Nosotros como autoridad -igual a todos los actores de la salud- no tenemos margen de error en esta época tan retadora. Seguimos en primera línea de acción.
Por Fabio Aristizábal Ángel – Superintendente Nacional de Salud
Con las restricciones que nos han impuesto la pandemia, y siempre cumpliendo medidas y protocolos de prevención, en la Superintendencia no bajamos la guardia en nuestra misión de tomar decisiones para enderezar y mejorar el rumbo del Sistema de Salud en Colombia.
Nuestro compromiso institucional, frente a todas las responsabilidades, ha sido el mismo señalado por el Presidente Iván Duque desde que empezó esta emergencia: proteger y salvar vidas.
Cada medida, adoptada a partir de marzo, se ha dirigido a cinco líneas de acción: salvaguardar el derecho a la salud de los usuarios haciendo cumplir la prestación de servicios; contribuir con la sostenibilidad del sistema mediante el seguimiento estricto del flujo de recursos; aumentar las camas de tratamiento intensivo en los hospitales, con medida especial por parte de la Superintendencia, para tener capacidad de respuesta enn momentos más críticos; intervenir algunos hospitales que venían en franco deterioro; y velar por los derechos de los trabajadores de la salud que están en la primera línea de atención.
Es propio, en todas las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los vigilados, el ánimo que siempre nos inspira: proceder con bondad. Se trata de una combinación entre humanización y el actuar con rigor. Por eso, cuando intervenimos un hospital público, revocamos la habilitación a una EPS, inspeccionamos los vigilados o tomamos medidas cautelares, entre otras diligencias, nos guía el único propósito de frenar y controlar situaciones en deterioro, que amenazan con producir un daño sistemático irreparable o que están causando una notoria afectación a los usuarios.
Como se ha repetido varias veces en las alocuciones presidenciales, tenemos claro que nosotros como autoridad de control y los actores del sistema -llámense EPS, clínicas, hospitales y entidades territoriales- no podíamos fallarles a los colombianos en esta situación tan difícil, inédita y, sobre todo, retadora.
Desde el principio, fortalecimos nuestras capacidades internas de atención con 385 agentes, abrimos una opción exclusiva para temas relacionados con la pandemia y ampliamos el horario de comunicación con el chat a 24/7. De igual forma, verificamos los protocolos establecidos, inspeccionamos los canales de atención y visitamos los dispensarios de medicamentos de las EPS, con el fin de garantizar el cumplimiento a toda la cadena primaria de servicio.
Durante la coyuntura de COVID-19, sin distinción, a la par con las visitas inspectivas, agudizamos la vigilancia sobre el desempeño de los actores para evitar incumplimiento o laxitud de sus competencias y responsabilidades.
Uno de los primeros proyectos objeto de nuestra auditoría fue el modelo de expansión propuesto en Bogotá, donde verificamos todo el proceso de implementación de la operación logística, adecuaciones y disposición de la insfraestructura física que se montó en Corferias. En este caso, dimos las alertas necesarias para que la Secretaría Distrital adoptara correctivos.
Algo muy importante ha sido el esfuerzo conjunto que hicimos con los Ministerios de Salud y Protección Social y del Trabajo, verificando la provisión de los elementos de protección y bioseguridad al personal profesional y asistencia, por parte de las ARL y de las mismas instituciones responsables de sus trabajadores.
En esa misa línea, impartimos instrucciones a EPS, IPA y wntidades territoriales, para que reportaran el rastreo integral de la atención a los casos COVID-19, con énfasis en la aplicación de pruebas, que debían garantizar las EPS a pacientes críticos.
Una vez se prendieron alertas por presuntos casos de mal uso de las Unidades de Cuidados Intensivos, urgimos a EPS e IPS el estricto cumplimiento de los lineamientos sobre el manejo clínico de los servicios de alta complejidad y, simultáneamente, iniciamos las auditorías a IPS y Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias (CRUE) de varias ciudades y municipios.
Con el apoyo de nuestras regionales, estamos acompañando mesas de seguimiento a la prestación de los servicios en los territorios más críticos y activamos las redes de controladores regionales para sumar esfuerzos en el propósito de ejercer mayor e integral vigilancia y control.
Nos la hemos jugado a fondo para actuar, cuando verificamos que algún vigilado no hace bien la tarea.
Tomamos decisiones de alto impacto como la intervención forzosa administrativa de cinco hospitales regionales con innumerables deficiencias -que se volvieron inviables- tanto en lo financiero como en lo asistencial.
Con la ayuda del sector privado y de entidades territoriales, hemos logrado que, precisamente en estos hospitales -y en todos los que tenemos bajo administración– se expandiera la capacidad instalada de camas UCI, intermedias y de aislamiento, reservadas a pacientes con COVID-19.
Un logro muy especial es Misión Colombia, un grupo de profesionales de la salud que, por iniciativa nuestra, se desplazó a los hospitales de Leticia, Quibdó y Montería, en generoso acto y sólido apoyo voluntario para la atención de población crítica.
Hoy, a pesar de las dificultades y en pro de la pandemia, continuamos inyectando capital a los prestadores de salud, a través de dos mecanismos esenciales en el propósito de sanear cartera: mesas de flujo de recursos y audiencias de conciliación. Gracias a más de 500 comunicaciones virtuales, EPS e IPS lograron acuerdos superiores a los 160.000 millones de pesos entre marzo y junio.
No menos importante fue la revocatoria parcial que ordenamos a la EPS Medimás por la acumulación de deficiencias en ocho departamentos. A partir de junio, 320.000 usuarios fueron re-asignados a otras EPS, mejorando sus posibilidades para una adecuada y oportuna atención.
Otra decisión, sin precedentes, fue dictar medidas cautelares contra seis EPS a consecuencia de miles de PQRD (peticiones, quejas, recursos o derechos de petición) acumulados o desatendidos. A pesar del plazo dado, no cumplieron al 100% dentro del término, y les abrimos investigaciones administrativas a sus representantes legales.
Además, continuamos con las decisiones especiales en materia jurisdiccional para proteger los derechos que demandan los usuarios. Entre marzo y junio, nuestro ‘juez de la salud’ emitió 1.080 decisiones o sentencias favorables a los usuarios, tanto por asuntos de acceso a servicios de salud como de reconocimientos económicos.
Creo firmemente en la efectividad, oportunidad y buen tino de todas las decisiones que el Gobierno Nacional ha venido tomando, y estoy seguro que, después de esta difícil época, saldremos fortalecidos y habremos aprendido lecciones que permitirán mejorar, todavía más, nuestro Sistema de salud.
Fuente: Publicación digital de la Superintendencia Nacional de Salud. Revista Monitor Salud. Ed. Nº 3 (2020)
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