Por: Mercy Soto Chaquir, Escuela de Enfermería de la Universidad del Valle; Luis Mauricio Figueroa Gutiérrez, Escuela de Medicina de la Universidad del Valle.
Nota: Epicrisis es el órgano oficial de comunicación del Colegio Médico Colombiano. La opinión y conceptos personales expresados en los artículos firmados por un tercero no reflejan la posición de Epicrisis o del Colegio Médico Colombiano-CMC.
Resumen
Los desastres naturales, como acontecimientos imprevistos, superan la capacidad de respuesta de las instituciones de salud en distintas regiones del mundo. Colombia no ha sido la excepción, como lo demuestran los datos reportados por organizaciones nacionales e internacionales sobre las afectaciones a personas e instituciones a causa del terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026. La magnitud del evento comprometió la infraestructura de importantes instituciones de salud de referencia en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero, aumentó la vulnerabilidad de la atención a la población y afectó, de manera secundaria, a los trabajadores que laboran en ellas.
La literatura ha demostrado que, incluso en países con mayores recursos económicos y elevada capacidad de respuesta ante desastres, se registra un incremento en la tasa de desempleo del personal de salud.
Este artículo reflexiona sobre los efectos del sismo en la precarización de las condiciones laborales del personal de salud y plantea la imperiosa necesidad de avanzar en la formalización del sistema, con el fin de garantizar contrataciones con remuneración justa, estabilidad y protección para los trabajadores. Estas garantías no deberían modificarse precisamente cuando más se requiere personal capacitado e idóneo para las fases de recuperación y reconstrucción posteriores a la tragedia.
Introducción
El Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres (CRED) define un desastre como “una situación o evento que sobrepasa la capacidad local y requiere una solicitud de asistencia externa a nivel nacional o internacional; un evento imprevisto y a menudo repentino que causa grandes daños, destrucción y sufrimiento humano”. Los terremotos generan destrucción física a gran escala y una pérdida considerable de vidas humanas. Sus efectos a corto, mediano y largo plazo, en muchas ocasiones, no se dimensionan por completo. Las consecuencias sobre la infraestructura utilizada para prestar servicios de salud en sus diferentes niveles, además de comprometer la atención de toda la comunidad inmediatamente después del desastre, pueden resultar insuficientes ante las demandas posteriores y afectar a los trabajadores de la salud, quienes pueden quedar cesantes tras la pérdida de sus lugares de trabajo.
De acuerdo con los últimos datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y del Servicio Geológico Colombiano (SGC) sobre los efectos del devastador terremoto del 10 de agosto de 2026, un mes después del sismo se habían confirmado 331 víctimas mortales, 4.505 heridos y 111 personas permanecían desaparecidas. Los departamentos más afectados fueron Valle del Cauca, con 148 muertes, y Risaralda, con 104. El total de damnificados ascendía a 361.353 personas, correspondientes a aproximadamente 185.226 familias.
En cuanto al impacto geográfico, la emergencia comprometió, en diferente medida, a 16 departamentos y 494 municipios de todo el país, especialmente en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío. Además, 64 edificios colapsaron de manera inmediata, 36.327 viviendas quedaron destruidas y 201.939 sufrieron daños.
Afectaciones en las instituciones de salud
En cuanto a las instalaciones de atención médica y la infraestructura hospitalaria, resultaron afectadas las redes del occidente y el suroccidente del país. Sufrieron daños 397 centros de salud e instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), 50 de las cuales fueron declaradas en “condición prioritaria” debido a la gravedad de sus fallas estructurales. En Cali se evaluaba la demolición de tres centros de salud: La Buitrera, Meléndez y Mariano Ramos.
Hospitales como el Universitario del Valle, en Cali; el Universitario San Jorge, en Pereira, y el San Francisco de Asís, en Quibdó, presentaron un compromiso que llevó al estado crítico de la atención en la red pública del sistema de salud. Muchos de los servicios que prestaban fueron cerrados y, en algunos casos, se alcanzaron niveles de sobreocupación de hasta el 245 %.
Instituciones privadas de Pereira, como la Clínica Comfamiliar, la Clínica Los Nevados y la Clínica Noé, y de Cali, como la Clínica Nuestra y la Clínica Colombia, entre otras, se vieron obligadas a cerrar, parcial o completamente, y de manera temporal o definitiva, varias áreas debido al colapso o al daño estructural de sus instalaciones. Esta situación comprometió tanto la capacidad de atender a las personas afectadas por la emergencia como a quienes consultaban por enfermedades habituales, y generó la suspensión de las actividades laborales de los trabajadores de la salud que perdieron sus lugares cotidianos de trabajo.
Este trágico balance podría ser aún más desolador a medida que avance la segunda y tercera fases de la atención, correspondientes a la recuperación y la reconstrucción. Todos los trabajadores del sector salud —desde el personal de servicios generales y administrativo hasta quienes brindan atención directa a los pacientes—, hayan sufrido o no la pérdida de familiares o amigos, daños en sus viviendas o consultorios, o afectaciones en su salud física, mental o emocional, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Además de tener el deber de ser los primeros respondedores ante la catástrofe, deben afrontar las consecuencias anteriormente enumeradas. Esta situación afecta directamente su estabilidad emocional a corto, mediano y largo plazo, puede comprometer su capacidad para brindar una atención de calidad y repercutir negativamente en los resultados de los pacientes.
