El doctor en bioética, Boris Julián Pinto, estima después de la pandemia es necesario reeducar a la sociedad con programas enfocados a los valores para la convivencia y la resolución de problemas comunes.
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Desde que el Coronavirus comenzó a expandirse por el mundo entero han aparecido una serie de dilemas éticos y análisis para encontrar la medida justa que permita saber hasta dónde se puede sacrificar la economía de un país por salvaguardar la vida de sus habitantes, o lo que está permitido o no en el afán de encontrar la forma de combatir el virus.
Según el doctor Boris Julian Pinto Bustamante, profesor e investigador del departamento de bioética de la Universidad El Bosque y de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, el conflicto ético más relevante que ha visto esta y otras situaciones de crisis, es la corroboración de la injusticia endémica que se exacerba en una emergencia como la desencadenada por el COVID-19.
“Esta pandemia ha significado una prueba de estrés que profundiza las grietas sociales, económicas y culturales que persisten a nivel global y en un país tan desigual como Colombia”.
Las medidas de aislamiento impuestas en la mayor parte del globo terráqueo pusieron el freno de mano a la economía. Muertos por millares, recesión, cierre de grandes industrias y millones de desempleados son parte del gran drama que ahora sortea el mundo entero.
En Colombia, explica el profesor Pinto, la encrucijada entre la vida o la economía se ha convertido en una tragedia social.
Las medidas de aislamiento y distanciamiento físico tienen una explicación desde la perspectiva epidemiológica y de salud pública.
Pero sin ayudas efectivas por parte de Estado y del sector financiero a pequeños y medianos empresarios, contratistas, trabajadores informales y el sector cultural, el país se ve abocado a una crisis económica cuya recuperación es lenta y dolorosa, dice. “De ahí que en esas condiciones el aislamiento se volvió insostenible.
No queda más remedio que aprender a convivir con el virus y seguir reforzando las medidas conforme se conocen mejor los mecanismos de contagio y se diseñan nuevas estrategias para enfrentar el virus, a la vez que el país económico se reactiva paulatinamente”.
Los trabajadores de la salud también son ciudadanos
La pandemia del COVID-19 enfrentó a los sistemas sanitarios a desmesuradas demandas y puso a los profesionales de la salud en una situación que no habían experimentado antes. Desde la bioética, tomar decisiones justas en un contexto injusto es un enorme desafío moral, afirma Pinto.
“En ocasiones, se exigen demasiadas virtudes morales a quienes no cuentan, en la práctica individual, con los elementos necesarios para hacer válido el derecho a la salud. Una primera consideración es que los trabajadores de la salud, antes que proveedores de servicios sanitarios y garantes de los derechos de los pacientes, son ciudadanos y pacientes, por lo que los elementos de protección personal (EPP) constituyen un derecho laboral, así como las condiciones legales de contratación y remuneración”.
La salud como derecho fundamental es una aspiración que convoca a todos los actores sociales, continua el doctor, y en ese sentido, quienes trabajan en salud tienen la doble obligación de prestar los servicios con excelencia, y de promover, como cuerpo social y político, la garantía de tal derecho.
Como lo afirma la Declaración de Lisboa: “Cuando la legislación, una medida del gobierno, o cualquier otra administración o institución niega estos derechos al paciente, los médicos deben buscar los medios apropiados para asegurarlos o restablecerlos”.
Para el profesor, esto demanda entender la medicina y las profesiones sanitarias como prácticas sociales y políticas que trascienden la dimensión técnica y operativa.
“En tal sentido, es necesario fortalecer la cohesión del gremio profesional y su capacidad de representación política con un doble propósito: garantizar la dignidad los derechos laborales de los trabajadores y la preservación de la salud como derecho fundamental”.
Otra preocupación es el rechazo hacia el personal sanitario que se observó durante la pandemia, al respecto el doctor Pinto aclara que en la figura del trabajador de la salud convergen tres representaciones paradójicas: la del proveedor de servicios sanitarios, la del paciente y la del vector que trasmite la infección.
En su opinión, hay un gran desconocimiento entre la población general sobre los mecanismos de contagio y prevención.
Al igual que ha sucedido con otras condiciones transmisibles, como la lepra, la tuberculosis, el VIH, entre otras, el desconocimiento sobre las formas de contagio genera temores infundados; por otra parte, se refuerza la perspectiva utilitaria frente al otro: ser valorados por una parte de la sociedad, presa de una ansiedad desbordada y sin mayores recursos de empatía y respeto, únicamente en términos de la funcionalidad.
