Aunque el ministerio de Salud le cumplió a los 4.800 médicos residentes del país, aún se espera que el ministerio de Educación haga lo que le corresponde según la Ley.
Luego de un año de haber sido sancionada la Ley de Residentes en Colombia, el ministerio de Salud expidió la resolución 1872, que reglamenta la Ley 1917 de 2018, donde se estipula que los estudiantes que estén realizando por primera vez su posgrado clínico, recibirán tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, a partir del segundo semestre de 2020 por las prácticas que realizan en los hospitales.
La Ley incluye la creación de un Fondo Nacional de Residencias Médicas, para garantizar los recursos necesarios para pagarle a los casi 5.000 residentes que adelantan su espeilización en Colombia, así como la reglamentación del Sistema de Residencias Médicas en el país y la prohibición de los cobros que hacen las instituciones prestadoras del servicio de salud a las universidades por permitirles efectuar las prácticas clínicas a los profesionales en formación.
Sin embargo, la resolución firmada por el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, el pasado 12 de julio dejó sujeta la financiación del pago a los residentes a la disponibilidad presupuestal, lo cual para algunos gremios como la Federación Médica Colombiana genera incertidumbre y deja un sabor agridulce.
La doctora Carolina Corcho, Médica psiquiatra y vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, afirma que es necesario que el gobierno garantice los recursos para el pago de los residentes mediante una asignación fija del presupuesto de la nación.
Además, Corcho insiste en que, aunque el ministerio de Salud le cumplió a los miles de residentes con la implmentación de la ley en el tiempo esperado, el ministerio de Educación no ha hecho nada al respecto.
“Hay que tener en cuenta que la Ley depende de la reglamentación tanto del ministerio de Salud como del ministerio de Educación Nacional.
Por un lado, es indispensable comenzar a pagarles a los residentes, pero por otro, es fundamental fijar un techo para el cobro de las matrículas y frenar los abusos que cometen ciertas universidades al fijar los precios.
De hecho, la Federación Médica Colombiana dirigió una carta al ministerio de Educación para pedirle que cumpa con el mandato de establecer el tope de costos operativos y administrativos de las matrículas.
Juliana Moreno Ladino, presidenta de la Asociación Nacional de Internos y Residentes, ANIR, celebra que por fin se vaya a empezar a hacer justicia social con los residentes, pero le pide al ministerio de Educación que haga lo propio para llevar a la realidad lo aprobado en la Ley de Residencias y dejar de escudarse en el principio de autonomía universitaria, que lo único que ha hecho es dejar en total libertad a las instituciones educativas para que cobren lo que quieran por las matrículas.
La Ley reconoce a la Federación Médica Colombiana y a la Asociación Nacional de Internos y Residentes como las organizaciones veedoras del cumplimiento de la misma, por lo que para estas organizaciones la implementación completa de la normativa es una garantía del respeto por el derecho fundamental de la salud en el país y representa un avance en la construcción de un Sistema General de Seguridad Social en Salud más justo y equitativo.
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