El debate sobre la reforma a la salud se centra en el modelo del aseguramiento implementado por la Ley 100 y que ha llevado al sistema de salud a una crisis estructural.
La Dra. Diana del Pilar Colorado, coordinadora académica del Centro de Pensamiento en Derecho a la Salud de la Universidad Nacional de Colombia, y el Dr. Hernando Torres, coordinador general del Centro, analizaron la propuesta de política pública para la reforma al sistema de salud en Colombia presentada por la Gran Junta Médica Nacional en un diálogo abierto con el Colegio Médico Colombiano.
Con una visión amplificada, dos conocedores del tema que están al frente del Centro de Pensamiento en Derecho a la Salud presentan sus argumentos.
Diana del Pilar Colorado: Es necesario replantear el propósito último del sistema de salud dado que el actual modelo se enfoca en la intermediación financiera de las EPS.
El sistema gira alrededor de la intervención en salud, la prestación curativa y en aquella que resulta más rentable para los aseguradores; es decir, la atención en tercer y cuarto nivel de complejidad. De ahí que sea indispensable hacer un viraje hacia la atención primaria básica para que las patologías no se agraven y no resulten más costosas, no solo financieramente para el país sino también para los ciudadanos y pacientes.
De otra parte, el Estado debe recuperar la gobernanza, la regulación y el control del sistema de salud. Con el regente de la Ley 100 son los aseguradores quienes han venido indicando las políticas y tendencias al interior del sistema, el papel del ministerio de Salud se ha desdibujado por completo y el Estado se ha vuelto frágil frente al poder de las EPS porque perdió su capacidad de regulación, sanción y búsqueda de soluciones.
En este momento es urgente tomar las medidas necesarias para garantizar la destinación específica y respetuosa de los recursos públicos de la salud. En el actual modelo se perdió la concepción de que los recursos de la salud son públicos y que no son de las EPS.
La falta de control por parte del Estado ha permitido que los dineros de la salud sean acopiados y utilizados como si fueran plata de bolsillo de los entes privados.
A su vez preocupa la precariedad laboral de los trabajadores de la salud ocurrida con la Ley 100. La mayoría de profesionales de la salud está vinculada por contratos de prestación de servicios, incluso a través de cooperativas de trabajo asociado que resultaran haciendo una intermediación indebida y prohibida, lo que ha redundado en la violación de los derechos laborales de los trabajadores.
Otro punto a señalar es el debilitamiento de la red pública de hospitales. En el juego del libre mercado, los hospitales públicos entraron a competir en la venta de servicios, pero en condiciones de desigualdad con las instituciones privadas.
Sin desconocer que pueden existir problemas de gestión, administración y politización, la competencia desigual dada por el modelo ha marchitado al hospital público.
Hernando Torres: con la aprobación de la Ley Estatutaria de la Salud, la Gran Junta Médica Nacional que la diseño y muchos sectores del país teníamos la esperanza de que produjera un cambio radical en el modelo de salud, no en el sentido de estatizar los servicios sanitarios sino de modificar el eje de la intermediación financiera para que la salud deje de ser considerada un bien de comercio y se convierta en lo que es, un bien fundamental. Esa es la naturaleza de la incompatibilidad entre la Ley 100 y la Ley Estatutaria de la Salud.
Esta última tiene un rango superior en la estructura normativa del Estado y pasa a ser parte de la Constitución, lo que implica que todo el ordenamiento jurídico debe estar en función de esa normativa.
Sin embargo, después de dos años de sancionada la Ley Estatutaria, el desarrollo que se le ha dado sigue ceñido al modelo de la Ley 100. No se ha distinguido la esencia de lo que significa un derecho fundamental del escenario de la instrumentalización de la legislación, que sigue adherida al esquema de la Ley 100.
Por medio de circulares y decretos, sin tener en cuenta las discusiones que plantea la sociedad, el ministerio de Salud ha trazado reglamentaciones como fue el MIAS, Sistema País y Mipres que no han tenido en cuenta a la comunidad.
Por lo anterior, el nuevo gobierno debe hacer el esfuerzo de colocar la universalidad en manos de todos los colombianos.
