A cuatro años de la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional, el aborto es reconocido como un derecho fundamental en Colombia, pero su acceso sigue siendo desigual según el territorio y las condiciones sociales.
El 21 de febrero de 2022, Colombia dio un paso histórico en la garantía de los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes al despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación a través de la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional.
Desde entonces, la fecha se ha consolidado como un momento clave para reiterar la necesidad de garantizar la autonomía reproductiva y el derecho fundamental a la salud.
Según cifras de Profamilia, principal referente en la prestación de servicios especializados en salud sexual y reproductiva del país, desde la despenalización del aborto en 2022, 213.895 mujeres y personas gestantes han sido atendidas por la organización, evitando que tengan que recurrir a lugares inseguros y exponerse a condiciones de riesgo para interrumpir un embarazo no deseado.
De hecho, solo en 2025, Profamilia registró 59.532 atenciones en todo el país, de las cuales el 94,5 % correspondió a abortos farmacológicos, realizados antes de la semana 12 de gestación.
“Colombia ha avanzado de manera significativa en la garantía del aborto como derecho fundamental, y los resultados son visibles en la vida de miles de mujeres y personas gestantes. El reto ahora es cerrar las brechas que persisten y asegurar que este derecho se ejerza con la misma calidad, oportunidad y dignidad en todos los territorios” aseguró Marta Royo, CEO de Profamilia.
Siete claves para garantizar el aborto seguro en Colombia
- Acceso real en todo el territorio nacional
Las desigualdades territoriales siguen limitando el acceso oportuno y efectivo al aborto. Mujeres vulnerables, rurales, indígenas y racializadas enfrentan mayores obstáculos para ejercer este derecho.
Superar estas brechas exige fortalecer la red pública de servicios en zonas rurales y dispersas, garantizar rutas claras de atención sin discriminación, e implementar estrategias de telemedicina y acompañamiento - Garantías específicas para mujeres y personas gestantes indígenas y afrodescendientes
La Corte Constitucional ha reafirmado que esta poblaciones cuentan con los mismos derechos y que el Estado debe garantizar el acceso al aborto sin excepciones, así como facilitar diálogos interculturales para lograrlo.
Ninguna comunidad puede bloquear el servicio ni imponer trabas a su prestación. (SU-297 de 2025). - Ejercicio adecuado de la objeción de conciencia
La objeción de conciencia es personal, no institucional. Si algún profesional de la salud no puede o no desea prestar el servicio, la institución de salud debe garantizar que otro profesional lo haga de manera oportuna, libre de violencias y asegurando siempre la información y el acceso al servicio. - Personal de salud capacitado, suficiente y con enfoque de derechos
La garantía del aborto seguro requiere formación continua al personal de salud, protocolos claros para prevenir la violencia obstétrica y supervisión efectiva que asegure una atención digna, respetuosa y humanizada.
Al mismo tiempo, la ampliación de los perfiles habilitados para prestar el servicio, como el personal de enfermería, fortalece la equidad, amplía la cobertura y reduce barreras de acceso, especialmente en zonas con menor oferta de servicios. - Contar con datos públicos y sistemas de información robustos
Un registro nacional sólido y la producción de datos desagregados por territorio, pertenencia étnica, edad y condición socioeconómica permiten conocer cómo se presta el servicio de aborto, identificar brechas territoriales y poblacionales, y orientar políticas públicas basadas en evidencia para una implementación justa y equitativa del derecho. - Educación Integral para la Sexualidad y acceso a información sin barreras
La Educación Integral para la Sexualidad es fundamental, debe fortalecerse y garantizarse para todas las personas, de manera continua y adaptada a cada ciclo de vida.
Asimismo, resulta clave asegurar el acceso a información clara y confiable, libre de estigmas, sesgos y censura, incluidos los desafíos que hoy se presentan en algunas plataformas digitales y redes sociales. - Nombrar el aborto en el debate público y electoral
Este año en particular, hablar de aborto en contextos electorales fortalece la protección de los derechos reproductivos y previene retrocesos.
Poner el tema en la agenda pública permite exigir a quienes aspiran a cargos de elección una posición clara y el compromiso de defender el aborto como derecho fundamental, así como garantizar políticas públicas, recursos e implementación efectiva.
En las campañas, el aborto debe nombrarse como lo que es: un derecho, un servicio esencial de salud y una decisión autónoma.
Deja un comentario