En diálogo con el CMC, el doctor Oscar Gómez, ginecoobstetra, exdecano de medicina de la Universidad de Caldas y exsecretario de Salud de Caldas, afirma que si Colombia no prioriza la salud y la educación, seguirá transitando por el camino equivocado.
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¿Cuál es su análisis del modelo de salud colombiano?
Desafortunadamente, Colombia ha optado por un modelo ya superado, el cual es más lento, más costoso y, por ende, generador de más inequidad. El Instituto de Salud Internacional en la Universidad de Copenhague demostró que “En países con necesidades básicas insatisfechas, delegar la salud y la educación al sector privado, no solo es antiético sino moralmente inaceptable”. La Ley 100 lleva 23 años de funcionamiento y en ese lapso se han registrado 1.739.000 muertes evitables, cifra marcadamente superior a los muertos del conflicto. Paralelamente a esto, el Departamento de Salud Pública del Instituto Karolinska en Estocolmo, con el doctor Hans Rosling a la cabeza, ha demostrado fehacientemente que los países que han priorizado primero la salud y luego la educación, se desarrollan más rápido y a menos costo.
¿Qué responsabilidad tienen las facultades de medicina?
Colombia tiene 55 facultades de medicina, número muy superior a las existentes en Estados Unidos de América. Este crecimiento se dio a expensas del sector privado, donde el lucro es prioritario y explica que la mayoría de ellas tenga un discutible nivel académico. Sus egresados, de bajo nivel formativo, hoy pululan por toda la geografía nacional, donde crean más problemas que soluciones y generan complicaciones, aumentando los costos, destruyendo la imagen del médico general, enfrentando a pacientes con el personal de salud, en gran medida por su bajo nivel resolutivo en el nivel 1, lo que sobrecarga remisiones a otros niveles para reforzar la falacia de la necesidad de más especialistas y da lugar a la aparición del miedo a hacer por temor a las demandas. Así nace la medicina defensiva, generadora de miles de procedimientos innecesarios y dañinos. Los médicos que se forman actualmente también terminan siendo víctimas de este sistema corrupto y perverso.
¿Qué pasa, entonces, con las universidades públicas?
Colombia necesita formar mejores médicos generales y la universidad pública, también algunas privadas, tienen la capacidad de hacerlo. Ya lo hicieron, lo saben hacer, pero es necesario retomar la senda perdida. Para lograr ese objetivo hay que respetar a los hospitales universitarios y, en general, a las instituciones públicas. Para empezar, hay que definir con claridad si la matrícula es gratuita o si se tolera que cueste 20 millones pesos y precipitemos lo que ya se avizora, la formación de los mal llamados tecnólogos médicos, como un nuevo negocio privado. Este tema lo explica muy bien el premio Nobel de Economía, el estadounidense Joseph Stiglitz, analizando lo que en lenguaje neoliberal es la creación de rentas, factor definido y considerado como acelerador de la inequidad.
¿Qué cambios propone en la formación de los médicos?
Primero, que todos los egresados presenten el examen de Estado (Ecaes) y que los resultados sean difundidos ampliamente a través de los medios de comunicación. La nota promedio le dará la calificación a cada facultad de medicina. Así la sociedad podrá saber cuáles son las facultades que enseñan con responsabilidad y cuáles son las otras. Los que no aprueben el examen no podrán graduarse y tendrán un plazo para volver a presentarlo. Segundo, Zonificar el país para prestar el Servicio Social Obligatorio así a) Capitales de departamento – Distrito capital–municipios con más de 50.000 habitantes. Con oferta de sueldos más altos y puntos para el ingreso a la especialización en municipios en donde los indicadores muestren más pobreza y sus zonas rurales alberguen comunidades deprimidas tanto en salud como en educación.
¿Cómo descentralizar la atención en salud?
Hay que llevar a los mejor calificados a las zonas con mayores necesidades, lo que sirve, además, para que el médico joven se empape de las verdaderas realidades del país y pueda tomar mejores decisiones sumando experiencia. Con el bagaje adquirido, en uno o dos años el médico rural estaría listo para aspirar a su especialización. De esta manera, los cambios se impulsan de la periferia hacia el centro, de lo local y lo regional hacia lo central., de abajo hacia arriba y de lo simple a lo complejo.
Se deben crear incentivos para que los mejores candidatos realicen su entrenamiento en universidades públicas. Al culminar los estudios de especialización, estos nuevos especialistas deben comenzar a trabajar en hospitales regionales públicos, en donde no solo prestarían sus servicios a la comunidad, sino que serían docentes de facultades públicas para supervisar las prácticas de estudiantes de pregrado y también algunas actividades de nivel 2 en especialidades como anestesia, medicina interna, cirugía general, pediatría y ginecoobstetricia. Esto crea los cimientos para que la formación práctica del estudiante de pregrado sea efectuada en hospitales regionales, con lo cual los hospitales universitarios se liberan de estas responsabilidades y pueden cumplir mejor su misión en la formación de especialistas y supra-especialistas.
