Para la presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, el goce del derecho a la salud no depende únicamente de abrir centros de salud y de repartir médicos, sino del desarrollo social y económico del país.
Por Maricielo Acero R – Editora Epicrisis
Además, la desconcentración, la entrega de la ordenación del gasto y la creación de numerosas entidades nuevas del regional puede abrir el apetito de algunos y hacer que, en vez de sacar la mejor reforma, cojan la mejor tajada.
La doctora Clemencia Mayorga, médica pediatra, presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, y miembro de la Federación Médica Colombiana, cree que después de 29 años de transitar con la Ley 100, el sistema de salud necesita cambios que lleven a la implementación de la Ley Estatutaria, 1751 de 2015.
La reforma que se requiere, según la Dra. Mayorga, es la que permita fortalecer los logros alcanzados con el actual modelo, y avanzar en garantizar el derecho a la salud para todos, al respecto comenta la Dra. Clemencia.
“Este gobierno ha puesto en el centro de la discusión aspectos que indudablemente requieren mejoras, uno de los más importantes es lograr que todos los habitantes del territorio colombiano, especialmente aquellos que se encuentran en zonas dispersas y rurales, tengan acceso real al sistema de salud”.
otros de los puntos que destaca es la eliminación de las barreras de acceso para la atención, el respeto por la autonomía médica, la oportunidad en el pago a las clínicas y hospitales, el fortalecimiento de los hospitales públicos, el fortalecimiento de la promoción y prevención, así como el énfasis en la atención primaria en salud y las mejoras laborales para los médicos y trabajadores del sector.
Aunque, la Dra. Mayorga considera que hay voluntad política para que el sistema progrese en estos aspectos, le preocupa que pase lo mismo con la Ley 1438, que reunió muchos de estos postulados y que no se implementó.
“Podemos repetir la historia de leyes que quedaron muertas si no existen los mecanismos operativos, el Talento Humano en Salud, las capacidades técnicas y sobre todos los recursos para poner en marcha la reforma” advierte la Dra. Mayorga.
¿La reforma garantiza los recursos para asegurar el derecho a la salud?
Después de analizar el articulado de la reforma que presentó el presidente Gustavo Petro Urrego, la Dra. Mayorga se pregunta de dónde van a salir los recursos para desarrollar el modelo que propone.
“Siempre, todos los sistemas del mundo necesitan más recursos y hay que tener claro de cómo se van a obtener. Y pese a que el actual sistema de salud ha crecido, tiene un deficit del 7.7% del PIB, más de un punto por debajo del PIB en salud para la OCDE, con una población que se está envejeciendo y que cada vez va a necesitar más, sin olvidar la presión que ejercer los nuevos medicamentos tecnologías, así como el alza del dólar”, y agrega la Dra. Clemencia.
“Si se suma lo que plantea el PL 339, como la creación de 2.500 centros nuevos de APS, la organización de 20 mil equipos interdisciplinarios para APS, la formalización de los trabajadores de la salud (según los anexos del PL, cuesta nueve billones de pesos en los siguientes cuatro años), la creación de tres entidades del orden nacional, 21 de orden regional y seis entidades por cada territorio, se requieren muchos recursos, y no se hace referencia a la sostenibilidad en el tiempo. Me parece que debemos conocer esos detalles porque de ello depende el resultado” menciona.
El artículo 150 del PL 339 presentado por el gobierno señala: “Las normas de la presente ley que afecten recursos del Presupuesto General de la Nación, deberán sujetarse a las disponibilidades presupuestales, al Marco de Gasto de Mediano Plazo y al Marco Fiscal de Mediano Plazo”, y la doctora Mayorga se pregunta: “¿no es lo mismo que se criticó cuando se sujetó el derecho a la salud a la disponibilidad fiscal en una reforma anterior que terminó hundida?, ¿Va a ser responsabilidad de las regiones que alcancen los recursos?, ¿Cuál es, entonces, la responsabilidad fiscal del Estado?
