Además de exhibir las falencias del sistema, la pandemia ha inclinado aún más la balanza hacia el lado de las EPS que han reportado ganancias. Si el país se pone las pilas, la crisis puede ser la oportunidad de mejorar la distribución y la asignación de los recursos del sector salud.
Uno de los mayores retos del Estado colombiano en el contexto de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 es garantizar la sostenibilidad financiera de los prestadores de servicios de salud por el esfuerzo que deben hacer para salvar el mayor número de vidas posible. Colombia está atravesando el tercer pico de la pandemia que no parece declinar, y las cifras de contagios diarios y defunciones rompen todos los récords.
Luego de año y medio de estar batallando con el virus, se ha llegado cifras de más de 700 muertes en 24 horas, lo que ha ubicado a Colombia como uno de los países con peores desempeños a nivel global. Pero, ¿los números son solo reflejo de las deficiencias en la atención médica?
En la charla semanal, Cita con el Experto, el Colegio Médico Colombiano conversó con Jaime Peláez Quintero, administrador de empresas, especialista en economía, gerencia y finanzas de la salud, auditor ICONTEC, catedrático y columnista de El Pulso, para conocer el impacto que ha tenido la pandemia en el modelo de aseguramiento del sistema de salud.
Al igual que otros economistas, Peláez considera que la situación financiera del sistema es compleja. “En primer lugar, se perdieron 4.900.000 puestos de trabajo, lo que implicó pérdida de ingresos de $25.8 billones en seis meses y $5.4 billones en salud. Igualmente, se perdieron o dejaron de ingresar $80.809 millones al régimen subsidiado de solidaridad solo en seis meses de emergencia sanitaria, ambiental y económica en 2020”.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron el año pasado en la región niveles que no se habían observado en los últimos años. Ante la falta de dinero, mucha gente tuvo que salir a trabajar en lo que fuera sin importar las cuarentenas en su país.
En Colombia, el segundo semestre de 2021 comenzó con un panorama desolador en números. De ahí el afán del Gobierno por reactivar la economía para poder mitigar la explosión social que sigue palpitando en las calles. El impacto situación se ha medido en la caída en el recaudo de cotizaciones al régimen contributivo por casi dos billones de pesos. Y la cuestión es si el país tiene los recursos suficientes para amparar en el régimen subsidiado a las personas que dejaron de cotizar en el contributivo, pregunta el experto Peláez.
“Según mis cálculos se requeriría casi una UPC año (2020), para cubrir las deudas con el sistema de salud: un imposible financiero (menos hoy con un déficit fiscal de 8,9%); ello da cuenta de la magnitud de este fenómeno que hace insostenible el sistema de salud, desde la gestión y perspectiva financiera”.
¿De dónde salen las utilidades de las EPS?
La pandemia también generó un cambio en la dinámica de la oferta y la demanda de servicios de salud, lo que terminó por mover la balanza entre prestadores y aseguradores.
En este año y medio de pandemia las EPS dejaron el riesgo financiero a las IPS, quienes están obligadas a prestar el servicio. De forma simultánea, la ocupación de clínicas y hospitales obligó a la cancelación de cirugías, al retraso de diagnósticos, de detección temprana de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, de actividades de promoción y prevención y de atención primaria en salud, lo que se tradujo en menor facturación por parte de las IPS por reducción en la actividad productiva, y a una disminución de casi 25 millones de unidades equivalentes por consulta externa, explica el profesor Peláez.
“Pero cuando los recursos no están en un bolsillo, están en otro. Así, tenemos que las cifras del 2020 indican que durante ese año de pandemia las EPS han tenido un buen rendimiento financiero. Según unidades equivalentes de UPC mensual, las EPS estarían obteniendo técnicamente para su beneficio casi cinco millones de UPC mes (474,382,60) por efecto represa, es decir, servicios que no han prestado”.
Los crecientes ingresos de las aseguradoras en salud contrastan con lo producido y facturado por los prestadores de servicios de salud. Las utilidades de las EPS a junio 2020 fueron de $810.062 millones, debido, como se mencionó, a la disminución de la facturación de los prestadores, lo que indica menos atenciones, consultas, procedimientos, intervenciones, cirugías, menor dispensación de medicamentos y tecnologías en salud, recalca Peláez.
“Por parte, a las IPS Públicas se les reconocieron valores de anticipo para actividades de promoción y prevención y salud pública, muchas de las cuales siguen pendientes por realizarse. 20 millones de actividades en salud se dejaron de hacer a septiembre de 2020, lo que equivale a decir que las EPS se apropiaron de cuatro millones de UPC, un exceso de ingreso y con utilidad neta”.
Una de las líneas de acción a corto plazo tiene que ser una política de salud pública dirigida a la medicina preventiva, cercana, fácil y que genere valor, bajo criterios de eficiencia, transparencia, accesibilidad y sobre todo que resulte oportuna, señaló el economista.
Urge aumentar las fuentes de financiamiento
El COVID-19, con todas las demandas y calamidades, generó nuevas de posibilidades para implementar conductas, hábitos, políticas y estrategias que hasta hace poco eran metas a largo plazo, como la teleconsulta, teleasistencia y atención domiciliaria.
“Aún así, se precisa que los servicios se lleven a las personas, adoptar modelos productivos en gestión del riesgo, que la atención sea más fácil, con menos trámites, que se haga auditoria con pertenencia en desenlaces finales, no en soportes, papeles y trámites. Se trata de tener un sistema de salud más amistoso, funcional y que los años de vida ganados sean correspondientes a la calidad de la misma”.
La realidad del sistema es que los recursos que tiene son finitos para atender necesidades ilimitadas. De acuerdo con los cálculos del Gerente del Banco de la República, volver a los niveles de actividad económica con los ingresos de antes de la pandemia tardará hasta 2022.
En consecuencia, hay que cuidar y darle el mejor uso posible a los recaudos; hay que tomar los correctivos y adoptar las medidas necesarias para tener un sistema que asegure la caja y los mejores resultados de las intervenciones en salud.
“Gran parte de opacidad, ineficiencia y desequilibrio del sistema está en el modelo de los pagos en salud. Y la pregunta es si hay de todo para todos. No habrá sostenibilidad del sistema de salud, si como nación no generamos valor que permita aumentar las fuentes de financiamiento, pues las presiones y tensiones tecnológicas y demográficas son mayores que la capacidad de generación de nuevas fuentes de ingreso de calidad sustentable, donde los tiempos y las formas de compaginar la economía a la salud y la salud a la economía serán determinantes. Vivir más y mejor a costos razonables, debe ser la consigna fundacional de la sociedad en la nueva normalidad”.
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