La Dra. Dilian Francisca Toro Torres, médica especialista en reumatología y directora del partido de la U, afirma que existe una sobrerregulación del sistema de salud y que la única reforma que se necesita es la que permita reglamentar la Ley Estatutaria.
1) ¿comparte la propuesta de que se necesita una reforma estructural del sistema de salud para solucionar los problemas que viene sufriendo desde hace varios años?
La reforma debe ser la reglamentación de la Ley Estatutaria, así como la implementación y el compromiso de todos los agentes del sistema para cumplir las disposiciones vigentes. Es corrector afirmar que todo lo que debía escribirse para que el sistema de salud funciones óptimamente ya está, pero lastimosamente no se ha dado el verdadero compromiso de todos para que se cumpla.
Con la Ley 100 de 1993, la Ley 1122 de 2007, la Ley 1438 de 2011 y la Ley 1751 de 2015 y sus respectivos decretos reglamentarios están dados para que el sistema de salud colombiano fluya sin complicación alguna. No obstante, hay ruedas sueltas: existen fallas que requieren mayor observación y supervisión, así como acciones de los agentes de salud para superar tales deficiencias.
No puede ser que desde la Ley 1438 de 2011 estemos hablando de la atención primaria en salud y 11 años después el Ministerio de Salud y las EAPB no hayan sido capaces de poder garantizar estas estrategias, que resultan ser más costo efectivas respectivo a la enfermedad. En esa misma ley hablamos de las redes integradas e integrales de salud y hoy son pocas las entidades territoriales que cuentan con dicha figura. En nuestro caso, cuando fui gobernadora del Valle, dejamos instalada esta red a través de una unión temporal de hospitales públicos.
Otro ejemplo es que en la Ley 1122 de 20017 dejamos claros los tiempos y porcentajes que deben pagarse por cada modalidad de contrato en la prestación de servicios de salud, pero si vamos a los hechos, se observa que hay una cadena de retrasos en el giro de recursos, donde se generan cuellos de botellas que originan frustración entre los agentes más débiles del sistema.
2) Si no se hace una reforma total a la salud, ¿cuál sería el camino para garantizar el derecho a la salud y mejorar la calidad y la oportunidad en la prestación de los servicios?
Precisamente se requiere reglamentar y cumplir lo que ya está escrito. En Colombia tenemos sobrerregulación en material de salud. Estudios estiman que cada semana salen cinco normativas para el sector que se acumulan a más de 90 mil existentes. ¿Para qué tanta reglamentación si no se cumple?
En el sistema de salud, cada actor debe hacer lo que le corresponde. También es urgente que los principales actores del sistema se dediquen a sus funciones. Las EPS deben asegurar el riesgo en salud y mantener sana su población a cargo haciendo uso de modelos diferenciados de aseguramiento y de la tecnología. Los prestadores deben brindar atención de calidad financiada por medio del giro directo a través de redes integrales e integradas de salud en los territorios.
El estado debe garantizar la gobernanza del sistema, el cumplimiento de las normas y la provisión de la financiación para que se irrigue por todo el aparato del SGSSS, con el fin de contar con mejor infraestructura, talento humano en salud dignificado en lo laboral y una satisfactoria prestación de servicios con calidad y oportunidad.
Los usuarios deben adaptarse, acoger la cultura del autociudado y lograr mayor disposición de las personas para seguir recomendaciones y asistir a programas de promoción y prevención en salud.
3) ¿Qué aspectos de los que piensa abarcar la reforma ya están incluidos en leyes de la república?, ¿en lugar de reformar bastaría con implementar la Ley 1164 de 2007 o la Estutaria, de la que fue autora?
He escuchado que hablan de la necesidad de incorporar, crear y desarrollar redes integrales e integradas en salud, la atención primaria en salud, los equipos de salud en los territorios, los sistemas de información, la dignificación del talento humano en salud, cuando en verdad estos elementos y otros componentes ya están, por ejemplo, dentro de la Ley 1438 de 2011.
En los casos de la Ley 1164 de 2007, únicamente vemos que se cumple el ReTHUS y el funcionamiento de los colegios médicos que, entre otras cosas, enfrentan riesgos de eliminación en iniciativas legislativas posteriores. Partiendo de ahí, deshaciendo lo que funciona bien e incumpliendo lo que ordena la ley, es claro que no vamos a llegar a ningún lado. Otro ejemplo; en la Ley 1164 de 2007 hablábamos de formación y tarifas de pago que apuntaban a dignificar su labor, pero es escaso el avance que se observa sobre tales elementos a la fecha.
4) ¿Es partidaria de acabar con la intermediación financiera y ponerle más contención a la integración vertical?
Muchos conciben que el problema del sistema de salud radica en lo que llaman intermediación financiera, pero (y volvemos a las leyes que ya están escritas), la Ley 1122 de 2007 concibe el aseguramiento en salud como la administración del riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud, la articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud y la representación del afiliado ante el prestador y los demás actores sin perjuicio de la autonomía del usuario.
Por lo anterior, no podemos pensar que el problema radica solo en lo financiera: el sistema integral y articulado, por lo que vender la idea que todo funciona mal por causa de la intermediación financiera es una afirmación que requiere una argumentación veráz.
Respecto a la integración vertical, es preciso afirmar que también en la Ley 1122 de 2007 logramos limitarla al 30 por ciento. Yo sí estoy de acuerdo en que si hay una posición dominante de las EPS y que no existe intersectorialidad.
