El representante a la Cámara por el Partido Liberal, Juan Fernando Reyes Curi es el coautor del proyecto de ley que busca reformar la Constitución Política con el fin de poder regular la marihuana con uso recreativo y hacer que el Estado asuma el control tanto de la producción como de la comercialización.
CMC: si voces expertas dicen que la lucha contra las drogas está perdida, ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo para explorar el camino de la regulación del cannabis?
Creo que han existido y aún existen, dos principales problemas: la falta de evidencia y la voluntad política, pero me quiero centrar en lo primero. Cuando inicia la cruzada en contra de las drogas se construyó todo un discurso desde lo político y lo “científico” para justificarla.
Durante casi 50 años hemos venido escuchando mitos consolidados alrededor de ls drogas y, por ese camino, también hemos guardado bajo llave cualquier estudio o discurso que fuera en contra de la guerra contra las drogas. Por fortuna, en la actualidad hemos empezado a debatir con evidencia internacional y buenos argumentos, hemos notado que ciertas sustancias como el cannabis no eran lo que nos contaban, celebro que haya sucedido esto. Ñor ejemplo, esta industria genera alrededor de 17 empleos formales por cada hectárea sembrada. Para 2025, podría haber un crecimiento de cerca del 10% del área cultivada, llegar a 450 hectáreas, más de siete mil empleos e ingresos cercanos US$ 790 millones (Fedesarrollo, 2019). Además 12,8 millones de colombianos pueden beneficiarse de los productos de cannabis medicinal (New Frontier Dta, 2021).
CMC: ¿Qué lugar ocupa Colombia en la producción de marihuana a nivel mundial?
Según la República (2021), los principales mercados son Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia y Uruguay. El mercado colombiano no es aún representativo a nivel mundial, principalmente porque desde el año 2017 nos permitimos excluirnos del principal producto del mercado: la flor de cannabis. Solo hasta este año el Presidente modificó el decreto de cannabis medicinal para permitir su exportación. Por otro lado, como lo demostramos en debate de control político, hay ineficiencia por parte. del Estado en materia de trámites relacionados con la industria de cannabis medicinal.
Identifiquemos:
Una complejidad innecesaria en los trámites de las licencias.
Una externa lentitud en la expedición de licencias y permisos para poder operar. Cerca de 1.992 solicitudes estaban en trámite desde 2017. Esto analizado por entidad nos dejó aún más preocupados, pues el INVIMA tenía el 94& de sus solicitudes pendientes, el Ministerio de Justicia el 30%, y el ICA el 27%. Fue evidente en ese punto que el crecimiento de la industria de cannabis superó la capacidad operativa de las entidades.
Identificamos que hay barreras para que los actores de la industria puedan acceder a servicios financieros y, que además de lograr acceder, se les pide requisitos innecesarios.
Es por eso que a pesar de tener un potencial enorme, no ha logrado despegar.
CMC: ¡¿Por qué no se ha dado el paso de avanzar hacia una posible legalización tal como ocurrió en 2016, donde mediante la Ley 1787 se aprobó el uso médico del cannabis y sus derivados?, ¿Qué beneficios les ha traído al país esa aprobación?
Lo que buscamos es regular, legalizar implica permitir el consumo sin parámetros para garantizar que los fines de la salud pública se cumplan. Hubo un estudio de Fedesarrollo (2019) que hizo unas estimaciones muy importantes de la capacidad de generación de empleo de la industria de cannabis medicinal, incluso, un exministro mencionó que la industria podría evitarnos una reforma tributaria y recaudar hasta un poco más de tres billones de pesos.
Ahora bien , según Fedesarrollo, en materia de empleo la industria del cannabis genera alrededor de 17,3 empleos formales por cada hectárea sembrada, igual al de la industria de flores. A 2019 con solamente en Colombia 56 hectáreas cultivadas, responsables por la generación de 975 empleos y de US% 99 millones de ingresos. Fedesarrollo estima que para 2025, con un crecimiento tendencial de cerca del 10% del área cultivada, se podría llegar a 450 hectáreas, más de 7.700 empleos e ingresos cercanos a los US$ 790 millones.
CMC: ¿Cuál es la diferencia entre despenalizar y regular el uso del cannabis recreativo?
El término que preferimos usar para lo que estamos proponiendo es regular, porque legalizar o despenalizar implica, como su sentido literal lo que sugiere, permitir sin restricciones el consumo sin parámetros o reglas para garantizar que lo fines de la salud pública se cumplan. Por otro lado, al regularizar el cannabis se lograría que el Estado controle dónde, quién, cómo y qué se consume, permitiendo entre otras cosas que la percepción del riesgo no se reduzca y que, tras una buena regulación, incluso podamos reducir el consumo.
