La nación colombiana debe redefinir sus prioridades de desarrollo, y orientarlas al buen vivir de sus habitantes, pues de ello depende modificar los determinantes sociales de carácter estructural que impactan de forma directa las condiciones de salud y bienestar de los colombianos.
Por Dionne Alexandra Cruz Arenas – Politóloga con énfasis en Gestión Pública, Magister en Administración de Empresas – MBA y Especialista en Pensamiento Estratégico y Prospectiva
El artículo 11 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho a la vida como inviolable y estipula que no habrá pena de muerte.
No obstante, diariamente en nuestro país se pone en riesgo la vida por razones burocráticas, administrativas, económicas y políticas; son las fallas del sistema de salud que presenta problemas de fondo, que no se resuelven con reformas puntuales sino por el contrario, demandan de un proceso colectivo que defina participativamente los horizontes de la nación para la plena satisfacción del derecho a la salud, reconocido por numerosas sentencias de la Corte Constitucional y elevado a rango de derecho fundamental mediante la Ley Estatutaria 1751 de 2015, norma de obligatoria lectura y aplicación en nuestras instituciones educativas, en las entidades prestadoras y promotoras de salud y en las entidades territoriales a lo largo y ancho de la geografía nacional.
La vida se pone en riesgo cuando se anteponen los intereses de la industria farmacéutica, de los intermediarios y aseguradores, de los corruptos y politiqueros, al derecho a la salud de millones de niños, adolescentes y jóvenes, padres y madres gestantes, adultos mayores, personas con discapacidad, campesinos, indígenas, afrocolombianos y gitanos, colombianos todos, a quienes se les desconoce el principio de la dignidad humana, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos desde 1948.
Es inconcebible que en un país que pierde 50 billones de pesos anuales en corrupción, se nieguen tratamientos, medicamentos, exámenes, médicos especialistas, con el argumento de la falta de recursos o por la aplicación del principio de sostenibilidad fiscal; así como que se le corte el paso a las consultas populares, mecanismo de participación creado por la Constitución de 1991 para darle vigencia al principio de soberanía popular al someter a consideración de la población de un municipio, departamento o de la nación un asunto de interés público, con la misma explicación.
La nación colombiana debe redefinir sus prioridades de desarrollo, y orientarlas al buen vivir de sus habitantes, pues de ello depende modificar los determinantes sociales de carácter estructural que impactan de forma directa las condiciones de salud y bienestar de los colombianos; desde las épocas de la Colonia el país arrastra un modelo extractivista fundado en la producción y exportación de materias primas, en su mayoría minero energéticas, de las cuales el petróleo ya presenta fecha de vencimiento a cuatro años, razón por la cual los defensores de este modelo avanzan con la temida modalidad del fracking o fracturamiento hidráulico, cuyos efectos sobre la salud humana y ambiental son incalculables, y comprometen la disponibilidad y calidad de recursos naturales para las generaciones que están por nacer.
“El Servicio Geológico de Estados Unidos, donde más de 15 millones de personas viven a menos de un kilómetro de un lugar donde se hace fracking, encontró que el número de temblores ha pasado de 20 a 100 desde octubre de 2013 en estados como Oklahoma y Ohio, debido a la reinyección del agua no reciclable en la tierra que se hace en esta actividad.”
El Estado colombiano, propietario de los recursos del subsuelo, recibe en promedio tan solo el cuatro por ciento de las riquezas que le son extraídas, una paradoja obvia que amerita una profunda reflexión de nación, pues además en los pueblos mineros, la pobreza promedio es del 74 por ciento, en los petroleros del 65 por ciento, y en aquellos que no realizan actividades extractivas, del 43 por ciento (Contraloría, 2014).
Ello sin contar las graves problemáticas socio ambientales generadas; para ejemplificar, los 83.000 nuevos reportes de malaria en zonas mineras en el 2016, una enfermedad que se creía superada, de los cuales el departamento del Chocó aportó 54.000 casos, lo que representa el diez por ciento de su población (MinSalud).
O los alarmantes hallazgos arrojados por la investigación del Tecnológico de Antioquia, en la que se detectaron altos niveles de contaminación por mercurio en el agua, los peces, y la leche materna que las mujeres de los municipios mineros de Segovia, Remedios, El Bagre y Zaragoza, brindan a sus pequeños hijos (Molina, 2017).
Ya es hora de avanzar con decisión hacia un cambio estructural de modelo que brinde respuesta a condiciones de vida, salud y bienestar para todos, que transite de las economías extractivas a la economías vivas, el desarrollo de la vocación agrícola del territorio, que al día de hoy no supera los seis millones de hectáreas, y cuyo potencial es de 21.5 millones, el ecoturismo, que se ha convertido en el segundo renglón de la industria nacional, con la generación de 5.600 millones de dólares de divisas, el cuidado y la conservación de las fuentes hídricas, de las cuales Colombia es una potencia mundial, los ecosistemas y la protección de la Madre Tierra, todo ello construido sobre una base comunitaria, de la mano de quienes habitan el territorio.
Se avecinan las elecciones legislativas y presidenciales, sea esta una buena oportunidad para repensar las agendas de nación, identificar las verdaderas prioridades del país, no de aquellos que se otorgan el derecho de opinar sobre aquello de lo que solo saben quienes sufren los resultados de un modelo que venimos padeciendo desde los 90’s.
La política auténtica es un arte al que están llamados no sólo los más preparados, sino los más conscientes de su papel en la historia, de su deseo genuino de trascender en el servicio público, y de engrandecer la patria como demanda nuestra Carta Política.
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