Dicen las abuelas que lo que mal empieza mal acaba, y un claro ejemplo de ello fueron las sentencias que el pasado abril profirió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que dejan a Medimás al borde de su desaparición.
Pero, ¿es posible que la EPS no desaparezca?, o mejor, ¿al país le conviene
que continúe su operación? La respuesta es NO. Las razones no son las decisiones de la justicia, sino que están en la situación financiera de Medimás. Los aprietos económicos hacen inviable su continuidad.
Si bien los abogados de la EPS han emprendido una ilusoria batalla judicial para derribar los fallos, poco pueden hacer frente a la realidad económica y las dificultades que afronta para la prestación de servicios de salud, lo que deja sin ningún futuro a Medimás.
Y es que aún frente a la hipótesis de que las sentencias fueran revocadas, Medimás no tiene como pagar los $1,4 billones que adeuda a las clínicas, hospitales y profesionales que conforman su red; ni tampoco tiene como cubrir las pérdidas operacionales de medio billón de pesos que tuvo en el año 2018, mucho menos tiene recursos para constituir las reservas de un billón de pesos que por ley debe crear para garantizar a las IPS el pago de los servicios de salud que hoy está autorizando.
Entonces, claramente, la mejor opción para los afiliados, las IPS y los trabajadores fue la que adoptó el Tribunal, pues prolongar la existencia de Medimás significa agravar los problemas del sistema de salud a un punto de colapso total.
¿Cómo se llegó a este dantesco escenario?
Baste con decir que Medimás existe como una opción ideada por el Ministerio y la Superintendencia de Salud para ocultar los desfalcos que durante la intervención gubernamental ocurrieron en SaludCoop y Cafesalud, y que ascienden a $6 billones.
Y es que la crisis de Medimás no es más que otro capítulo de la zaga que arrancó en mayo de 2011 con la intervención de SaludCoop y que cuyo resultado han sido la vulneración de los derechos fundamentales a seis millones de personas. A lo anterior hay que agregar las deudas billonarias a cerca de 4.000 clínicas, hospitales y profesionales de salud, y la afectación laboral de los 35.000 trabajadores que conformaban el grupo SaludCoop.
De todo este entramado es poco conocido que en abril de 2014 la Corte Constitucional profirió el auto 89 en el que hizo un primer llamado urgente al Ministerio y a la Superintendencia Nacional de salud acerca de los nefastos resultados que hasta ese momento arrojaba la intervención de SaludCoop.
Pero la cosa no paro allí; en agosto y en Abogado Anibal Rodríguez octubre de 2014, la Corte profirió los autos 243 y 329 en los que nuevamente solicitó al ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud la toma de medidas sobre la intervención de SaludCoop, dado que un informe recibido por la alta corporación judicial advertía de 35 casos de usuarios fallecidos en SaludCoop, Cafésalud por falta de atención médica, más la escandalosa cifra de cerca de 380.000 quejas por
mal servicio.
En paralelo con la crisis que enfrentaban los seis millones de usuarios, las 4.000 clínicas, hospitales y profesionales de la red de SaludCoop padecían los rigores del no pago de facturas, deudas que ante la mirada impávida del Ministro y el Superintendente de Salud crecía de una forma descomunal. Es así como
de $376.000 millones de pesos adeudados en mayo de 2011, cuando se inició la intervención, se llegó a los $4,4 billones que en 2016 reclamaron los prestadores de salud (IPS) en la liquidación de la EPS.
Por el lado de Cafesalud el fracaso de la gestión gubernamental fue similar; de
enero de 2012 a agosto de 2017 la EPS fue objeto de una medida de vigilancia
por parte de la Supersalud, lapso en el cual los pasivos con clínicas y hospitales
pasaron de $50.000 millones a más de $2,5 billones.
Con estos antecedentes es apenas obvio que la creación de Medimás fuera
nefasta desde el comienzo, pues solo se trató de un afán para tapar el desfalco. Si ese era el propósito, no es de extrañar que se hicieran muchas cosas irregulares, entre las que destacan el inicio de operación de la EPS sin red de atención, a lo que se sumó la anulación por parte de Medimás de dos millones de autorizaciones de servicios de salud que Cafésalud había emitido pero que aún estaban pendientes de ejecutar.
Este último hecho que vulnera la continuidad en la atención médica, llevó a que en 2017 el Tribunal Administrativo obligara a la EPS a prestar los servicios pendientes con un costo de medio billón de pesos, monto que quienes idearon el negocio no tuvieron en cuenta.
Además el negocio se hizo con la cédula
El precio convenido de $1,2 billones de pesos, correspondiente al 50 por ciento
de la transacción, se pagaría en efectivo a 10 años, y el restante 50 por ciento se
podía compensar con las deudas que Cafesalud tenía con las IPS compradoras.
De esta forma se convino el pago del 50 por ciento en efectivo a 60 cuotas de $10.000 millones mensuales, suma que la propia Medimás pagaría con los recursos públicos que recibiría por la atención de sus pacientes; es decir que la EPS auto compraría a los afiliados con los mismos recursos que recibía para atenderlos.
Por el lado de las deudas que se pensaban compensar la cosa resultó igualmente anómala, pues de los $600.000 millones a pagar, las IPS compradoras tenían acreencias con Cafesalud por $112.000 millones. Fue así como para el pago de la fracción restante, equivalente a $488.000 millones, las IPS dueñas de Medimás se pusieron a la tarea de adquirir cartera de otras IPS acreedoras de Cafesalud, ofreciéndoles sumas irrisorias e imponiéndoles además tiempos prolongados de pago.
Posiblemente la parte más turbia de la negociación fue el cierre del negocio por 5 millones de afiliados, desconociendo que el permiso de venta de la Supersalud era por solo 3,5 millones de usuarios, con lo que Medimás ha incurrido en una apropiación indebida de 1,5 millones de UPC al mes, que ascienden a unos $1,4 billones en 18 meses de operación.
Entonces, ante tal colección de desafueros, es apenas obvio que el Tribunal Administrativo haya ordenado el traslado de afiliados y la revocatoria de la autorización de funcionamiento de Medimás, pues luego de siete años de medidas de intervención y vigilancia especial, lo único irrebatible es que prolongar la actual situación; es decir, mantener a Medimás, es llevar al sistema de salud a su total colapso humano y financiero.
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