Mientras continuó con la intervención de hospitales, Supersalud lideró la ampliación de camas y de nuevos recursos para IPS.
Los hospitales de todo el mundo se han convertido en epicentro de las miradas durante esta pandemia global.
Aunque Colombia no ha sido la excepción, realmente el protagonismo de los hospitales públicos se ha hecho evidente desde el primer día de gobierno por el empeño que la actual Superintendencia Nacional de Salud contribuye para dotarlos, fortalecerlos y garantizarles los recursos económicos y humanos necesarios.
Se han tomado todo tipo de medidas para vigilar sus indicadores, sanear sus carteras, aclarar sus cuentas y buscar que les lleguen los recursos que prevé el sistema para su operación normal y que estén bien preparados para la atención. Y los que han puesto en riesgo la prestación de los servicios, han sido objeto de intervención administrativa.
Ampliando capacidades
Una de las múltiples estrategias adoptadas por la Supersalud durante esta coyuntura ha sido la de ampliar en 1.800 camas la capacidad de los hospitales intervenidos para que puedan atender a los pacientes cuando llegue el pico de la enferme- dad. Esta expansión de capacidad cobija camas de cuidados intensivos e intermedios, principalmente.
Con recursos propios, el apoyo financiero de las entidades territoriales y las donaciones del sector privado, para finales de junio se tenían 274 camas UCI, de las cuales 137 correspondían al plan trazado por la Supersalud.
Dentro de los centros asistenciales bajo control de la Supersalud y que han hecho su aporte en camas, están: Hospital Universitario de Sincelejo y San Marcos, de Sucre; San Jerónimo, de Montería, y Sandiego, de Cereté, en Córdoba; San Andrés, de Tumaco; Universitario del Caribe, de Cartagena; San José, de Maicao; San Andrés, de Chiriguaná, de Cesar; Alejandro Próspero Reverend, de Santa Marta; San Rafael, de Leticia; San Francisco de Asís, de Quibdó; Federico Lleras Acosta, de Ibagué y el Departamental, de Villavicencio.
“Estos esfuerzos se verán reflejados en mejores y oportunos servicios de salud para la atención de los colombianos”, manifestó el superintendente Fabio Aristizábal Ángel.
Toma de hospitales
Otra gestión que no ha parado en esta época es la intervención administrativa para rescatar hospitales de las malas gestiones.
Se calcula que al momento en que se ordenó su intervención, algunos de ellos llevaban desde el 2009 sin pagar salarios, honorarios y prestaciones sociales tanto a sus trabajadores de planta como a quienes estaban contratados por cooperativas o prestación de servicios.
En los casos de el San Marcos, de Sucre; el Julio Méndez, de Santa Marta; el San Francisco, de Asís y el San Rafael, de Leticia, fueron intervenidos por la Supersalud entre marzo y junio, como parte de las correctivos y medidas de choque que ya cobijan a 13 hospitales públicos con el fin de estabilizarlos en cuatro aspectos: financiero, administrativo, asistencial y jurídico.
Otra de las fuentes para cumplir con los pagos al personal de la salud ha sido la asignación de los recursos del Fonsaet que les ha venido girando a estos hospitales 97.409 millones de pesos, los cuales, en su gran mayoría, se están ejecutando durante el presente año.
Estos recursos también se están destinando a los pagos relacionados con impuestos y tasas, así como con los servicios prestados por los proveedores.
Plata por billones
En el objetivo de dar oxígeno financiero a las IPS públicas y privadas, hay dos herramientas que se destacan porque se han convertido en exitosas fuentes para recuperar recursos que, literalmente, estaban embolatados.
Se trata de las mesas de flujo de recursos y las audiencias de conciliación extrajudicial en derecho. Al globalizar los resultados de estos dos mecanismos durante la gestión del actual Superintendente, se llega a una cifra significativa: 1.4 billones de pesos.
Desde septiembre de 2018 no ha pasado un mes sin que la Superintendencia reúna a los representantes de las EPS, a las Secretarías de Salud municipales o departamentales y a los delegados de los hospitales y clínicas con el propósito de aclarar, negociar y acordar o conciliar las deudas que históricamente han venido acumulando.
En estos 22 meses de gestión se han realizado mesas de flujo de recursos en los 31 departamentos y en Bogotá, con un 85% de cumplimiento, y con un beneficio claro para cerca de 500 IPS al totalizar más de 790.800 millones de pesos.
