Después de las elecciones parlamentarias y a dos meses de la presidenciales, el exrepresantante Correa no es muy optimista con respecto a que el nuevo Congreso de la República haga las reformas a la salud que el país.
“Bienvenidos al negocio de la salud”… fue la expresión del ministro de Salud durante el gobierno del expresidente César Gaviria Trujillo., Juan Luis Londoño de la Cuesta (Q.E.P.D.), hace 29 años, cuando se aprobó la Ley 100 que creó sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) y que sigue vigente en Colombia. Y aunque los principios consignados en la Ley 100 parecen pura poesía, la realidad es que después de casi tres décadas muchas de esas metas fijadas a plazos establecidos aún están en mora de cumplirse, así lo dijo el doctor Víctor Correa, magíster en gobierno y políticas públicas, exrepresentante a la Cámara y profesor universitario durante la sesión Cita con el Experto del Colegio Médico Colombiano. “La práctica termina por desvirtuar la esencia de muchos de los ideales plasmados en la ley. Entre el publíquese y cúmplase hay una brecha que conduce a que tanto decreto se quede en el papel y pase a ser letra muerta”.
Después de las elecciones parlamentarias y a dos meses de la presidenciales, el exrepresentante Correa no es muy optimista con respecto a que el nuevo Congreso de la República haga las reformas a la salud que el país en verdad necesita debido a que, en su opinión, en el nuevo Congreso no son muchos los dolientes ni los interesados en meterse con el tema de una reforma estructural al sistema de salud. “Por el contrario, muchos de los parlamentarios que impulsaron el Proyecto 010 de reforma a la salud fueron reelectos y es muy probable que quieran volver a presentar el mismo proyecto pero maquillado o con otro nombre”.
Hay que recordar que el proyecto que se hundió profundizaba los fundamentos de la Ley 100, con unas figuras perversas, ya que consolidaba el modelo del aseguramiento, permitía la constitución de grandes monopolios y oligopolios en la prestación de servicios y de aseguramiento, debilitaba a los hospitales públicos, acababa la carrera administrativa en los hospitales públicos y precarizaba aún más las condiciones laborales de los trabajadores de la salud. Pero gracias a la movilización social se pudo detener a tiempo, añadió Correa.
“La elección de presidente definirá si se hace una reforma al sistema de salud o si se mantiene como está, puesto que el Congreso tiene la manos atadas frente a muchas decisiones, así como tampoco puede aprobar proyectos de ley que transformen instituciones, que den lugar a nuevas organizaciones o que impliquen gasto fiscal”.
Quienes alcanzan el poder ejercen una política que está enmarcada en su respectiva visión del mundo, agregó. Nuestro sistema de salud, continuó, así como las cosas que pasan en el país y en la sociedad, están mediadas por las conquistas que han alcanzados ciertos grupos sociales y políticos para hacer que el Estado implemente políticas con cierto contenido. “No es producto de la generación espontánea que nuestro sistema de salud sea el que es, sino que es el relato de la relación de poder que se ha alcanzado en los espacios de decisión. Dicha relación de poder, en el caso de Colombia, se alcanza en los procesos electorales y está moderada por otras dinámicas que inciden en el comportamiento gubernamental, como las movilizaciones, el lobby de los grupos de interés y la presión de sectores de la sociedad civil”.
Así, en países democráticos, como Colombia, el poder político determina las políticas públicas, incluidas las políticas de salud. Si bien es cierto que algunas leyes , como la 1122 de 2007, han hecho reformas al sistema no han podido tocar la estructura de fondo del modelo apoyado en el libre mercado. En el año 2009, el gobierno del presidente Álvaro Uribe decretó la emergencia social para evitar el colapso financiero del sistema de salud; sin embargo, algunos de sus artículos terminaban por afectar a los pacientes al restringir el derecho a la salud, a los médicos porque era una clara violación de la autonomía profesional y a la población de más bajos recursos. Pero nuevamente fue la movilización social la que abrió la puerta a grandes discusiones y a la creación de la Ley 1438 de 2011, donde comienza a tomar forma el modelo de atención primaria en salud, se diseña el plan decenal de salud, se crea el observatorio nacional de salud, se obliga a la continuidad de los tratamientos médicos, se buscan procesos de negociación descentralizada de precios de medicamentos y, en teoría, se hace la prohibición de la tercerización laboral de los trabajadores de la salud.