Efectos de los desastres en el bienestar de los trabajadores de la salud
En terremotos ocurridos anteriormente, como los de Haití en 2010, Japón en 2011, Nepal en 2015 y Turquía en 2023, los sistemas sanitarios sufrieron consecuencias devastadoras, con numerosas instituciones destruidas o en condiciones inseguras y sin capacidad para prestar atención médica o quirúrgica de urgencia.
Aunque existen pocos estudios sobre los efectos de los desastres naturales en el bienestar de los trabajadores de la salud, las publicaciones señalan que, tanto a corto como a largo plazo, se presentan altos niveles de estrés agudo, agotamiento emocional, despersonalización, síndrome de desgaste profesional, depresión y trastorno de estrés postraumático. Estas condiciones se ven agravadas por factores laborales y organizativos, entre ellos la carga de trabajo, las relaciones profesionales y la satisfacción laboral.
Los factores organizativos muestran asociaciones más consistentes con los indicadores de salud mental, lo que subraya la importancia de mejorar las condiciones laborales modificables para favorecer el bienestar psicológico y la sostenibilidad del personal de los sistemas de salud después de un desastre.
Riesgo de precarización laboral en el personal de salud
En julio de 2026, el informe Corte de cuentas del sector salud en el período de gobierno 2022-2026 presentó un panorama desolador, caracterizado por carteras vencidas y deudas con la red prestadora superiores a 25 billones de pesos, patrimonios negativos de las aseguradoras y varias entidades intervenidas. Por ello, en el momento de la tragedia, el sistema de salud colombiano se encontraba en una situación de máxima vulnerabilidad económica y operativa, con amenazas para la estabilidad laboral y la continuidad del personal sanitario en numerosas instituciones del país.
A lo anterior debe añadirse que, lejos de lograrse la formalización de la contratación, las reformas del sistema de salud han favorecido un fenómeno de flexibilización e intermediación que ha generado la precarización del trabajo del personal sanitario, mediante modalidades temporales e inestables como las órdenes de prestación de servicios (OPS), los contratos sindicales, los contratos por obra o labor y la vinculación a cooperativas de trabajo asociado. En circunstancias como las actuales, estas modalidades aumentan el riesgo de pérdida del empleo para un porcentaje importante del personal del sector salud.
Esta situación ha encendido las alarmas. Por ello, diferentes voces, como la del doctor Stevenson Marulanda Plata, presidente del Colegio Médico Colombiano, remitieron el 18 de agosto de 2026 un documento a la Presidencia de la República y a los ministerios de Salud y Protección Social y del Trabajo. En él solicitaron incluir, en los decretos y circulares emitidos a raíz de la calamidad, a los trabajadores de la salud de los departamentos afectados y de las instituciones prestadoras de servicios de salud cerradas total o parcialmente, mediante tres medidas fundamentales:
- Proteger la estabilidad del empleo, ya que actualmente el concepto de fuerza mayor autoriza a las directivas de las instituciones a suspender las órdenes de prestación de servicios, lo que deja a los trabajadores sin empleo ni ingresos mínimos para su subsistencia y la de sus familias.
- Incluir en los subsidios o beneficios económicos mensuales a los trabajadores vinculados mediante estas modalidades de contratación.
- Otorgar alivios en materia de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral a los trabajadores contratados bajo estas modalidades.
Otra agremiación de profesionales que se ha manifestado en este sentido es la Alianza de Fisioterapia de Colombia, integrada por el Colegio Colombiano de Fisioterapeutas (COLFI), la Asociación Colombiana de Fisioterapia (ASCOFI), la Asociación Colombiana de Facultades de Fisioterapia (ASCOFAFI) y la Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia (ACEFIT). El 20 de agosto, estas organizaciones emitieron un comunicado a la opinión pública en el que expresaron su preocupación por la protección integral del talento humano en salud, especialmente de los fisioterapeutas, quienes son contratados principalmente mediante prestación de servicios. Debido al cierre temporal de servicios o instituciones por daños en la infraestructura física, estos profesionales pueden ser desvinculados de sus empleos. Por este motivo, solicitaron protección laboral para el gremio y para los demás profesionales de la salud.
Por el contrario, otros gremios, como los profesionales de enfermería reunidos en el Colegio Nacional de Enfermeras, la Asociación Nacional de Enfermeras y la Asociación de Escuelas de Enfermería, no han emitido una declaración oficial frente a la inestabilidad contractual y la sobrecarga laboral. Sin embargo, los antecedentes de terremotos ocurridos en otros países han documentado una precarización laboral en enfermería derivada de la pérdida de infraestructura, la clausura de servicios y la contingencia económica, factores que impactan directamente en la suspensión temporal de contratos de los profesionales de esta área.
Reflexiones finales
El sector salud constituye un componente fundamental de toda sociedad, especialmente en momentos de crisis como el actual. El impacto de un desastre como el ocurrido recientemente en Colombia, que afectó la infraestructura general y, en particular, la sanitaria y educativa, compromete a las poblaciones con menos recursos y aumenta su vulnerabilidad socioeconómica debido a la pérdida de capital físico, empleo y capacidad productiva.
Por ello, la protección y la estabilidad laboral de los trabajadores de la salud deben formar parte de las medidas correspondientes a las fases de recuperación y reconstrucción, no solo de la infraestructura física o material, sino también del tejido social. Para ello se requiere un personal de salud sano, fortalecido y respaldado en su labor, que enfrenta cada día sus responsabilidades con profesionalismo, como lo demostró durante la pandemia de COVID-19.
Más allá de ser reconocidos como héroes, la verdadera reconstrucción pasa por la formalización laboral en todo el sistema, con el fin de garantizar contrataciones dignas, estabilidad, protección social y pagos mensuales oportunos.
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