Por: doctor Germán Augusto Guerrero Gómez, médico especialista en economía de la salud y gestión hospitalaria – Director Ejecutivo del Colegio Médico Colombiano.
Fuente: Órgano de información del Colegio Médico Colombiano. Epicrisis. Ed. N° 42 (diciembre 2026-febrero 2027). ISSN: 2539-505X (En línea). #SaludDignaYa
La presión financiera del sistema de salud tiene múltiples causas y exige respuestas que no comprometan el acceso, la calidad ni la equidad. Colombia atraviesa un deterioro financiero estructural que amenaza la estabilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
A esta situación se suman dos factores globales que quienes trabajamos en salud no siempre consideramos lo suficiente: las policrisis y los sistemas políticos dominantes. Las policrisis – la convergencia de problemas que se agravan entre sí – son cada vez más frecuentes. Entre sus manifestaciones están el envejecimiento no saludable, la baja natalidad, las enfermedades emergentes, los problemas de salud mental, el agotamiento, la pérdida del propósito personal, la destrucción de los ecosistemas, los cambios ambientales y el calentamiento global. A la vez, los sistemas políticos, sociales y ecológicos se han vuelto más frágiles, y ciertas decisiones políticas erosionan la confianza.
Este contexto reduce nuestra capacidad para anticiparnos y responder de manera coherente; también debilita las condiciones necesarias para una vida saludable y afecta, por supuesto, la suficiencia de los recursos financieros.
En términos inmediatos, la presión financiera obedece a un desequilibrio entre ingresos y gastos: estos últimos crecen más rápido que los recursos disponibles.
La Ley 100 proyectaba que, para el año 2000, el 70% de la población estaría afiliada al régimen contributivo. Esa meta no se alcanzó. A ello se sumaron el aumento de la cobertura del sistema -hoy cerca al 100%- y la posterior igualación de los planes de beneficios de los régimenes subsidiado y contributivo. Como resultado, fue necesario recurrir a otras fuentes de financiación. Las rentas cedidas a los departamentos, por ejemplo, comenzaron a destinarse al régimen subsidiado. También se acudió al Presupuesto General de la Nación (PGN), cuyos recursos deben distribuirse entre las necesidades de distintos sectores.
En el ámbito internacional se reconocen tres factores que impulsan el gasto en salud: la ineficiencia -que incluye prácticas clínicas de bajo valor y corrupción-, la transición demográfica y epidemiológica, y la presión tecnológica- Estos dos últimos favores seguirán presentes y continuarán elevando los costos de la atención.
Colombia enfrenta, además, la particularidad de la salud como derecho fundamental, en donde la Constitución política protege este tipo de derechos, independiente de si el Estado tiene o no recursos financieros que soporten estos gastos. La población se ha acostumbrado a que el sistema cubra prácticamente todas sus necesidades y a realizar pocos pagos del bolsillo propio. Este rasgo, reconocido internacionalmente, plantea un desafío para alcanzar un nuevo acuerdo social sobre cómo financiar el sistema y garantizar sus prestaciones.
Alternativas para ampliar y diversificar el financiamiento
Es necesario evaluar medidas que amplíen y diversifiquen las fuentes de financiación, y que hagan su distribución más progresiva y equitativa. El giro directo, por sí solo, no constituye un mecanismo de saneamiento financiero.
La generación de empleo formal sigue siendo una estrategia válida. Si la proporción de afiliados al régimen contributivo llegara al 70% el sistema avanzaría de manera significativa. Para alcanzar esa meta, el Estado debe promover acciones que involucren a todos los sectores y al empresariado. También se necesitan recursos con destinación específica para la salud, distintos de los PGN, para evitar que compitan con las necesidad de otros sectores.
El aumento del IVA a los licores y otras medidas incluidas en el proyecto de ley de ajuste fiscal, si se aprueban, entrarían en vigor a partir de 2028. Pero la necesidad de recursos es inmediata; hacen falta alternativas para lo que resta de este año y para 2027. Los impuestos saludables ya creados podrían destinarse a financiar el gasto en salud sin esperar hasta 2028.
En el caso de las clínicas privadas, podría promoverse el pago de las deudas de las EPS intervenida -de responsabilidad pública- mediante el cruce de esas obligaciones con deudas tributarias ante la DIAn, también una entidad pública. Sería, por tanto, una transacción entre entidades públicas. Las clínicas podrían destinar los recursos recibidos, primero, al pago de sus trabajadores de la salud y, después, a la compra de insumos para la atención médica.
