El doctor Hernando Augusto Clavijo, profesor e investigador del departamento de Bioética de la Universidad El bosque habla desde su especialidad del debate mundial de obligar o no a los ciudadanos a vacunarse y de la controversia nacional que ha generado la sentencia de la Corte Constitucional que amplia los casos en los que se puede solicitar la eutanasia para enfermedades no terminales.
Desde que los números de personas vacunadas comenzaron a estancarse en los países desarrollados los gobiernos, las empresas y los grupos de grandes monopolios comenzaron a utilizar una mezcla de disuasión e incentivos para cumplir con la meta de inmunizar a más del 80 por ciento de la población.
Desde ese momento el debate acerca de la obligatoriedad de la vacuna se abrió y los dos bandos quedaron claramente definidos. A mediados de este año compañías como Google, Uber, Facebook, Netflix y el Washington Post, entre otras, anunciaron que querían que todos sus empleados estuvieran vacunados; semanas más tarde Delta Airlines sacó un comunicado informando que los trabajadores aún no vacunados asumirían un incremento de 200 dólares en su seguro médico, y mientras tanto los presidentes Joe Biden, de Estados Unidos de América, y Emmanuel Macron, de Francia, fijaron el plazo máximo para hacer que los trabajadores oficiales, el personal sanitario y quienes trabajaran con adultos mayores o personas vulnerables recibieran al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.
En ese contexto quedó planteado el dilema ético de la obligatoriedad de la vacuna frente a la vacunación voluntaria. El doctor Hernando Augusto Clavijo M.D., M.Sc., M.Ed, doctorando en bioética y profesor e investigador de la Universidad El Bosque, afirma que es necesario considerar el alcance del término “obligatorio”, pues en varios países hace referencia a sanciones en el caso de que las personas no se vacunen, las cuales pueden variar según la legislación de cada nación. Así mismo, dice que al hablar de obligatoriedad es pertinente identificar los grupos etarios con base en los avances tecno-científicos.
“Un carácter mandatorio debería también acompañarse de la garantía de un cubrimiento de suficientes dosis para la población y facilidades en el acceso con criterios de equidad. Muchos grupos de personas, especialmente los indecisos frente a la vacunación, pueden ser persuadidos con menos coacción y más campañas publicitarias, educación con criterios éticos, una adecuada información sobre las relaciones riesgo/beneficio y eficacia/efectividad, y una comunicación asertiva que implique la depuración de las noticias con evidencia científica de las que carecen de la misma, siendo estas últimas las que tienden a difundirse más con mayor rapidez por la web y las redes sociales. Estas medidas pueden ser muy efectivas y deberían ser consideradas antes de la imposición de una obligatoriedad”.
De otro lado, vale recordar, según el doctor Clavijo, que los movimientos antivacunas tienen argumentos de diferente índole: motivos religiosos, interpretación de una autonomía vista como una libertad con una jerarquía superior frente a otros principios éticos, considerar que las vacunas solamente son otra forma de enriquecimiento de los laboratorios farmacéuticos y teorías conspirativas.
“Cualquier medida de obligatoriedad debería ir acompañada de argumentos que sean suficientes desde la salud pública y de una adecuada educación a las personas con criterios éticos. El compromiso político también debería ir más allá de estas instancias y plantear estrategias para superar la inequidad que existe en la aplicación de las vacunas a nivel mundial”.
En cuanto a la obligación de portar el carné de vacunación para entrar a lugares públicos, el profesor Clavijo recuerda que restricciones como no fumar en lugares públicos o no mezclar el conducir con el consumo del alcohol existen desde hace algún tiempo, pero cree que iniciativas como el pasaporte verde generan incertidumbre en torno a aspectos como la confidencialidad de la información, la posibilidad de discriminación, los criterios de inclusión y de exclusión de las vacunas que sean aceptadas en el pasaporte y la actualización constante con base al conocimiento tecnocientífico (por ejemplo, el número de dosis y los grupos etarios).
“Es evidente que los pasaportes verdes promueven la idea de una mayor protección de los ciudadanos de un país y está claro que los países tienen plena autonomía para esta toma de decisiones; sin embargo, representan solamente una estrategia dentro de muchas posibilidades de solución y no se debería considerar como una opción que automáticamente cierra la puerta a otras alternativas y reflexiones, como la mayor cooperación que deben tener los países para hacer frente a la pandemia. Siempre habrá que insistir en que la educación con criterios éticos es mucho más adecuada frente a lo que muchos pudieran interpretar como coacción con medidas restrictivas. Para el caso de los profesionales de la salud, de forma prima facie, el principio ético de no maleficencia implica considerar la corresponsabilidad frente a los pacientes y los colegas”.
Ante la probabilidad de que el mundo se divida el próximo año entre vacunados y no vacunados para gozar de ciertos privilegios, el investigador Clavijo dice que el lucro no debería ser nunca la razón de ser de algunas industrias y citó lo que advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS) con respecto a que la desigualdad de las vacunas es el mayor obstáculo del mundo para poner fin a esta pandemia y recuperarse de la COVID-19.
Para Clavijo, la pandemia ha encrudecido aún más las desigualdades y resaltó el mensaje reciente del asesor del director general de la OMS, Peter A. Singer: “Dele a un país una vacuna y se vacunará por un día. Enséñele a un país cómo fabricar vacunas y serán vacunados de por vida”.
¿Cabe la eutanasia dentro del juramento Hipocrático?
