Por Eduardo Pizarro Leongómez – Sociólogo–analista político y profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia
El paro nacional, más allá de numerosas críticas que se le pueden hacer en relación con su agenda tan difusa y su liderazgo tan inconsistente, levantó banderas de justicia social que el Estado y las élites deben escuchar.
Sin embargo, debido a los bloqueos, a la destrucción de los bienes públicos y al uso de la violencia por parte de grupos minoritarios agrupados en la denominada “primera línea”, fue perdiendo credibilidad.
Estos actos de violencia demuestran, ante todo, un profundo desprecio hacia los derechos del resto de los ciudadanos.
Los costos están recayendo injustamente sobre los hombros de toda la población, y, en particular, de los más pobres debido a la afectación del transporte público y a las pérdidas en el comercio y la industria, las cuales se comienzan a reflejar en la disminución del empleo formal y en el bajo crecimiento económico.
Por otra parte, la destrucción de los Comandos de Atención Inmediata (CAI) en los barrios periféricos están dejando a la población más marginal expuesta a redes criminales que ahora pueden actuar a sus anchas. Por último, los costos de la reparación de los bienes públicos van a afectar duramente las finanzas municipales, recortando su capacidad de inversión en beneficio colectivo.
Así como el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades es inaceptable, las agresiones contra los miembros de la Fuerza Disponible (Esmad) y de la Policía Nacional son, igualmente, inadmisibles. La violencia va en total contravía del sueño de un país en paz que abrigamos la inmensa mayoría de los colombianos.
La insensatez de la violencia
A nivel histórico han sido mucho más eficaces para lograr cambios profundos los movimientos auténticamente pacifistas, que los movimientos que han ejercido la violencia. El Mahatma Gandhi, Martin Luther King y Nelson Mandela, quienes adhirieron a la doctrina de la desobediencia civil no violenta que había sido descrita Henry David Thoreau en 1849 en su obra La desobediencia civil, lograron con sus movilizaciones pacíficas cambios profundos en sus sociedades.
Gandhi fue clave para el logro de la independencia de la India (1947), Luther King para lograr la aprobación de la Ley de Derechos Civiles (1964) y la Ley del Derecho al Voto (1965) para la población afrodescendiente estadounidense y, Mandela para poner fin al sistema de la discriminación racial, el oprobioso Apartheid, en Sudáfrica (1992).
En los tres casos, los logros alcanzados fueron el resultado de una correcta selección de los medios. Por el contrario, los métodos utilizados por algunos núcleos de los manifestantes en Colombia están conduciendo a todo a lo contrario de lo que afirman buscar: mayor pobreza, mayor desempleo, peores servicios públicos, una sociedad más intolerante y polarizada y, por tanto, menos capaz de dialogar.
La violencia está comenzando a exasperar a los ciudadanos y, en especial, a los ciudadanos de menores ingresos que son las víctimas principales de su accionar. Estos se preguntan con asombro: ¿Cómo se puede luchar por el pueblo, a costa del propio pueblo?
¿Quiénes son los manifestantes violentos?
Los manifestantes violentos que constituyen, sin duda, una aplastante minoría tienen cuatro orígenes, si nos atenemos a la experiencia internacional. En primer término, los militantes o adherentes a grupos radicales, los cuales piensan que en Colombia se está incubando lentamente una “situación revolucionaria”, favorable para desatar una insurrección urbana.
Una lectura cuidadosa de los comunicados de las disidencias de las FARC o del ELN se orienta en este sentido: dado el fracaso de la lucha guerrillera rural, es indispensable trasladar el escenario de la confrontación a los centros urbanos.
En segundo término, los manifestantes independientes de cualquier grupo organizado y que consideran necesario el ruido de las “papa-bombas” para hacerse oír.
En tercer término, los manifestantes que, sin ninguna motivación política o ideológica, aprovechan las marchas para el saqueo y el robo.
Y, por último, los “manifestantes” nihilistas, los “anarcos” que, llenos de ira y profundo malestar con una sociedad que consideran excluyente, no dudan en atacarla. Son aquellos que, en Chile, se apropiaron de la mítica canción de Los Prisioneros, “El baile de los que sobran”, cuya letra dice “únanse al baile de los que sobran. Nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad” y quienes, en la acción directa, en el enfrentamiento con la policía, encuentran un cierto sentido de identidad. Este último grupo tiene muchas semejanzas con los miembros de las “barras bravas” en el balompié mundial.
Leyes anti-máscaras
Sin duda, ha habido excesos inaceptables por parte de algunos miembros de la Policía Nacional y el Esmad, cuyos códigos de conducta, formación y valores requieren una profunda revisión.
Una exigencia similar a la que viene realizando la comunidad internacional en relación con los Carabineros de Chile y con las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS) de Francia. Además de estas medidas de control estricto de los escuadrones antimotines, ¿es pertinente prohibir el uso de máscaras en las manifestaciones públicas?
En los Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países europeos, el porte de máscaras en manifestaciones públicas está expresamente prohibido por ley y es objeto de duras sanciones. Se considera que, dado el carácter legal de estas movilizaciones y el carácter democrático del sistema político, no existe ninguna justificación para su uso.
En Estados Unidos, desde mediados del siglo XX, estas medidas se expidieron para impedir que los miembros del Ku Klux Klan continuaran utilizando sus típicas capuchas de lino blanco para ocultar sus identidades. En Canadá, mediante una ley aprobada en 2013, quienes utilizan máscaras pueden ser objeto de multa e, incluso, prisión. Lo mismo ocurre en Alemania, Austria, España, Dinamarca, Francia, Suecia, Suiza y en otros países europeos. ¿Se deben, igualmente, prohibir por ley las capuchas y las máscaras en las manifestaciones públicas en Colombia? Si las marchas son pacíficas no existe ninguna justificación para su uso.
Deja un comentario