Aumentar los recursos debe ir de la mano de mejorar la eficiencia del sistema. Las ineficiencias pueden ser asistenciales -duplicación de servicios, eventos adversos y atención de bajo valor-; relacionadas con los recursos y la tecnología – por ejemplo, el uso inadecuado de insumos y equipos-; o administrativas y sistemáticas, como los procesos deficientes y las fugas de recursos. La Academia Nacional de Medicina, Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y Colegio Médico Colombiano han unido esfuerzos con tres proyectos mancomunados para generar valor en salud en cada acto médico. La experiencia internacional muestra que la eficiencia de los sistemas de salud depende gran parte de quienes toman las decisiones clínicas. Los profesionales de la salud son, por tanto, los aliados estratégicos más importantes de la transformación institucional. Las tres instituciones proponemos incorporar estos proyectos como pilares estratégicos del sistema de salud colombiano, los cuales son: Dilemas Éticos de la Priorización en Salud (DEPS) de la Academia Nacional de Medicina; Decisiones Acertadas de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y la Gobernanza Clínica del Colegio Médico Colombiano.
Cambios institucionales e incentivos para mejorar la eficiencia
Para mejorar la eficiencia del gasto y lograr mejores resultados en salud, es necesario revisar algunas modificaciones institucionales y los mecanismos de incentivo. Las EPS intervenidas, a mi juicio, no deberían liquidarse, como algunos han propuesto, en particular en el caso de Nueva EPS. Una liquidación podría elevar el riesgo sistémico para el sector. Estas entidades registran una siniestralidad elevada y deudas cercanas a los 47 billones de pesos. Su liquidación podría dejar sin pago las obligaciones con clínicas y hospitales, instituciones ya Frágiles que podrían verse obligadas a cerrar parcial o definitivamente. La población y el Talento Humano en Salud serían quienes sufrirían las consecuencias.
Tampoco conviene entregar la gestión de la salud a los políticos. En algunos hospitales públicos se han evidenciado prácticas indeseables. Asimismo, es necesario poner fin a la integración vertical que permite favorecer a las empresas propias. La Ley 100 se concibió sobre el principio de especialización de funciones, pero ese propósito no se materializó.
La atención primaria debe ser el eje del sistema y articularse mediante redes integradas. Para hacerlo, es preciso definir con calidad la gobernanza de las redes y las organizaciones, así como establecer quién administra los recursos financieros. La atención primaria, cuando se implementa adecuadamente, no es barata ni tiene como objetivo principal reducir costos, lo que busca es mejorar la calidad vida de la población.
Las acciones sobre los determinantes sociales no están financiadas con la UPC, pero alguien debe asumirlas. Se requiere articular los recursos y las actividades de salud pública del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) con las acciones de promoción y prevención (P y P) de las EPS. También deben asignarse recursos para coordinar el trabajo sobre los determinantes sociales, incluida la acción intersectorial y transectorial. Esta tarea debe involucrarse a los responsables de las entidades territoriales y al presidente de la República. La inspección, vigilancia y control de las actividades articuladas debe estar a cargo de las entidades territoriales.
Por otra parte, la contratación de servicios puede hacer más eficientes las actividades clínicas. En ese sentido, el pago global prospectivo (PGP) es una de las estrategias más prometedoras. Se recomienda que las IPS participen en su diseño y fortalezcan tanto sus competencias para construir este modelo de contratación como sus sistemas de información hospitalaria.
La migración de médicos generales y enfermeras también representa un problema costoso para un país que necesita a estos profesionales. Es urgente encontrar soluciones. A esto se suma que el 28% de los médicos especialistas se forma en otros países y luego regresa a Colombia para ejercer. El país tiene capacidad para formar a estos profesionales, pero es indispensable que el sistema educativo contribuya a construir el sistema de salud que queremos.
Todo lo anterior nos plantea una pregunta: estamos ante un desafío o ante una oportunidad de cambio? La respuesta exige un cambio de paradigma: empoderar a las personas, las familias y las comunidades, y mantener el liderazgo médico en la búsqueda de soluciones.













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