En 2015, la aprobación de la Ley Estatutaria de la Salud por primera vez reconoció que la salud era un derecho y no un servicio, y centró las garantías de ese derecho en el Estado. También creó la lista de exclusiones, diseñó la política farmacéutica nacional, hizo un refuerzo al enfoque de determinantes sociales, retomó el respeto por la autonomía profesional y la dignidad de los trabajadores de la salud. El problema es que tampoco se ha podido implementar, dijo Correa, porque no ha existido un genuino compromiso político de largo aliento y quienes han tenido las mayorías en el Congreso se han hecho los de la vista gorda.
Los gremios de la salud deben buscar mecanismos para lograr las reformas necesarias
En los 90 se empezó a desmontar el modelo del Estado Keynesiano y se pasó al Estado neoliberal. De esta forma el país abandonó el modelo de Estado solidario del modelo Keynesiano y se impuso el modelo económico neoliberal basado en el libre mercado, la privatización, la apertura comercial y de servicios y la competencia entre las empresas privadas contra las instituciones del Estado.
Es claro que el Estado tiene fallas como también las tiene el mercado, puntualizó Correa, pero hay un asunto crucial: en cualquier modelo de atención a la salud, la rectoría del sistema debe estar en cabeza del Estado.
“Las dinámicas del mercado privilegian el incentivo del lucro, lo que lleva a la contención del gasto o a la creación de oligopolios. Por ejemplo, si a las EPS se les quita el manejo de los recursos, dejan de ser EPS porque el manejo del dinero es lo que les otorga el poder. Parte del éxito que ha tenido la Ley 100 -y que ha sido nefasta para la salud de los colombianos- está en que le arrebató las capacidades al Estado. Eso es un asunto que se debe resolver y que toma tiempo, pero es poco probable que el próximo Congreso tenga interés en debatir estos temas. Ahí es donde los gremios tienen la responsabilidad de buscar mecanismos de presión para determinar la agenda y lograr reformas”.
Hay una clara relación entre lo que pasa en el país con las decisiones políticas y el impacto sobre la salud de las poblaciones, aseguró. Por eso, ya se trate desde el enfoque de determinantes sociales o desde el proceso salud y enfermedad, lo cierto es que el ser humano desarrolla su vida en un ambiente cambiante y eso determina la calidad de vida, entre otras cosas.
El profesor Héctor Abad Gómez, médico salubrista colombiano, columnista y defensor de los derechos humanos fue el primero en acuñar el término Poliatría (de polis = ciudad-Estado e, iatría = estudio, tratamiento, curación). Concebía una medicina totalmente nueva, multi y transdisciplinaria, que más que limitarse a intervenir y a curar la enfermedad caso por caso, podía intervenir en sus causas más profundas y lejanas, reconociendo que la enfermedad no solo tiene causas orgánicas sino que también tiene orígenes sociales. Para Abad Gómez, la salud pública era una actividad que se relacionaba con grupos humanos, no con individuos, diferencia fundamental respecto de la medicina que se practica hoy en día.
Desde esa perspectiva, las políticas públicas son la expresión de relaciones de poder, que actúan como dispositivos de control; el entorno social, económico, ecológico y ambiental constituyen una pieza clave en el engranaje de toda política pública de salud y, como tal, son un componente fundamental en el modelo de atención sanitario.
Por tal razón, toda política pública refleja un fenómeno social específico, fundado empíricamente y construido analíticamente; ese concepto define las intervenciones de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental sobre un campo específico de la sociedad o del territorio, precisó el exrepresentante.
De hecho, ningún problema público entra a la agenda del sistema si no está agendado, ratificó Correa. “Desde hace años distintos sectores de la sociedad vienen reclamando que se dé una solución definitiva a asuntos pendientes como la tercerización laboral vía contratos sindicales, la redefinición de los roles de las EPS, la crisis de la red pública de hospitales, la normativa para desarrollar la estatutaria, la reevaluación del modelo de salud y la adopción de impuestos saludables. Que al fin se logren resolver algunos de esos puntos depende de la correlación de fuerzas de poder en el Congreso, mediadas por las alianzas con el Gobierno, y para eso habrá que esperar a que el país decida quién llegará a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto”.
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