Retos para la implementación de la ley de residencias médicas
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Retos para la implementación de la ley de residencias médicas


La excelencia académica que supone la formación de los residentes es un recurso que valoran los mejores hospitales del mundo, por lo que se debe modificar la percepción del concepto meramente financiero.


Por Sergio Andrade Mejía – Residente segundo año pediatría – Diego Espíndola Fernández – Residente segundo año psiquiatría

El 12 de Julio de 2018 fue para los estudiantes de posgrado de las especialidades médico-quirúrgicas (residentes) de Colombia un día histórico; pues luego de años de controversias y solicitudes, tras la unión de diferentes agremiaciones y sectores académicos, se aprobó en el Congreso la que supone parte de la refrendación de una deuda histórica que tiene el sistema de salud y educativo con los residentes del país.

La ley 1917 de 2018, la resolución 1872 de 2019 que reglamenta esta ley y el decreto 0780 de 2016, entre otros, son actos legislativos en los que se han ordenado múltiples acciones que ponen en perspectiva y propenden defender múltiples derechos de los residentes; el bienestar, la salud física y mental, la seguridad financiera y familiar de aquellos quienes ya siendo profesionales en medicina, ahora se encuentran en proceso de formación en favor de muchos colombianos.

La ejecución del contenido de la ley que reglamenta el sistema de residencias médicas de Colombia ha representado para los ministerios de Educación y Salud (MinSalud) algunos retos frente a la integración y participación de los sectores de las instituciones prestadoras de salud (IPS), las instituciones de educación superior (IES) y quienes representan la razón misma de su existencia, los residentes; de cuya interacción y directrices surgen varios retos.

Desde el punto de vista financiero, la ley y minSalud han sido claros respecto a que es responsabilidad del Estado la existencia de los recursos, para esto, el ministerio de Hacienda y el congreso deberán incluir desde la ley de presupuesto general de la nación que se discute cada año, los recursos que serán repartidos a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

Para la gestión de estos, se traslada la responsabilidad a una interacción entre la IPS e IES que se encargará de orientar las prácticas médicas de los residentes en el sistema, en los cuales vislumbramos algunos posibles percances administrativos.

En cuanto a la implementación de la ley, lo que corresponde al pago directo a los residentes, uno de los mayores riesgos que percibimos es que delega la responsabilidad en la denominada IPS base (se escoge para cada programa); puesto que ha generado dudas en algunas instituciones que desconocen el contenido de la ley en cuanto a la responsabilidad del origen de los recursos, y también ha granjeado suspicacias respecto a la transparencia de la administración de los mismos debido al panorama financiero desalentador del sistema de salud general y los antecedentes de inseguridad financiera y administraciones con accionar francamente corrupto de algunas instituciones.

En el ámbito académico, no está de más recordar que la gran movilización del 2013 en contra de la ley que pretendía reformar el sistema de salud nacional, en la que también participaron los residentes, pretendía avalar a las IPS para que formaran de manera independiente talento humano en salud, ante lo cual hubo un rotundo desacuerdo.

La ley de residentes en respuesta a la problemática relación que se venía gestando entre las IPS que generaban un cobro a las IES por la formación de los residentes, subrayó esta incongruencia educativa prohibiendo el traslado de recursos por este concepto, logrando defender el concepto fundamental de que la educación superior debe partir desde las IES mientras sean estas quienes se organizan alrededor del sistema de educación.

Ante la lamentable postura de muchas IPS que argumentan con cartera en mano que la práctica de los residentes en sus centros supone un costo adicional injustificable, y por el cual además reiteran el cobro marrullero en especie a las IES, o más triste aún, por el que las IES acceden a esa subasta soterrada por ganar plazas de rotación para sus estudiantes, creemos importante fomentar la reflexión acerca de los beneficios intangibles que acarrea la vinculación de residentes en las IPS.

La excelencia académica que supone la formación de los residentes es un recurso que valoran los mejores hospitales del mundo, por lo que se debe modificar la percepción del concepto meramente financiero.

En consecuencia, es absurdo que los residentes paguen por formarse o, peor aún, que los hospitales cobren por ello. Ante las diferentes premisas expuestas y otras que se puedan derivar, los residentes nos congregamos dispuestos a continuar movilizándonos para defender nuestros derechos.

noviembre 12, 2019

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