La directora del Instituto Nacional de Cancerología afirmó que la verdadera intención de incluir a la entidad en el Proyecto de Ley 010 de 2020 era transformar la institución para que pudiera cumplir cabalmente con su funciones y otorgarle herramientas jurídicas que le permitieran sortear los desafíos en la atención al cáncer, siempre conservando su carácter público.
Durante la sesión académica organizada por el Colegio Médico Colombiano (CMC) y que tuvo lugar el pasado 20 de mayo, la directora del Instituto Nacional de Cancerología (INC),Carolina Wiesner Ceballos afirmó que el artículo 57 del Proyecto de Ley 010 de 2020, archivado en el Senado de la República dos días antes, era la oportunidad que el INC había esperado por años para poder transformarse y sobrevivir como entidad del Estado.
El encuentro denominado Cita con el Experto y promovido por el CMC, se centró en aclarar los cuestionamientos que dicho artículo generó en la opinión pública, así como el alcance que tendrá su hundimiento en el funcionamiento a futuro del Instituto. La doctora Wiesner aseguró que las noticias falsas y la desinformación no permitieron entender el alcance y la importancia de este artículo. “La iniciativa no contemplaba acabar con el Instituto, ni permitir su privatización, o pasar la atención de los pacientes oncológicos a la clínica de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Por el contrario, el propósito era fortalecer al INC como entidad pública adscrita al Ministerio de Salud y Protección social mediante un régimen especial que le permitiera corregir las falencias para estar a la altura de los mejores centros de oncología del mundo”.
Para la directora, la Ley 100 terminó con muchas de las iniciativas de la red pública y favoreció el crecimiento exponencial de los servicios oncológicos privados. La dinámica del mercado fomentó la multiplicación de los negocios privados porque la oncología resultó ser una especialización lucrativa. Como sucedió con otros hospitales públicos, el Instituto comenzó a debilitarse, a tal punto que aún cuenta con procedimientos artesanales y no con las metodologías digitalizadas que debería, lo que le ha restado competitividad en un sistema movido por el mercado.
La evidencia mundial demuestra que para una mejor atención es preferible tener pocos, pero excelentes centros oncológicos, ya que la tecnología es muy costosa y la preparación del talento humano especializado toma muchos años. En el Reino Unido, por ejemplo, hay un centro integral por cada 2.5 millones de habitantes. Es decir que para una población con 50 millones de personas, como la colombiana, solo habría lugar para 20 centros integrales. En la actualidad existen 1.867 servicios oncológicos habilitados en el país, los cuales están agrupados en 343 instituciones, y el 91 por ciento pertenece al sector privado. Eso significa que en Colombia hay una sobre oferta de servicios para el cáncer que no son integrales. Así las cosas, a mayor número de servicios oncológicos, menor volumen de pacientes por servicio y, por lo tanto, menor calidad en la atención, explica la doctora Wiesner.
El INC no tiene cómo competir con los privados
A lo anterior se suma que con el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el país debe ceñirse a las políticas que constituyen un Estado. La Organización definió unos criterios para acreditar a los centros integrales para el cáncer, dentro de los que se encuentran tener un nivel superior de investigación, atender a alto volumen de pacientes y gozar de acceso fácil a los ensayos clínicos. Hay que se conscientes, comenta la doctora, de que el cáncer es un problema de salud pública en el mundo. “Se estima que para el año 2030 el incremento de la incidencia de cáncer en Colombia será del 30 por ciento. De ahí que la idea del artículo del proyecto de ley no era otra que la de transformar al INC para garantizar la sostenibilidad del sistema, particularmente para los pacientes de alto costo. El cáncer no es una enfermedad aguda, es una condición crónica que necesita un tratamiento integral, cosa que ningún bolsillo puede costear”.
Otro punto que se debe tener en cuenta, según la directora, es que el INC funciona como centro de investigación y como prestador de servicios de salud, lo que significa que es un híbrido. El inconveniente es que con la actual nomenclatura no puede desarrollar todo el potencial ni generar un mayor valor a la sociedad. “Si se revisa el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, uno de los objetivos trazados es fortalecer el INC. Por ello el Gobierno solicitó al Congreso facultades extraordinarias para que el INC pudiera diseñar una nueva normativa que le permitiera reinventarse”.
En 2019, la Unidad de Inteligencia de The Economist evaluó la respuesta social frente al cáncer de los países del mundo en tres categorías: políticas y planes, cuidados que presta, y salud y gobernanza. “Pese a que Colombia estuvo por encima del promedio entre 35 países, nos dimos cuenta de que en el INC hay mucho por mejorar, sobre todo en términos de gobernanza. Los centros integrales hacen investigación, ensayos clínicos, comparten información transnacional y acreditan de manera diferencial. Eso resulta imposible con la legislación que rige actualmente al INC”.
Para Wiesner, otro de los riesgos que constantemente corren es la fuga de recurso humano altamente calificado. “Como no se reconocen las carreras de investigación o docencia y tampoco la titulación académica, estamos en condiciones desiguales para tener buenas ofertas laborales. De ahí que necesitamos nuevas herramientas jurídicas para alcanzar un papel protagónico como organismo rector en materia de cáncer en Colombia. “No se trata de construir más edificios sino de que el Instituto haga presencia en las regiones y trabaje con los entes territoriales con los mecanismos adecuados para hacerlo de manera continua, uniforme y formalizada”.
Finamente, puntualiza la directora, lo que el artículo del proyecto de ley pretendía era darle al INC el lugar que se ha ganado a punta de trabajar con la uñas. “Queremos convertirnos en uno de los mejores centros colaboradores de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer; poder fijar las políticas de salud pública para el control del cáncer a nivel nacional; articular la investigación en cáncer con los criterios señalados por el sistema de ciencia, tecnología e innovación; ser formador de recurso humano especializado en oncología y titular la formación académica; contar con el recurso humano adecuadamente remunerado y con un régimen laboral altamente competitivo; hacer vigilancia epidemiológica del cáncer, coordinar el observatorio epidemiológico; diseñar y adaptar las guías de práctica clínica y promover el control de calidad en los programas de detección temprana.
Solo de esta forma, remata la doctora, podremos ser una institución que le sirva a todos los colombianos y que tenga respuestas a las demandas que aparecen con el cáncer.
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