Por Sebastián Galvis Acevedo – Presidente ANIR seccional Valle.
Nos encontramos en vísperas del tercer pico de la pandemia por el COVID-19, situación a la que se ha llegado por diferentes caminos, a saber: el autocuidado que por sí solo no ha sido suficiente; una tasa de vacunación ralentizada, ausencia de una renta básica permanente para la población más vulnerable en medio de la reapertura de las actividades económicas, la ley 100 con su modelo de atención y el mercado del aseguramiento.
Todas estas condiciones no facilitan la contención de la pandemia y ponen de manifiesto la deuda que se tiene frente a la reglamentación real de la Ley Estatutaria de Salud, la cual garantiza el derecho fundamental a la salud.
En enero de 2021 se expidió el Decreto 109 que creó el Plan Nacional de Vacunación. Previo a su expedición, los médicos internos y residentes del país organizados en la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR) le solicitamos al Gobierno nacional que fuéramos incluidos en la etapa 1 de la fase 1 del mismo plan, arguyendo las siguientes razones: los médicos internos y residentes realizamos nuestras prácticas formativas en modalidades rotativas asistenciales que varían en el tiempo, lo que quiere decir, en resumen, que si hoy rotamos en consulta externa (que es un servicio de bajo riesgo de exposición al COVID-19), mañana podemos pasar a rotar en un servicio de urgencias o en una UCI, donde el riesgo de exposición es alto. Entonces, en virtud de esta modalidad rotativa del plan de prácticas formativas lo más justo y correcto era que todos y todas, sin excepción alguna, estuviéramos en la etapa 1. El Gobierno nacional nos dio la razón inicialmente.
Sin embargo, cuando expidió el decreto dejó abierta la posibilidad de que algunos médicos internos y residentes fueran incluidos en la etapa 2, sobre todo aquellos que se encontraran rotando en los servicios de consulta externa al momento de la inscripción, prescindiendo de la argumentación de la ANIR.
Este hecho jurídico condujo a una situación desigual de vacunación entre los médicos internos y residentes, la cual ha estado sujeta al criterio de las diferentes Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Siendo así, algunas IPS reportaron a sus médicos residentes en etapa 1 mientras que otras tantas lo hicieron en etapa 2. Pero el hecho más preocupante y hasta escandaloso es que varias han inscrito a estos profesionales de la salud en la etapa 3. Adicionalmente, algunos residentes que estaba asignados a la etapa 1 luego fueron reasignados de forma arbitraria en la etapa 2, situación ante la cual aún no existe una respuesta que explique o justifique dicho cambio por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.
Como era de esperarse, estos hechos indignaron a los médicos residentes, internos y del Servicio Social Obligatorio por lo que la ANIR realizó la denuncia y organizó en un primer momento una movilización mediática en las redes sociales y diferentes medios de comunicación nacionales.+
Ante la persistencia de estas irregularidades y frente a las serias denuncias de priorización de personal administrativo antes que al personal de primera línea, las regionales de la ANIR en el Valle del Cauca y el Caribe realizaron mítines para denunciar ante la opinión pública los retrasos e irregularidades en el proceso de vacunación.
Esta denuncias y movilizaciones generaron sus frutos y lograron que paulatinamente fuésemos asignados a la etapa 1 y eventualmente vacunados. Desafortunadamente, aún en este momento algunas IPS siguen reportando en la etapa 2 a sus médicos internos y residentes.
La campaña de denuncia y vigilancia activa por parte de la ANIR hizo posible que al día de hoy una mayoría de los médicos internos y residentes ya hayan recibido las dos dosis de la vacunación, pero aún persiste la condición de disparidad, puesto que muchos de los que faltan por la inmunización ni siquiera están priorizados.
Por otra parte, atendiendo a las rutas que han conducido a la fragilidad social actual, desde la sociedad civil y gremial, entre ellas ANIR, se está gestando un movimiento por la Renta Básica Permanente para la población más vulnerable.
Esta propuesta, que desde siempre ha contado con mucha resistencia en el Congreso de la República por algunas bancadas parlamentarias, cuenta con argumentos económicos, jurídicos y sociales de peso.
Y es que, sin una renta básica permanente en medio de la reapertura económica facilitada por el Gobierno nacional, el autocuidado no podrá ser una medida suficiente: la gente “preferirá” morir por el virus que de hambre, en medio de las contradicciones que tan dramática declaración conlleva.
Es preciso, entonces, seguir denunciando y exigiendo mayor celeridad ante la lentitud con la que avanza el plan nacional de vacunación. Es preciso, además, confrontar nuevamente la crisis del sistema de salud conducida por la ley 100 y que en un sin sentido, sigue siendo defendida por el Gobierno Nacional, con borradores de proyectos de reforma que poco o nada hacen por reformar el modelo, el cual va en contravía del espíritu de protección de la Ley Estatutaria de Salud que la Corte Constitucional ordenó.
Estos factores nos llevan a vislumbrar la inminencia del tercer pico de la pandemia, más cercano y extenuante que los previos. Los médicos internos y residentes, desde luego, seremos en la práctica parte de esa primera línea de atención y nos mantendremos firmes en nuestras justas exigencias: vacunación completa y rápida, continuidad con el pago de la ley de residentes y, por supuesto, la disminución del alto costo de las matrículas de posgrados, pulso que está por darse.
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