“En su última visita a La Guajira el propio Superintendente se comprometió a realizar estas mesas, y al dar cumplimiento a su palabra nos ha brindado un alivio para subsanar los pasivos que tenemos con los empleados y para encontrar una salida a la actual situación”, señala Luis Rodríguez Andreoli, gerente de Hospital Nuestra Señora del Carmen, del municipio de Hato Nuevo.
En este mismo periodo se han celebrado mas de 6.500 audiencias de conciliación en todas las regiones de Colombia, muchas de las cuales también en Bogotá, en las que se han logrado acuerdos de pago por más de 620.000 millones de pesos, con un 91% de cumplimiento.
Gracias a este canal de acercamiento es que decenas de EPS han saldado deudas de facturas pendientes de pago con los hospitales en los más remotos lugares del país y les posibilitan contar con recursos para financiar su operación corriente.
“Las mesas de saneamiento de cartera nos han permitido quedar al día en el pago de las obligaciones laborales. A comienzos de 2019 llegamos a tener una deuda de seis meses con nuestros funcionarios y contratistas. Estar a paz y salvo, ha devuelto la confianza de nuestros colaboradores y una atención humanizada y segura a nuestros usuarios”, dice la gerente del hospital departamental de Villavicencio, Maryuri Trujillo.
‘Semáforo’ a los públicos
Las ESE:
- San Rafael, de Leticia;
- Sandiego de Cereté,
- San Marcos de Sucre,
- Julio Méndez de Santa Marta y
- San Francisco de Asís de Quibdó,
Fueron intervenidas para administrar por la Supersalud durante marzo y junio, por el deterioro en que se encontraban.
Los hospitales:
- San José de Maicao,
- San Andrés de Chiriguaná,
Siguen intervenidos y bajo la vigilancia especial, pero en los últimos meses empezaron a mostrar mejoría.
El Federico Lleras Acosta de Ibagué; y el Departamental de Villavicencio, fueron ‘dados de alta’ en el último año, tras estabilizar sus indicadores gracias a la intervención que les hizo la Supersalud.
La conciliación no descansa
En medio de la emergencia económica decretada por el Gobierno nacional en marzo pasado, la Supersalud no ha dejado de buscar recursos a través de este último mecanismo y se ideó la manera de seguir desarrollando las audiencias de conciliación.
Es así como a partir del 20 de abril, la Superintendencia Delegadas para la Función Jurisdiccional y de Conciliación programó una serie de audiencias virtuales diariamente convocando a través de videollamadas y de otras aplicaciones a las entidades responsables de pagos -principalmente EPS- y a los prestadores -especialmente hospitales públicos.
Pese a que las circunstancias tecnológicas no son iguales en todas las regiones del país, el llamado ha tenido buen receptividad y en tan sólo los primeros nueve días de audiencias virtuales se acordaron compromisos de pago por más de 13.500 millones de pesos.
El acuerdo de mayor cuantía fue de 1.003 millones de pesos y las 12 Instituciones Prestadores de Salud beneficiadas por pagos estaban en Bogotá y los departamentos de Chocó, Cundinamarca, Cauca, Casanare, Valle del Cauca, Tolima y Boyaca. Más de una IPS suscribió dos y hasta tres acuerdos.
En el estreno de las audiencias virtuales, algunas de las entidades responsables de pago que pactaron acuerdos fueron las EPS Convida, Coosalud, Comparta, Asmet Salud y Caprecosa, así como la Unidad de salud de la Universidad Nacional y la Dirección General de Sanidad de la Policía Nacional.
Esto demuestra que la convocatoria ha cubierto no sólo a los regímenes contributivo y subsidiado, sino también a algunas entidades del régimen especial.
El ejercicio virtual ha resultado tan eficaz, que durante junio se aplicó esta misma herramienta en jornada regional de conciliación realizada para el departamento de Santander, donde, con la gestión de la Supersalud, durante tres semanas se programaron audiencias y se lograron acuerdos entre prestadores y EPS por más de 8.200 millones de pesos y otros 4.700 millones en desistimientos.
“En todas lsa conciliaciones queremos generar acuerdos de pago que sean responsables y serios con el sistema de salud y ayuden a la sostenibilidad financiera de los prestadores”, afirma Ivhon Adriana Flórez, Superintendente Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación.
Fuente: Publicación digital de la Superintendencia Nacional de Salud. Revista Monitor Salud. Ed. Nº 3 (2020)
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