañado del fortalecimiento de la red pública de servicios de salud, con énfasis en los hospitales universitarios como centros de referencia, formación, investigación e innovación en el campo de la salud, concluyó el ortopedista Díaz.
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