En julio de este año la Corte Constitucional de Colombia publicó la sentencia C-233/21 que modifica los requisitos para solicitar en Colombia la muerte asistida a través de la eutanasia y dispone que toda persona que se encuentre en agonía, padeciendo una enfermedad avanzada incurable o una terminal puede acceder a la misma. Según el doctor Clavijo, con los avances tecnocientíficos muchos de los dilemas éticos del fin de la vida que observamos actualmente no se presentaban antiguamente. Con respecto al conflicto ético con el juramento Hipocrático anota que, aunque algunos países conservan la esencia de dicho juramento, también lo han adaptado a las dinámicas sociales.
“La búsqueda de ese equilibrio debe pasar por la deliberación bioética para poder procurar aclarar las situaciones y en lo posible establecer consensos. El juramento Hipocrático es un referente absolutamente pertinente para los profesionales de medicina; no obstante, no agota el surgimiento de conflictos de valor de los pacientes, sus familias y el mismo personal sanitario. Hay que evitar conductas como el paternalismo médico que vulnera los derechos de los pacientes y desconoce sus valores o la interpretación de la beneficencia entre otros principios éticos. Y recordar que los médicos tienen derecho a la objeción de conciencia, un derecho fundamental establecido en la Constitución Política de nuestro país y que es individual”.
En el escenario del choque que surge entre la libertad de la persona a decidir sobre su vida y la autonomía que tiene el médico de actuar con la intención de no dañar y salvaguardar la vida, el profesor dice que es válido preguntarse si un paciente en estado terminal o con una condición de una enfermedad grave e incurable pero no terminal, que también le genera mucho sufrimiento y vulnerabilidad, podría cumplir con todas las características de la autonomía postulada en el principialismo tradicional Anglosajón para una toma de decisiones.
“Existen distintas caras de la autonomía, como una autonomía quebrada que propone Corine Pelluchon, y la autonomía relacional, que se concibe más como un proceso de construcción desde la mirada de autoras como Carol Gilligan, Catriona Mackenzie y Natalie Stoljar. En palabras de Ricardo Maliandi, en ocasiones los conflictos éticos no se resuelven sino que se disuelven cuando un principio ético reclama cumplimiento óptimo sobre otro principio”.
Pero, entonces, frente al interrogante de cómo decidir a quién se le puede brindar la muerte asistida ahora que los pacientes no terminales pueden acceder a la eutanasia, el doctor Clavijo explica que en los países en los que coexisten las posibilidades de eutanasia y de suicidio asistido se debe brindar una adecuada información a los pacientes y respetar su autonomía en la toma de decisiones.
“En el suicidio asistido, a modo de ejemplo y recordando que se debe cumplir con una serie de requisitos, el médico brinda el conocimiento, acompaña al paciente, proporciona las sustancias químicas y es el paciente quien decide en qué momento se aplica él mismo las sustancias químicas que conllevan a su fallecimiento.
Uno de los enormes desafíos a futuro está en la flexibilización de los requisitos para la realización de estos procedimientos. En los Países Bajos es conocido que personas mayores de 55 años están solicitando la posibilidad de la eutanasia con el argumento de que “están cansados de vivir”, es decir, se trata de una solicitud sin una condición médica, psicológica o socioeconómica que la justifique, asegura Clavijo.
“Existen argumentos a favor y en contra, así como otros que proponen que los procedimientos se podrían realizar a partir de los 75 años. Pero la realidad es que ya hay naciones que permiten el ingreso de otras nacionalidades para practicarse este tipo de procedimientos, situación que se conoce como “turismo de eutanasia”.
¿Prima el derecho a la vida o la dignidad humana?
El concepto de dignidad está relacionado con la promoción y protección de la salud, también con el respeto a la autonomía, la humanización, la igualdad de derechos, la preocupación por el otro y por su vulnerabilidad. Al fin y al cabo, todos nosotros somos más o menos vulnerables según las circunstancias y en diferentes momentos de la vida, exclama el profesor.
“En este sentido, Florencia Luna tiene una propuesta muy interesante al analizar la temática como capas de vulnerabilidad. ¿Es más o menos vulnerable una persona con una condición terminal que una persona que tiene una condición grave e incurable pero no terminal, que también le provoca mucho sufrimiento? José Carlos Bermejo plantea que humanizar es un asunto ético, no es posible separarlo de los valores que guían la conducta en el contexto de la salud. Hablamos de humanización cuando los valores también contribuyen a diseñar bien sea políticas, programas y cuidados, así como a velar para que todo ser humano sea tratado dignamente”.
Como reflexión final, el doctor Clavijo considera que la sociedad debe tener un mayor conocimiento del tema y anota que hace varios años el doctor Boris Julián Pinto planteó la necesidad profundizar, clarificar y educar en los conceptos de eutanasia, suicidio asistido, sedación terminal y cuidados paliativos para poder deliberar sobre los mismos.
“Es importante que el país siga consolidando los procesos de atención de los cuidados paliativos y la formación integral del personal sanitario en este campo del conocimiento porque está demostrado que independiente de las voces a favor o en contra, a medida que mejoran los indicadores de los cuidados paliativos, disminuyen las solicitudes de procedimientos de eutanasia. Aunque Colombia es uno de los países pioneros en dialogar y legislar acerca de la muerte digna, aún hay mucho que aprender de las experiencias de otros países, pero se requiere de un mayor protagonismo del Congreso para plantear, deliberar y especialmente para llegar a consensos sobre las propuestas de reglamentación (Sentencia C-233 del 2021), con base en los nuevos desafíos que se presentan y una sociedad que tenga la oportunidad de un mayor acceso a la educación con criterios éticos, que reconozca cada vez más que vivimos en sociedades pluralistas y consciente de la importancia de respetar los puntos de vista con moralidades dotadas de contenido que son diferentes”.
Deja un comentario