Esta época es propicia para reflexionar. Y permítanme hacerlo sobre el tema que ha ocupado buena parte de mi vida laboral: la salud.
Por Fabio Aristizábal Ángel – Superintendente Nacional de Salud
Para empezar, debo confesar que no estaba en mis planes ser Superintendente Nacional de Salud. Y no lo veía, porque profesionalmente siempre había estado del lado del sector privado. Primero como odontólogo y luego como consultor, asesor y analista de las diferentes áreas del aseguramiento y del sistema de salud.
En mi círculo cercano, incluso, me advertían que no iba a salir bien librado si me metía al sector público. Finalmente, pesó más el compromiso y la confianza en mi trayectoria. Conozco al detalle la ley 100, porque participé en el equipo que la diseñó. El modelo de salud que se estructuró en ese entonces ha mostrado la fortaleza de sus cimientos a lo largo de estos 29 años y, más recientemente, se puso a prueba con ese inmenso desafío de salud pública que significó la pandemia.
Hace poco la OMS y un estudio de Bloomberg catalogaron el sistema de salud colombiano como uno de los mejores del mundo en estos dos últimos años.
Pero las voces que hablan de crisis del sistema, o del modelo, se siguen escuchando. Como organismo de inspección, vigilancia y control no desconocemos las fallas que existen y sobre ellas tomamos medidas. Son fallas de los actores, no del modelo. Y así nos lo demuestran las labores de inspección y vigilancia, en las que encontramos y documentamos todos los hallazgos.
Solamente en este año hemos tomado decisiones técnicas y de fondo sobre dos EPS reconocidas en el país: Coomeva y Medimás, que contaban -sumados- casi 3 millones de afiliados.
Las dos tuvieron vidas muy diferentes, pero falencias calcadas. La una era una de las más antiguas y la otra la más joven. La una tuvo una época de esplendor empresarial a comienzos de siglo y la otra apareció en 2017, pero en 4 años y medio ni siquiera cumplió con el pago del negocio que la vio nacer. Su parecido estaba en que se consumieron todo el ‘catálogo’ de medidas administrativas que tenemos en la Supersalud: programa de recuperación, vigilancia especial, medidas cautelares, revocatoria de la habilitación en varios departamentos donde mostraban el peor desempeño y las innumerables órdenes que les dimos para que corrigieran, y que nunca acataron. Frente a esta inocultable realidad, todavía hay quienes se preguntan por qué tomamos la decisión de intervenirlas para liquidar. Quienes lo hacen no son los miles de pacientes que se sentían desatendidos, que veían cómo les dilataban la entrega de medicamentos vitales o que soportaban interminables esperas para que les autorizaran un procedimiento.
Todo el sector de la salud, desde mi posesión como Superintendente tengo la obligación legal y constitucional de ejercer la inspección, vigilancia y control sobre todos los actores del Sistema, y desde mi posesión, el sector sabía que tenía el mandato presidencial de depurar aquellos actores o vigilados que incumplieran sus responsabilidades con los usuarios.
Desde un principio anuncié que no iba a dejar que los problemas siguieran envejeciendo o que se continuara abriendo el hueco financiero del sistema y que los usuarios siguieran siendo los ‘paganini’ de las malas prácticas.
Con las dos liquidaciones de este año, son ya 13 EPS que en los últimos 44 meses han salido del mercado. El efecto de nuestras decisiones es que el 17% de la población colombiana (9,3 millones) ya cuenta con acceso a mejores condiciones de salud en las EPS receptoras a donde fueron trasladados por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Pese a las vicisitudes, siento que hemos contribuido a proteger la vida y la salud de los colombianos.
Debo reiterar que no me cruzaba por la cabeza ser Superintendente Nacional de Salud, pero ahora no sólo no me arrepiento, sino que me enorgullezco de serlo.
Fuente: Publicación digital de la Superintendencia Nacional de Salud. Revista Monitor Salud. Ed. 08 (Enero – Marzo), 2022
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