Tres décadas después de uno de los logros sociales más importantes del país, el sistema de salud colombiano enfrenta la mayor crisis de su historia reciente.
Nota: La opinión y conceptos personales expresados en los artículos firmados por un tercero no reflejan la posición de Epicrisis o del Colegio Médico Colombiano-CMC-.
Por: Augusto Galán, “Así Vamos en Salud” – Nancy Yomayusa. Instituto Global Para la Excelencia del Cuidado de la Salud(IGEC-K).
Los síntomas, los signos y los datos estaban ahí, pero fueron ignorados. La ausencia de gobernanza técnica y ética, y decisiones guiadas por la ideología y la concentración de poder, han precipitado una descompensación sistémica que hoy amenaza la viabilidad del sistema y pone en riesgo la seguridad, el bienestar y la vida de millones de colombianos.
Crónica de una crisis anunciada
Si lo observáramos como a un paciente, tendría poco más de treinta años. Nació en 1993 con la Ley 100, una de las reformas sociales más ambiciosas de América Latina. Su arquitectura fue innovadora para la época: aseguramiento con vocación universal, financiación per cápita ajustada por riesgo, competencia regulada entre aseguradores y organización en redes de prestación.
En aquel momento, menos del 25 % de los colombianos tenía acceso regular a servicios de salud. Tres décadas después, la cobertura supera el 98 %. Millones de familias dejaron de enfrentar la enfermedad como una catástrofe financiera —Colombia llegó a tener uno de los gastos de bolsillo más bajos de la región— y el acceso a la atención dejó de ser un privilegio para convertirse en un derecho.
Dr. Augusto Galán, Director de “Así Vamos en Salud” – Cardiólogo de la Escuela Colombiana de Medicina – Universidad El Bosque y Magíster en Administración Pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard – Estudios complementarios en Cardiología No Invasiva y Economía de la Salud – Se ha desempeñado como Ministro de Salud y Embajador de Colombia ante la UNESCO – Ha sido dirigente gremial de entidades aseguradoras en salud y de instituciones hospitalarias – Consultor del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.
Pero como ocurre con muchos sistemas de salud en el mundo —y con muchos pacientes jóvenes— las tensiones estructurales comenzaron a aparecer temprano. La principal enfermedad fue la brecha progresiva entre el crecimiento de las obligaciones del sistema y la estabilidad real de sus fuentes de financiación.
La población envejece. Las enfermedades crónicas aumentan. Las tecnologías sanitarias evolucionan rápidamente y con costos cada vez mayores. La medicina avanza más rápido que la arquitectura presupuestal que debe financiarla.
En términos clínicos, el sistema colombiano se convirtió en un paciente complejo. Pero durante años estuvo compensado.
Conviene recordar una lección básica de política pública: los sistemas complejos no siempre requieren reformas que desmonten su arquitectura institucional. Con frecuencia, su estabilidad se preserva mediante ajustes progresivos, correcciones técnicas y fortalecimientos regulatorios.
Eso fue lo que ocurrió durante años en el sistema de salud colombiano.
La Ley 1122 de 2007 fortaleció la regulación y la inspección del sistema. La Ley 1438 de 2011 consolidó la Atención Primaria en Salud como eje del modelo de atención. La Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional identificó fallas estructurales y ordenó medidas para garantizar el acceso efectivo y avanzar en el derecho fundamental a la salud.
Posteriormente, la Ley Estatutaria 1751 de 2015 lo regulo y estableció el marco para su garantía y protección. A ello se sumaron la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) y el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), orientados a fortalecer la gestión del riesgo y las rutas integrales de atención.
Estos ajustes no eliminaron las tensiones estructurales del sistema —especialmente la presión financiera creciente—, pero permitieron mantener estabilidad funcional incluso frente a choques mayores, como la transición demográfica, el aumento de enfermedades crónicas o la pandemia.
Durante las últimas tres décadas, el sistema de salud colombiano mostró avances significativos que evidenciaban que se trataba de un paciente vital, aunque no exento de dolencias que requerían tratamiento. Un progreso que también ha sido documentado en evaluaciones internacionales.