Es decir, los médicos y enfermeras son valorados solo cuando están tratando al paciente. Al salir de los centros de salud se convierten en vectores. “Reducir al otro a la condición de vector, de insecto, de animal transmisor de enfermedades, es una expresión de violencia a partir de la deshumanización”.
Este fenómeno devela que, a pesar del gran desarrollo tecnológico, la humanidad no ha superado las nociones inmunitarias de las viejas pestes, sugiere Pinto.
“Revela, al tiempo, el deterioro moral de buena parte de la sociedad que valora a los otros seres según las lógicas del rendimiento. Lo importante no es lo que somos; lo importante es que funcionemos”.
En cuanto al interrogante de cómo llevar a cabo el cuidado de los pacientes de manera segura, justa y eficaz en un país donde no se respeta la autonomía médica, el doctor en bioética explica que tanto los trabajadores de la salud como los pacientes son ciudadanos y sujetos titulares de derechos.
Es un deber del trabajador de la salud respetar y promover la autonomía del paciente, lo cual implica entender sus deseos, creencias, valores y preferencias, manifiesta.
“De otro lado está la autonomía profesional, que le da al trabajador de la salud la facultad de tomar decisiones siempre en el marco de dos criterios fundamentales: procurar el mejor interés del paciente y obrar en el contexto de la Lex Artis (las normas de excelencia de la práctica profesional).
Eso significa que no toda solicitud por parte de un paciente debe ser satisfecha, pues si algún requerimiento no se ajusta a los criterios de excelencia de la práctica médica, no está indicada, produce daños prevenibles, genera costos innecesarios, vulnera la ley o los derechos de otras personas, el profesional no está en obligación de asumir tal solicitud”.
Mejorar la salud con mejores seres humanos
Para dignificar la labor de los profesionales de la salud inmersos en un sistema fragmentado, con una red pública debilitada en diversas zonas del país y con una gran precariedad laboral de los trabajadores del sector, el doctor Pinto considera que es necesario fortalecer los procesos de autorregulación que generen confianza en la sociedad.
Desde la educación, los componentes de bioética, profesionalismo y sociohumanismo son cada vez más relevantes en la consolidación de un conjunto de virtudes profesionales y de un pensamiento crítico que entienda los procesos de salud-enfermedad desde una perspectiva biológica, social y cultural.
“Pero no solo hay que educar a quienes trabajan en salud; la sociedad, en general, requiere de nuevos procesos educativos que le apuesten a los valores para la convivencia y la resolución de problemas comunes, como el pluralismo y la solidaridad. Este proceso, seguramente, necesitará varios años y voluntad política.
Como en cualquier crisis, añade, hay oportunidades y desafíos.
Dentro de las oportunidades, se pueden citar dos: la demostración de valores como la solidaridad, que se ha evidenciado en distintas iniciativas comunitarias.
Por otra parte, el reconocimiento del origen zoonótico de esta pandemia, como en otras anteriores (Ébola, VIH, SARS) vinculado a prácticas económicas e industriales relacionadas con la pérdida de la biodiversidad y el tráfico ilegal de especies silvestres, tal vez permita una mejor regulación de estas actividades para prevenir futuros brotes y el impulso de una agenda medioambiental”.
Como desafíos el doctor concluye que es fundamental la preservación de valores como el pluralismo, la libertad y la privacidad (o la ilusión de privacidad que defienden nuestras “democracias”) en el contexto de un Estado de excepción que amenaza con normalizarse en aras de la salud colectiva, por medio de tecnologías digitales de rastreo de contactos basadas en inteligencia artificial, entre otras estrategias que vinculan a los Estados con las grandes plataformas tecnológicas.
Por último, para ilustrar lo que será la sociedad pospandemia, el profesor Pinto trae a colación las palabras de Michael Houellebecq, quien afirmó que “es probable que las cosas sigan igual, y quizá un poquito peor, dada la crisis económica global a la que nos enfrentamos. Eso, mientras aparece una vacuna y se logra controlar otra pandemia”.
Pero, además, la urgencia por encontrar una vacuna no puede traducirse en una flexibilización de los requisitos éticos.
La prioridad es proteger a las poblaciones vulnerables, lo cual incluye garantizar que los beneficios de las investigaciones lleguen a todos los habitantes.
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