Eso significa, por ejemplo, desarrollar el esquema de integralidad del servicio, donde se incorporare desde el elemento de la prevención hasta las medidas paliativas y su seguimiento.
Por ejemplo, aunque no sea responsabilidad directa del ministerio de salud, garantizar el acceso al agua potable debería ser una política de salud pública, pues el viceministerio de la Vivienda se encarga de hacer los acueductos y colocar los tubos, pero que los habitantes de la Guajira y del Chocó reciban agua potable tiene que ser compromiso del Estado.
Cuando la salud adquiere el estatus de derecho fundamental significa que es universal y que va más allá de la asistencia.
En Colombia se ha confundido la carnetización con el goce efectivo del derecho. Pero dado que el corazón de la Ley 100 es el esquema del aseguramiento privado, es decir, que la salud se presta según las condiciones económicas de los ciudadanos, lo cual contradice el espíritu de la Ley Estatutaria, es primordial revisar la financiación del sistema para que se haga a través de un solo Fondo Nacional de Salud con carácter de recaudador y pagador único.
Lo anterior no quiere decir que el sistema sea gratuito, sino que los ciudadanos deben contribuir proporcionalmente a su ingresos pero a un solo fondo. En síntesis, primordial es concebir la salud como un derecho y no como una mercancía cuya distribución es intermediada por compañías aseguradoras. Partiendo de ese punto, se puede desarrollar la Ley Estatutaria en función de la naturaleza del principio que encarna: la universalidad, porque es un acuerdo social en el cual todos pueden participar, incluyendo los privados, pero no como intermediarios financieros.
Los problemas urgentes que resolver
DC: Toda reforma estructural toma un tiempo de transición. Lo importante es que el nuevo gobierno dé respuesta a las necesidades de salud de las personas. Para ello hay que eliminar las frecuentes barreras de acceso. Esto es principalmente grave en las zonas rurales y marginadas; por lo menos la mitad de los colombianos están en áreas geográficamente complejas y no tienen acceso a la atención más básica, no tienen médico, no hay centros de atención cercanos, mucho menos especialistas y tampoco tienen posibilidades de transporte y movilización a centros urbanos donde tienen la oferta de servicios que requieren.
La situación depende de que el Estado disponga la oferta pública de servicios en todo el territorio y logre proveer transporte oportuno a los servicios especializados.
Los servicios básicos deben estar garantizados a toda la población, así la demanda sea tan baja que no resulten rentables. En salud el término rentabilidad no es aplicable.
Otro punto es seguir trabajando en la reducción de cargas burocráticas y administrativas que se ponen a cargo del usuario. El sistema de salud no puede seguir siendo un laberinto donde el paciente no encuentra apoyo y se sienta perdido entre trámites, diligencias, idas y venidas que constituyen barreras sutiles de acceso.
Una vez el ministerio de Salud expidió la resolución que señala las exclusiones, se debe garantizar todo lo demás que no está excluido. Ya no puede existir plan de beneficios con cargo a la UPC y mucho menos restricciones por parte del Mipres.
HT: Es prudente el destacar que se debe hacer más por la cobertura universal tanto en la población urbana como en la rural. En ese sentido, es necesario contar con un sistema integrado de información para gestionarlo. Bajo la potestad de la Ley 100 la salud pública pasó a ser un negocio de los privados y el Estado se desligó de una de sus principales responsabilidades que es garantizar el derecho de la salud.
Con más de dos décadas de ausencia y atraso en políticas de salud pública, hay que generar una gestión real del riesgo en salud. Solo hasta 2015 el ministerio de Salud se pellizcó y empezó a crear mecanismos para gestionar el riesgo en salud, entendido como evitar que la gente se enferme y que si lo hace, cuente con medidas que eviten complicaciones y daños mayores.
Sin embargo, de lo que se trata ahora es de correr el foco hacia la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud para salir del círculo vicioso de hacer rentable la enfermedad, como ocurre actualmente.
Por último, se debe dignificar el trabajo de los profesionales de la salud, como lo contempla la OIT, eso supone el respeto por el otro, por su trabajo, por sus horarios, su tiempo libre y también por el usuario o paciente.
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