Vale recordar el parágrafo del artículo 334 de la Constitución Política sobre la responsabilidad del Estado en materia de asegurar los recursos para el goce de derechos en que se señala: “Al interpretar el presente artículo, bajo ningún circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, retringir su alcance o negar su protección efectiva”, aspecto que se ratifica en la sentencia C-313 de 2014 como elemento constitutivo del derecho a la salud, “i) Sostenibilidad. El estado dispondrá, por los medios que la ley estime apropiados, los recursos necesarios y suficientes para asegurar progresivamente el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, de conformidad con las normas constitucionales de sostenibilidad fiscal”.
¿Acabar con la intermediación financiera garantiza el acceso a los servicios de salud?
La entrega de prácticamente todos los recursos de la salud a las EPS, ha generado abusos y un des-equilibrio de poder a favor de este actor porque ha tenido la chequera, dice Mayorga. “A eso se suma que estas empresas hicieron sus complejos médico-industriales, llámense clínicas y hospitales, mediante la llamada integración vertical y generaron un negocio perverso en el que reciben la plata y se contratan a sí mismas, perjudicando a las demás clínicas y hospitales.
Por eso, las 14 organizaciones y gremios médicos que hacemos parte de los “Acuerdos fundamentales para la implementación de la ley estatutaria de la salud 1751 de 2015, estamos convencidos de que la intermediación debe acabarse”, afirma.
Para la pediatra, la creación de ADRES, el banco de la salud, fue un avance importante por ser una entidad centralizada (así esté aún bajo la autorización de las EPS), que controla los recursos de la salud y que realiza buena parte del giro directo a los prestadores sin mediar con las EPS. “Así se agilizaría el flujo de los recursos y se equilibrarían las cargas a favor de los prestadores, pacientes y trabajadores”, señala.
En cuanto al impacto en el acceso a los servicios de salud, Mayorga aclara que hay otras variables que deben tenerse en cuenta. No es cierto per se, que la acción de la eliminar la intermediación financiera vaya a mejorar las listas de espera de citas, pues ello depende en gran medida de la suficiencia de médicos en el país, explica la doctora.
“Colombia tiene 2.5 médicos por mil habitantes, y en los países de la OCDE de la región tienen un promedio de 3.6 por cada mil habitantes, y en los países desarrollados el número se triplica. Tenemos un déficit real de médicos y pocos que hay se concentran en las ciudades debido a la falta de condiciones para trabajar en regiones alejadas”, dice.
Ahora bien, frente al texto de la reforma PL 339, radicado por el gobierno nacional en el congreso a la presidenta del CMCB le preocupa que no aclara cuáles serán los médicos que van a integrar los 20 mil equipos de atención primaria en salud, puesto que la atención primaria en la salud debe ser realizada con el personal idóneo, suficiente y que realicen intervenciones basadas en la evidencia científica.
“En este momento no los tenemos y los médicos que cumplen su Servicio Social Obligatorio (SSO), no solamente no serían suficientes, sino que el articulado no especifica las condiciones en las que laborarían. Si se cuenta a los médicos que hoy están haciendo consulta y atendiendo, entonces, las listas de espera para citas podrían aumentar”, comentar.
Las regiones necesitan soluciones focalizadas que vayan de la mano del desarrollo social
La Dra. Mayorga reconoce que Colombia ha venido progresando en materia de equidad en cuanto a salud se refiere. Dice que el país pasó de tener un alto porcentaje de población que no recibía atención en igualdad de condiciones, que tenía acceso restringido a ciertos servicios y los debía pagar de su bolsillo, a una población que, si bien puede tener en grado de dificultad para el acceso, está asegurada y puede exigir su derecho fundamental a la salud.
“El plan de beneficios en salud se ha ido ampliando para el régimen subsidiado y hoy prácticamente es el mismo que para el régimen contributivo, con un gasto de bolsillo muy bajo, que no es un tema menor, puesto que un gasto en salud no asegurado puede llevar a la pobreza extrema a una familia”, añade.
Según la dirigente gremial, la brecha más importante en términos de inequidad se presenta entre las zonas urbanas, donde están concentradas las EPS, las clínicas y hospitales, y las zonas rurales y dispersas, donde la lógica del actual sistema no llega.