5) Si no es reformar, ¿en qué debería enfocarse el gobierno para mejorar la atención en salud y el bienestar de los colombianos?
Construir sobre lo construido es el mejor camino para empezar a resolver los problemas que necesitan ser tratados en el sector. No se trata de desmantelar y desaprovechar el camino ya trazado de cara a las metas propuestas para la consolidación del mejor sistema de salud posible.
Sin duda alguna, hay aspectos que requieren una atención expedita de cara al cumplimiento de los objetivos. Se deben implementar medidas que eliminen las barreras de acceso al sistema, siempre fomentando la integralidad en integración de los servicios sanitarios con enfoque a la atención primaria en salud, la atención domiciliaria, la prevención de enfermedades, promoción de hábitos de vida saludables, el fortalecimiento del cuidado paliativos, así como la dispensación farmacéutica sin demoras.
Es menester acompañar a los actores del sistema de cara a la mejor prestación del servicio posible. En tal sentido, las EAPB deber ser capaces de asegurar el riesgo en salud y fomentar el cuidado en la población a su cargo, valiéndose de los modelos diferenciados de aseguramiento y nuevas tecnologías. Por otro lado, los prestadores deben brindar atención de calidad financiada por medio del giro directo preferiblemente a través de redes integrales e integradas de salud en los territorios. Igualmente, el Estado debe garantizar la gobernanza del sistema, el cumplimiento de las normas y la provisión de la financiación para que se irrigue por todo el aparato del SGSSS, con el fin de contar con mejor infraestructura, talento humano en salud dignificado en lo laboral y una satisfactoria prestación de servicios con calidad y oportunidad.
6. ¿Qué se puede hacer para reducir el número de tutelas por servicios incluido en el plan de beneficios, que es uno de los indicadores que usa el gobierno para justificar la reforma?
Quiero destacar, que pese a la importante prevalencia de las acciones de tutela impetradas por temas asociados a la salud, en los últimos años se ha evidenciado una disminución importante frente al global de acciones presentadas. En el 2021, según cifras de la Corte Constitucional, entre enero y noviembre de ese año, llegaron al máximo tribunal constitucional, cerca de 88,133 acciones de tutela sobre el derecho a la salud sobre un global de 436,031 acciones presentadas. Así mismo, según la Defensoría, en el 2021 fueron 92,499. Ya para los primeros meses del 2022 vemos que la cifra es cercana al 17,3 por ciento. Esa reducción también se percibe en la tasa de tutelas por cada 10,000 afiliados, presentadas contra todas las EPS, que cayó 30 por ciento al pasar de 20,21 en 2020 al 14,34 en el 2021.
Si se observan en su conjunto las pretensiones y hechos originadores del mecanismo de protección constitucional, se logra evidenciar que los indicadores de activación son constantes, por un lado, reflejan problemas de disponibilidad y acceso, y por el otro, el estado de la red pública hospitalaria y consecuencias en materia de atención, así pues, se deberán fortalecer los mecanismos ya existentes para el fortalecimiento del sistema; generar estrategias para la atención integral a corto, mediano y largo plazo; hacer estricto seguimiento a los recursos del sistema, velar por la destinación adecuada de los mismos.
Adicionalmente, es fundamental robustecer la oferta de especialistas en puntos estratégicos del país, receptores de usuarios del sistema de diferentes regiones vecinas a los puntos referentes de atención; se debe promover los mejores hábitos de vida saludable tanto en las zonas urbanas como las rurales, promover los mecanismo de atención ciudadana para peticiones, quejas y reclamos y sin duda alguna descongestionar la justicia mediante mecanismos idóneos de conciliación y negociación para la atención expedita de los pacientes.
7) ¿Qué nuevas medidas se pueden adoptar para combatir la corrupción en el sector salud?
La corrupción es un problema estructural de muchos sectores en Colombia; solo para el sector salud tenemos que los malos manejos de recursos en el sistema han derivado en cerca de 267 fallos de la Contraloría, entre el 2012 y el 2020, por cuantías cercanas a las 2,1 billones. En 2018, la Fiscalía General de la Nación detectó delitos asociados a la salud por casi $0.5 billones. Igualmente, y a modo de ejemplo, en 2020 se presentaron 33 hallazgos en Medimás que sumaron $635,500 millones por pago de servicios médicos a personas fallecidas en diciembre del 2020
Consecuentemente, una estrategia para frenar la corrupción debe tener un enfoque preventivo, uno reactivo, al igual que uno sancionatorio. Se deben desarrollar mapas de riesgo para la identificación de focos y acciones individuales asociados a los malos manejos; también debe fortalecerse el sistema de transparencia y acceso a la información por parte de los actores, siguiendo índices de cumplimiento y transparencias, así como garantizando la protección idónea de los flujos de datos manejados en el sistema.
A la par, se debe fomentar e implementar una política anti trámites realmente aplicable al sector, para garantizar una mayor vigilancia de los recursos del sistema, como se be hacer una evaluación constante de seguimiento y control a la gestión de las entidades.
8) ¿Cuál es su pronóstico del vuelco que se le quiere dar al modelo de salud del próximo año?
Cualquier reforma estructural del sistema debe ser sometida a consideración en un proceso de diálogo y debate democrático, por lo que, más allá de hablar de un vuelco al sistema, debemos orientar la discusión hacia la construcción de la mejor política pública en favor de los colombianos. Todas las propuestas a presentar deben ser discutidas, argumentadas y concertadas con el único propósito de mejorar la oportunidad y calidad del servicio mejorando todo aquello susceptible de progreso y perfeccionamiento.
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