¿Y en cuanto al número de especialistas?
La pregunta es: ¿si en Estados Unidos las especialidades y subespecialidades suman 50 disciplinas y en la Unión Europea, 30 por qué en Colombia la cifra asciende a 201?
La respuesta es: neoliberalismo a la lata, la creación de rentas en plena efervescencia y otra vez en cabeza de las instituciones privadas. Pero, cuidado, que a los claustros públicos ya se les despertó el mismo interés y poco a poco se va privatizando la universidad pública. En algunas de ellas los doctorados y las maestrías se ofrecen bajo el rótulo de autofinanciadas. En fin, el neoliberalismo no reprime, seduce.
Después, los especialistas mejor calificados harán parte de un grupo seleccionado para realizar entrenamiento adicional en centros internacionales de primer nivel, en disciplinas previamente señaladas por el ministerio de Salud, siguiendo meticulosamente patrones epidemiológicos y necesidades prioritarias del país.
Esto reduciría notablemente la fuga de profesionales hacia el exterior, dado que existirían centros de alto nivel para entrenamiento y capacitación en el país.
¿Qué piensa de la industria farmacéutica nacional?
En Colombia existen laboratorios de calidad para la fabricación de medicamentos, pero para infortunio de todos, también existen otros de dudosa capacidad y así los médicos se tienen que enfrentar en ocasiones a medicamentos que no actúan o que hay que usar a dosis superiores a las recomendadas para lograr algún efecto terapéutico. El otro interrogante es qué hacer con los medicamentos que el médico formula y que el paciente recibe de diferentes proveedores. Esa situación demuestra que los organismos encargados de vigilar estos procedimientos no están cumpliendo a cabalidad su cometido. Por tanto, se requiere un estudio nacional que evalúe la biodisponibilidad y el efecto terapéutico de los medicamentos fabricados en el país. Este estudio no solo garantizaría la calidad sino que ayudaría a implementar políticas más justas y equitativas en el precio de los medicamentos.
¿Cuál es el camino para mejorar la calidad en la atención?
Quizás el mayor daño causado por la Ley 100 fue la destrucción de la relación médico-paciente y, en consecuencia, su recuperación es la piedra angular para modificar el actual sistema. Una vía expedita sería devolver a los pacientes la libertad de poder escoger libremente su médico, utilizando el mismo y cacareado lenguaje de la ley de la oferta y la demanda, puesta en boga con el cuento del libre mercado. Dicha medida se implementaría inicialmente para pacientes del régimen subsidiado. En ese sentido, el Gobierno tendría que definir el manual tarifario. Como es de esperar, habría profesionales dispuestos a trabajar con ese sistema (se esperaría que fuera la mayoría) y los otros (la minoría) no la aceptaría. Así, claramente se identificaría a los médicos con evidente compromiso social y a los otros.
Para acabar con el negocio de las EPS, el médico tendría acceso a las bases de datos para comprobar la afiliación del paciente y este último portaría su propia tarjeta, similar a una tarjeta de crédito, que le permitiría pedir su cita directamente al médico respectivo. Este mecanismo eliminaría de un tajo las barreras para la consulta y al mismo tiempo los costos burocráticos de dicho proceso. Lo mejor es que una vez concluida la consulta, el galeno mediante un simple datáfono desplegaría la respectiva factura y con la firma del paciente, la haría efectiva a través de la respectiva fiducia. ¡Jaque mate a la intermediación en los honorarios médicos!
Si el paciente tiene una vía directa para sus citas por consulta externa, desaparece la presión de dichas consultas hacia los servicios de urgencias, se reducen los costos y se optimiza la calidad de la atención para las verdaderas urgencias. Equivocadamente, muchos sistemas de atención para la paciente obstétrica manejan su ingreso hospitalario a través de los servicios de urgencias, práctica errada, perniciosa y dañina, la cual debe ser erradicada y manejada a través de una adecuada atención prioritaria por los respectivos servicios de maternidad. Que quede bien claro, las urgencias del binomio madre hijo no deben mezclarse con otro tipo de urgencias.
De esta forma, una modificación aparentemente sencilla y simple tendría un profundo impacto en el sistema de salud, al mejorar la atención, disminuir los costos y eliminar en gran parte la intermediación. Idealmente, la libre elección mencionada debe extenderse a la selección de las IPS en los casos de hospitalización para procedimientos médicos y quirúrgicos. Con esta medida se rompe un gran foco de corrupción en la contratación de servicios entre EPS e IPS. En paralelo, los pacientes dejarían de acudir a las instituciones de dudosa calidad donde hoy son obligados a recibir atención. Esto se convierte en un gana-gana. A parte de generar cambios benéficos para la salud de los colombianos, esta sola medida también mejoraría la calidad de vida de la población.
Al parecer, la libre elección cuenta con buenos auspicios en el seno de la Corte Constitucional, reforzada después de la aprobación de la Ley Estatutaria de la Salud, la cual elevó la salud a derecho fundamental.
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