“En un panorama tan complejo como el que genera un país tan desigual en términos de desarrollo, se requiere focalizar los problemas y las soluciones. En Colombia, que una solución funcione bien en Bogotá, en medio de la pandemia, comprobé que las realidades, así como los estilos de vida de una población son completamente distintas en una zona de Bogotá y otra, y por lo tanto, las soluciones deben ser diferenciadas, no generales, con respuestas y acciones focalizadas de acuerdo con las circunstancias específicas”.
“Por tanto, para avanzar en términos de equidad se requiere, a mi juicio, centrarse en aquellas zonas que tienen mayores problemas y aterrizar soluciones acordes a su situación. Equidad no es una solución igual para todos, equidad es precisamente focalizar y fortalecer con soluciones diferenciales donde se requiere”, puntualiza.
¿La dignificación del THS dejará de ser al fin una aspiración justa, sentida y necesaria?
En cuanto a la dignificación del Talento Humano en Salud, a la líder gremial le parece que primero hay que saber de dónde saldrán esos recursos, ¿cómo serán las reformas de contratación?, ¿Qué va a pasar en el sector privado en materia de contratación, porque de esta certeza se pueden tener perspectivas reales, que se pueden cumplir. “La clave para el éxito depende de:
- Voluntad política,
- Tener clara la implementación,
- Tener los recursos y,
- Asegurar la participación y concertación amplia que involucre a los profesionales, técnicos y al personal operativo, además de otros grupos de interés”.
Es por esa razón que el Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá viene trabajando hace casi dos años con las organizaciones y gremios médicos del orden nacional, precisa la doctora, en propuestas concretas para desarrollar la Ley Estatutaria de Salud.
“En su momento presentamos al representante del entonces candidato Gustavo Petro, el Dr. Jaime Urrego, hoy viceministro de salud, las propuestas en una reunión en la Academia Nacional de Medicina, y se mostró de acuerdo. La sorpresa es que ahora que conocemos el texto de la reforma, vemos que no se tuvieron en cuenta. Pese a esto, nuestro deber como médicos y como dirigentes de organizaciones médicos es señalar lo que consideramos que es acertado y advertir sobre aquellos aspectos que consideramos de riesgo para el sistema y para el avance en garantizar el derecho de la salud de los colombianos y residentes en nuestro país, y a eso nos hemos dedicado”, señala.
En esa misma línea, para Mayorga preocupa el artículo 134 que introduce en la auto-regulación de los médicos la participación de comités financieros o de compras, o de otro tipo, pues afirma que va en contravía de la auto-regulación, y menciona el artículo 137, dispone sanciones penales que podrían afectar a los médicos. “Si una institución, por ejemplo, no tienen el personal suficiente y como consecuencia se retrasa la atención del paciente, entonces la familia podría acusar penalmente al médico por algo que es responsabilidad de la institución”, explica.
Los médicos por ser actores de primera mano en el sistema de salud y ser lo que ejecutan el acto médico (qué es el núcleo fundamental de todo el sistema de salud), estamos dispuestos a aportar, afirma Mayorga.
“Sin desconocer que los demás profesionales y trabajadores del sector son igualmente imprescindibles, la participación de las organizaciones médicas es irremplazable, no solo por los aportes, sino por la legitimidad que adquiere cualquier reforma de cara a uno de los actores que es fundamental, para que la reforma se pueda llevar a cabo; nuestro papel es participar, proponer y advertir, y seguiremos apuntando a enriquecer el debate para construir un mejor sistema.
En el diseño del proyecto de Ley se excluyó a los médicos, pero esperaría que se tenga en cuenta a todos los actores del sistema, para que la reforma salga adelante. Una parte importante del éxito o fracaso de cualquier sistema de salud han sido y serán los médicos. Por último, es de esperar que el Congreso esté a la altura de adoptar y adaptar las diferentes iniciativas presentadas para avanzar en el goce efectivo del derecho a la salud.
Si se escucha a todos los actores, sus preocupaciones y se pone por encima el interés nacional de mejorar el sistema de salud, esta reforma puede convertirse en el avance que hemos estado esperando”, concluye la Dra. Clemencia Mayorga.
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