Por. Alicia Arango Olmos – Ministra de Trabajo
Un fenómeno que desde la cartera laboral detectamos a finales del año pasado, el cual nos permitió prender las alarmas, es el que hemos denominado el “cartel” de las incapacidades laborales que afecta de manera grave tanto el sistema de salud como la productividad del país. Por eso considero propicio utilizar este importante espacio que gentilmente me brinda el Colegio Médico Colombiano para hacer algunas reflexiones puntuales sobre esta crítica realidad.
Conjuntamente con el Ministerio de Salud venimos analizando el caso del aumento desmedido de las incapacidades laborales expedidas por profesionales
médicos en el país, muchas de ellas sin justificación válida. En otros casos, incluso incapacidades emitidas de forma fraudulenta y presentada ante los empleadores quienes no tienen herramientas suficientes para verificar la pertinencia médica de la incapacidad emitida o su veracidad.
Las incapacidades tienen en sí misma un alto impacto financiero. Entre el 2009 y el 2017 se expidieron 2.700.000 incapacidades laborales, las cuales solo en el año 2016 sumaron 26 millones de días. La mayoría de ellas cobijaron a jóvenes con edades entre 20 y 29 años de edad y fueron dadas después de los días festivos. Al número de días pagados por incapacidades se debe sumar el efecto tanto en la producción de las empresas como en el deterioro de salud a largo plazo de los trabajadores, en los casos válidos de expedición.
Al número de días pagados por incapacidades se debe sumar el efecto tanto en la producción de las empresas como en el deterioro de salud a largo plazo de los trabajadores, en los casos válidos de expedición.
Las incapacidades tienen en sí misma un alto impacto financiero. Entre el 2009 y el 2017 se expidieron 2.700.000 incapacidades laborales, las cuales solo en el año 2016 sumaron 26 millones de días. La mayoría de ellas cobijaron a jóvenes con edades entre 20 y 29 años de edad y fueron dadas después de los días festivos. Al número de días pagados por incapacidades se debe sumar el efecto tanto en la producción de las empresas como en el deterioro de salud a largo plazo de los trabajadores, en los casos válidos de expedición.
De otra parte, al afectar el valor de la nómina en las empresas, las incapacidades también impactan negativamente y de manera directa la capacidad de generación de empleo de las empresas y la estabilidad laboral; solo como referencia, el promedio de las incapacidades de enfermedad general es de 5.5 días, lo cual representa un incremento en el valor de la nómina del 1.86 %.
En una investigación efectuada por ManpowerGroup se revela el alcance de los desfalcos cometidos a través de la emisión de incapacidades por períodos
prolongados con las que se pretenden, aparte del pago respectivo, el cobro por indemnizaciones y hasta pensiones por invalidez.
Desde el Gobierno asumimos con preocupación este fenómeno por lo que venimos haciendo un llamado a los actores del sistema a tomar conciencia por cuanto la incidencia negativa es enorme ya que detrás de cada incapacidad hay un esfuerzo del sistema de salud y de las empresas, al tiempo que se ponen en serio riesgo los recursos públicos de la seguridad social.
Si bien se cuenta con legislación para realizar el control de las incapacidades fraudulentas como el Decreto 1333 de 2018, que sanciona el abuso del derecho en esta materia, dando por terminado el vínculo laboral y en determinados casos atribuyendo responsabilidades de tipo penal, lo importante es que la sociedad tome
consciencia, particularmente los trabajadores y los médicos respecto de la magnitud de los perjuicios que se generan al país con esta trampa intolerable.
A través del Diálogo Social, desde el Ministerio del Trabajo venimos convocando tanto a los gremios empresariales como a las organizaciones sindicales para estudiar soluciones concretas y conducentes que nos permitan enfrentar esta grave anomalía. Y por supuesto, exhortamos especialmente al cuerpo médico para que en el marco de su autorregulación emita sanciones ejemplares con el fin de eliminar de una vez por todas estas prácticas, que para algunos son un descarado negocio.
A través del Diálogo Social, desde el Ministerio del Trabajo venimos convocando tanto a los gremios empresariales como a las organizaciones sindicales para estudiar soluciones concretas y conducentes que nos permitan enfrentar esta grave anomalía.
Con su decidida colaboración aspiramos a encontrar la “vacuna” a esta enfermedad de las fraudulentas incapacidades que corroe nuestro sistema de salud e impacta negativamente la estabilidad laboral del país.
Deja un comentario