El estudio Global Burden of Disease 2019, publicado en The Lancet, evaluó la cobertura efectiva de los sistemas de salud en 204 países. Este indicador evalúa la proporción de los beneficios reales en salud que un sistema logra generar para su población frente al potencial que podría alcanzarse si la atención fuera oportuna y de calidad.
Con base en 23 indicadores que abarcan promoción, prevención, tratamiento y resultados de salud a lo largo del ciclo de vida, Colombia alcanzó un puntaje cercano a 74 sobre 100, ubicándose entre los desempeños relativamente más altos de América Latina y por encima del promedio mundial.
Por su parte, el informe Health at a Glance 2023 de la OCDE, que reconoce que Colombia logró alta cobertura poblacional y niveles relativamente favorables de protección financiera, con un gasto de bolsillo inferior al promedio de los países de la organización.
Sin embargo, el mismo análisis también advierte brechas estructurales frente a los sistemas de mayores ingresos, particularmente en disponibilidad de talento humano en salud, capacidad hospitalaria y mortalidad prevenible y tratable.
En otras palabras, el sistema no era perfecto. Tenía desafíos importantes y complejos que debían corregirse. Pero también había logrado avances significativos que constituían una base real sobre la cual seguir construyendo.
Los pacientes complejos exigen vigilancia permanente. Los signos vitales estaban ahí. Los datos eran claros. Pero las alertas fueron ignoradas.
En su lugar se adoptaron decisiones sin rigor técnico, responsabilidad institucional y la ética pública. Así los signos de deterioro hoy son evidentes.
La siniestralidad superó el 108 %. Es decir, por cada 100 pesos disponibles para atender a la población se estaban gastando 108.
Las pérdidas operacionales superan los 7,3 billones de pesos y el déficit patrimonial acumulado más de 15,8 billones. Al mismo tiempo, la deuda con hospitales y clínicas alcanzó cerca de 24 billones de pesos a mediados de 2025.
Pero también se comprometió la capacidad de generar flujo para sostener el sistema
En el modelo colombiano esa función la cumple la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la prima anual que financia el plan de beneficios de cada afiliado. Diversos análisis técnicos han advertido que no es suficiente para cubrir las necesidades, con una brecha entre 3 y 5 billones anuales.
De igual manera, el salario mínimo proyectado para 2026 podría representar más de 3,5 billones de pesos adicionales en costos para el sector.
Los Presupuestos Máximos, destinados a financiar tecnologías de alto costo y enfermedades huérfanas, iniciarían 2026 con cerca de 1 billón de pesos, cuando en 2025 se requirieron más de 4 billones para cubrir esas atenciones.
Las advertencias de crisis fueron múltiples. La Corte Constitucional ha reiterado que el Estado debe garantizar la suficiencia financiera de la UPC, la transparencia en su cálculo y el flujo oportuno de recursos, y en decisiones recientes advirtió que la insuficiencia de financiación ponía en riesgo la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud. Pero todo ha sido ignorado.
Las consecuencias ya son visibles. En 2025 el sistema cerró con más de dos millones de PQRS y más de 320.000 tutelas en salud, la cifra más alta registrada en el país.
Cuando las causas estructurales no se corrigen, el daño termina reflejándose en los resultados más graves: la vida de las personas.
La OCDE, en su informe Health at a Glance 2025, reporta para Colombia una mortalidad prevenible de 304 por cada 100.000 habitantes, más del doble respecto al promedio de los países de la organización.
Hoy vemos las consecuencias: interrupción de tratamientos, barreras de acceso, medicamentos que no llegan a tiempo, deterioro financiero de hospitales y clínicas, incertidumbre del talento humano y una creciente pérdida de confianza social.
El sistema de salud colombiano aún tiene pulso, pero su recuperación exige liderazgo técnico, responsabilidad fiscal y decisiones informadas que pongan la vida de las personas por encima de la ideología.
Porque el sistema de salud no pertenece a un gobierno ni a una doctrina política. Pertenece a la sociedad.
Las decisiones que tomemos en los próximos meses —como ciudadanos y como votantes— serán determinantes para su viabilidad.
Hoy no solo está en juego un Sistema de Salud. Está en juego la vida de millones de colombianos.
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