Primero fue SaludCoop, luego Cafesalud, siguió Cruz Blanca, después Coomeva, entonces le tocó el turno a Medimás, y seguramente vendrán otras….
Por Aníbal Rodríguez Guerrero – Abogado y Máster en Economía Política y Seguridad Social
La receta siempre es la misma; inicia con una bulla mediática para justificar una intervención para administrar o una rimbombante medida de vigilancia especial, después de varios años de prórrogas, vacuos esfuerzos para salvar la empresa; luego una burda connivencia con el saqueo, se decreta la liquidación y el resultado es invariablemente el mismo: la vulneración a la continuidad en la atención médica para millones de personas, y la pérdida de billones de pesos que la EPS quebrada no paga a los prestadores de salud.
En todos los casos el discurso es el mismo: proteger el sistema de salud; garantizar los derechos fundamentales de los afiliados; preservar los recursos del sistema; y, otras tantas falacias cuya partitura se repite incesantemente, pero ninguna EPS que haya caído en las garras de la Supersalud se salva del saqueo y la liquidación. Pareciera que la política pública se orienta no a rescatar la empresa sino a apropiarse de los recursos públicos para luego desaparecer la evidencia del robo con la complicidad de quienes deben protegerlos.
En este escenario, para las IPS la historia se repite una y otra vez: la “heroica” intervención de la Supersalud debe ser acompañada con abnegación por los prestadores de salud a quienes se les pide que garanticen la continuidad en la prestación del servicio, pero lo que nunca se les dice es que la loable labor de atender a millones de personas, difícilmente va a ser compensada con el correspondiente pago de las facturas, pues la finalidad no es que la EPS cumpla con sus obligaciones sino apropiarse de los recursos que esta administra.
Los ejemplos de esta política son varios y contundentes:
Cuando en 2011 SaludCoop fue intervenida por la Supersalud, consta en la resolución con que se decretó la toma de posesión que en ese entonces, la EPS adeudaba a las Clínicas, Hospitales y Profesionales de su red cerca de $270.000 millones; sin embargo, después de cinco años de intervención las deudas con los prestadores crecieron a $4,4 billones. Ante tamaño desfalco ocurrido en las narices de las Supersalud, la brillante misión de los liquidadores fue glosar casi el 75 por ciento de las deudas para adelgazar las deudas a $1,2 billones y, aun así, los acreedores a quienes se les reconocieron pasivos han recibido menos del 40 por ciento de lo que se les reconoció.
Con Cafesalud el asunto fue incluso peor; en 2012, cuando la EPS fue sometida a una vigilancia especial, acorde con la resolución respectiva, sus deudas con las IPS eran del orden de $50.000 millones, pero la oscura gestión de quienes bajo la tutela de la Supersalud estuvieron a cargo de la EPS, hicieron que los pasivos aumentaran a otros $4 billones. Y, entonces, en la liquidación pasó lo mismo, glosas por el 75 por ciento, aunque en este caso, al parecer, el valor reconocido se trató de ajustar al billón, puesto que la EPS vendió a los afiliados y dicha suma teóricamente estaba disponible para cubrir las deudas; sin embargo, hoy todo indica que el deudor no va a pagar, pues Medimás, quien en 2021 fue condenada por un tribunal de arbitramento a cancelar el precio por auto-comprarse a sus afiliados, fue liquidada.
Lo más mezquino de las liquidaciones de SaludCoop y Cafesalud es que el entierro fue ideado por un rutilante exministro, exrector y excandidato presidencial, que en contradicción con su pulcra académica imagen, ideó cubrir el billonario fraude con la venta de las más de 30 clínicas que la EPS había construido y así pagar algo de lo que se le debía a las IPS, todo esto probablemente para mantener incólume la nobel reputación del presidente de la época quien, al parecer con propósitos mermeládicos, en mayo de 2011 había ordenado personalmente la intervención de SaludCoop.
En el caso de Cafesalud, como no había nada representativo que vender, para intentar pagar algo de lo adeudado a las IPS, la operación de “alta filigrana” como entonces se la llamó, fue la venta de los cinco millones de afiliados, procedimiento que de plano es ilegal, en razón a que de acuerdo con las normas del sector salud en caso de que una EPS se liquide, sus afiliados se reparten a otras EPS. No obstante, en este caso los usuarios se vendieron arguyendo que se trataba de un “activo intangible”.
El resultado de esta transacción ilegal fue la creación de la funesta Medimás, en donde una vez más se repitió la fórmula: mucha bulla, inocuas medidas de vigilancia prorrogadas por cuatro años, saqueo, liquidación y deudas impagas que a primera vista son del orden de $1,5 billones, sin contar los $860.000 millones que la EPS le quedó debiendo a Cafesalud por la compra de los afiliados.