CMC: ¿Tiene algún dato aproximado de los ingresos que le entrarían al país en caso de aprobarse la regulación?
No, no existen aproximaciones económicas sobre esto. Principalmente por la falta de estudios, lo que nos ha servido de referencia acerca de la regularización del cannabis de uso adulto son los estudios de Feddesarrollo.
CMC: ¿Qué influencia tendría la regularización de la marihuana en la lucha contra las bandas criminales y los índices de violencia asociados al narcotráfico y al microtráfico?
Sin dudas, el principal problema del país es la cocaína, pero esperamos que al regular exista mayor control estatal de los territorios, reducción del tráfico por medio de fronteras internacionales y reducción de los actos delictivos asociados al narcotráfico (corrupción, muertes, desplazamiento forzado, violencia sexual, desaparición forzada), tanto para la población civil, como para las fuerzas armadas. Todo esto, al eliminar el incentivo económico del mercado ilegal y de los grupos ilegales.
CMC: ¿Cómo prevenir los efectos perjudiciales físicos y cognitivos comprobados que produce el uso frecuente de la marihuana para uso recreativo?
Es importante dejar claro que no regulamos porque el cannabis sea bueno y bonito, regulamos porque es necesario. Y la respuesta a la pregunta está en la palabra regular. Aún no tenemos claro la forma en que resulte la regulación pero es claro, al menos para mí, que lo que buscamos es que exista un consumo responsable basado en la evidencia y en la información, que no reduzca la percepción del riesgo. Por ello surge la necesidad de que las personas se encuentren informadas sobre sus efectos adversos y puedan decidir si consumir o no, siendo la información una de las principales herramientas de prevención en materia de salud pública.
CMC: ¿Cree que la sociedad está preparada para prevenir esos efectos negativos, sobre todo en la población menor de edad?, ¿Qué estrategias y políticas de salud pública propone?
Tenemos que dar el salto porque ya quedó demostrado que la guerra de 50 años contra las drogas no ha funcionado y hay que pensar un nuevo enfoque para ver los resultados. aún no lo sabemos, por eso es necesario regular. Es la guerra la que nos mata, no el cannabis, que hoy está regulado por la criminalidad y no por el Estado.
Este es un debate interesante, lo es porque todo el mundo habla de políticas de consumo y prevención de daño, pero lo cierto es que en nuestro país nunca ha existido tal cosa. Los principales recursos se destinan a combatir el narcotráfico, mientras que los servicios de salud para atender consumos problemáticos no están al alcance de todos y, a veces incluso, cuando están al alcance no se accede por el costo o por miedo a la discriminación. Les voy a poner un ejemplo que ilustra esto que les menciono: en el año 2016, el 66% de las instituciones para atención de personas con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas (SPA) se encontraban en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Quindío y Cundinamarca, es decir, que según los datos suministrados por los ministerios de Salud y Justicia, al menos 9 de los 32 departamentos no cuentan con instituciones que presten estos servicios.
Es claro que nuestros avances en el tema son muy pocos y que debemos fortalecer la política de prevención y atención para el consumo, preparar a nuestros médicos, eliminar el estigma que genera ir a estos centros de atención e implementar políticas de reducción del riesgo, como ya lo ha hecho Portugal.
Finalmente, al ser este un tema tan importante en el proyecto de acto legislativo se contempló que el Gobierno Nacional presente en un término de seis meses una política pública estricta en torno a la prevención y atención del consumo del cannabis.
CMC: ¿Tiene un plan B en caso de que sea archivada?
No hay plan B, la ruta es clara y es necesario modificar la constitución. El plan A y el plan Z es seguir dando la discusión, mejorando los argumentos y buscando más evidencia para convencer cada vez a más personas de lo viable que resulta la propuesta. Este tipo de discusiones son difíciles, pero mantendremos la actitud de debatir desde la evidencia y buscando defender las libertades individuales.
CMC: ¿Cuál es la reflexión final acerca de la importancia de regular la marihuana de uso recreativo?
Es hora de avanzar y sincerar el debate, no se regula porque sea bueno el cannabis, se regula porque es necesario. Porque debemos avanzar como sociedad y buscar un enfoque de prevención y no de prohibición, una política respetuosa de las libertades y que genere oportunidades económicas. Son muchas las razones que avalan este esfuerzo de sacar adelante esta discusión sobre el cannabis de uso adulto.
Sería el primer paso para poder avanzar hacia una legislación que regule la producción y el consumo, en campos como las licencias de explotación, parámetros de calidad, permisos sanitarios entre otros, que constituyen la estructura normativa de una actividad económica potencial para el país: la industrial del cannabis. El Estado no puede decidir sobre nuestras propias decisiones, lo que debe hacer es informarnos sobre las consecuencias que podrían tener nuestras acciones.
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