Lamentablemente el tema de Medimás corresponde al más oscuro capítulo de la historia del sistema de salud, lo que se conocerá el día que la Fiscalía decida cumplir con su deber e investigue la pérdida de recursos que ocurrió en dicha negociación por hechos como el traslado excesivo de usuarios que superaba la capacidad de afiliación, pues nunca la opinión pública supo que se aprobó la venta de 3,4 millones de personas pero se negociaron 4,7 millones, lo que facilitó que Medimás se embolsillara $1,3 millones de las UPC pagadas de más.
Además, aunque tarde, para la memoria histórica del sistema de salud sería de gran valor que la Fiscalía pudiera establecer a donde fue a parar el medio billón de pesos de la reserva técnica que supuestamente garantizaba el pago de los servicios correspondientes a dos millones de autorizaciones médicas que Cafesalud emitió antes de la venta pero que no brindó, recursos que se esfumaron con el falso pretexto que dio la EPS y que dijo que obedecían a un mero registro contable del pasivo, engañando así a los compradores que pasaron por alto el deber legal de la EPS vendedora de constituir un activo con inversiones líquidas con el cual poder pagar a las IPS las facturas por dichos servicios.
Tal como se aprecia, son muchos puntos sobre los que el oscuro Superintendente de Salud y quienes lo precedieron guardan sepulcral silencio, pero lo sucedido pone en evidencia la urgencia de que se rompa el círculo entorno a las intervenciones y liquidaciones, y se respondan algunos interrogantes: a) si el cálculo de la UPC lo hace el MinSalud sobre la premisa de que los recursos alcancen para pagarle a los prestadores, ¿por qué se generan deudas descomunales?; b) si la glosa histórica en los procesos de facturación entre IPS – EPS es del orden del cinco por ciento, ¿cómo las liquidaciones glosan el 75 por ciento de las facturas?; c) ¿por qué si las normas del sistema de salud imponen pagos de las EPS a las IPS a 60 días y solución de glosas en un término similar, pasan años sin que la Supersalud le exija a las EPS intervenidas o en medida especial que paguen las facturas a las IPS en los términos de Ley? .
Ciertamente podríamos plantearnos muchos otros interrogantes que evidencian la dolosa ineptitud de la Supersalud en el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control, pero el propósito de estas líneas es llamar la atención sobre otro interrogante igual de grave: ¿Quién responde por las deudas de las EPS liquidadas?
Por lo regular, todas las Superintendencias argumentan que en los casos de quiebra de las empresas que son vigiladas por la entidad, por ejemplo entidades financieras, su labor es adelantar los procesos de liquidación, lo que comporta: i) identificar los acreedores y el monto de lo que se les adeuda; ii) inventariar los activos y pasivos; iii) vender los bienes disponibles para obtener liquidez; y, iv) pagar a los acreedores a prorrata del monto que se les reconoce a cada uno, y hasta donde alcancen los recursos disponibles. Bajo esta premisa, las Superintendencias, incluida la de salud aluden que los responsables de la quiebra son los administradores que fueron removidos o, eventualmente, los socios de la empresa, los cuales casi siempre arguyen que su responsabilidad va hasta el monto de los aportes y por esta vía no responden.
Entonces, aunque el panorama no pinta muy prometedor para recuperar lo debido, en el caso de las EPS liquidadas el resultado podría ser diferente pues como se expuso anteriormente, la Supersalud fungió por varios años como administradora de las EPS liquidadas, de manera que, por la vía de directas intervenciones para administrar, o por medio de medidas de vigilancia especial apoyadas en los contralores que nombró, la Supersalud fue quien gerenció tales entidades.
Así, la sórdida administración que por años desarrolló la Supersalud en varias de las EPS que han sido liquidadas, parece ser la clave para que sea el Estado el que responda por las deudas que dejaron las fallas de su ente de control, sobre todo porque la mera comparación de los estados financieros de las EPS antes de las medidas de la Supersalud y después de estas, deja en evidencia que la ineficacia y complicidad de la gestión de la Supersalud con los pillos interventores, fue la causa que llevó a la ruina a tantas aseguradoras.
Aunque hay alguna esperanza de recuperar lo debido, resulta forzoso advertir que el camino es largo y complejo pues las reclamaciones ante la justicia contencioso-administrativa son agobiantes y toman muchos años.
De toda esta historia queda otro interrogante aún más profundo: ¿el regreso a un sistema público de salud que muchos reclaman, no ocurrió ya con las intervenciones de las EPS?
Para responderse esta mayúscula inquietud basta mirar la intervención de SaludCoop en donde el Estado fue representado por el Sr. Guillermo Grosso, hoy preso y quien, formado en una universidad pública, llegó a ser interventor luego de décadas de servicio en entidades del sector público. Con el perfil de “servicio público” del personaje resulta muy preocupante ver que la reforma al sistema de salud persiga que figuras como el aludido ciudadano, sean los encargados de regresar el sistema de salud a “lo público”.
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