Apareció el COVID19 para enterar a toda una nación de un secreto a voces, y es que el talento humano en salud (THS) en Colombia, está siendo sometido histórica y sistemáticamente a condiciones denigrantes y de extrema indignidad.
Por Dr. Julio Julio Peralta – Médico gineco-obstetra de Valledupar
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Basta con detenernos en un análisis ni siquiera profundo y minucioso, más bien somero de las diversas situaciones dentro de las que podríamos destacar la perjudicial forma de contratación mediante la cual se vincula al THS en la instituciones de carácter tanto público como privado en esta país del Sagrado Corazón, e inmediatamente descubrimos como se vulneran derechos fundamentales consagrado en nuestra carta magna y en la legislación vigente, dentro de los que podríamos mencionar, el derecho al trabajo, el derecho a mínimo vital, el derecho a la vida, entre otros.
Hemos sido sometidos a condiciones tan aberrantes y humillantes bajo la mirada complacientemente cómplice y el accionar pusilánime de un Estado ruin que permite que a los llamados héroes, se les deje de cancelar hasta 12 meses de sus honorarios, tal es el caso del Hospital Rosario Pumarejo de López en la ciudad de Valledupar, entidad esta donde se han fraguado estrategias debidamente concertada por la clase dirigente, para conducirla al fracaso financiero, con objeto de luego entregarle la administración del mismo a un operador privado, como forma de devolver un favor político. Y quien termina pagando todas las consecuencias, la parte más delgada por donde ser rompe el hilo es, obviamente el THS.
La vinculación del THS a las instituciones se sigue haciendo a través de las afamadas Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) consagradas en el código civil, preponderantemente en centros privados, y todo esto con el objeto de desconocer el pago de prestaciones sociales y demás beneficios que contempla el contrato de trabajo consignado en el código sustantivo laboral.
Y ni que hablar de la manera como se contrata al THS en las empresas sociales del estado (ESE), mediante las infames asociaciones sindicales, las cuales en su gran mayoría resultan ficticias, convertidas en un eslabón más de la intermediación laboral, que han enriquecido a ciertos mercaderes con el producto del desempeño laboral del THS, pero que favorecen el desmedro de las condiciones dignas con las cuales deben estar revestidos todos los trabajadores, lo que contradice la normatividad vigente entre esas, la ley 1429 de 2010 en su artículo 63 y la ley 1438 de 2011 en su artículo 103, entre otras; allí se contempla que el desarrollo de funciones misionales en las ESE debe ser cubierto por personal vinculado a través de la planta, y excepcionalmente cubierto por funcionarios vinculados a través de terceros, pero paradójicamente aquí la excepción se convirtió en la regla, verbi gracia lo que ocurre en el Hospital Rosario Pumarejo de López, donde patéticamente hay más de 700 trabajadores prestando sus servicios mediante asociaciones sindicales y sólo 45 funcionarios conforman la planta.
Yo pregunto,¿ dónde está el máximo órgano rector en salud a nivel nacional? ¿Por qué Minsalud calla? ¿Por qué la Supersalud solo mira los toros desde la barrera? Acaso, ¿Mintrabajo no tiene pleno conocimiento de todas estas aberrantes situaciones?
El THS no cuenta con el respaldo institucional, eso es más que evidente; solo basta con escudriñar a lo largo y ancho de la geografía nacional todos estos insucesos acaecidos en contra de todos los trabajadores de la salud, sobre estos seres humanos que el Estado mira con indiferencia y casi con desprecio, a estos mortales, más no héroes, a los cuales les adeudan en algunas instituciones privadas hasta 24 meses de sus honorarios y a los cuales luego llaman para conciliar la deuda hurtándoles a manera de descuento por pronto pago entre el 20 y 30 por ciento, tal como ocurre en ciertas clínicas de Valledupar.
Para estos instrumentos de Dios, según nosotros, porque para el Estado somos instrumentos del sistema, no existe ni la más mínima consideración, o explíquenme: ¿cómo se les llega a deber hasta 18 meses de honorarios en algunas ESE? ¡Es que no tenemos las mismas necesidades de cualquier otro ciudadano?
¡Válgame Dios! Semejante mercantilización de unos profesionales que han sido asaltados en su buena fe, y que gracias a su trabajo se sostiene el sistema. Qué contradicción que merced de sus servicios Colombia sea calificada como uno de los países de la región que mejor ha logrado enfrentar la pandemia, pero que quienes ponen la cara y el pecho todos días solo reciban migajas como retribución.
Ante este nublado panorama desalentador, no queda otra alternativa que convertirnos en parte activa dentro del sistema y dejar de ser convidados de piedra en los escenarios donde se toman decisiones que nos afectan. Nos corresponde alzar la voz, y de ser necesario utilizar las vías de hecho, tal como lo hicieron los trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López, en Valledupar, quienes permanecimos 47 días en cese de actividades y 17 días en huelga de hambre para reivindicar nuestros derechos, los cuales vienen siendo conculcados dolosamente por un Estado avasallador y malqueriente. Invito a todo el THS a iniciar una cruzada a nivel nacional que permita definir criterios claros que fortalezcan lazos de solidaridad en la búsqueda de soluciones.
No nos conformaremos más con aquella frase de cajón que sale de labios para afuera de los gobiernos tanto nacional como departamental: “estamos haciendo la gestión” para reconocer sus derechos.
El salvavidas no llegara si permanecemos quejándonos en los pasillos de los centros hospitalarios o haciendo manifestaciones en redes sociales; puede que estas herramientas ayuden, pero no son suficientes para provocar el cambio que necesitamos.
Nos corresponde ponernos al día con nosotros mismos; es hora de reclamar con vehemencia todo lo que nos han hurtado bajo la mirada impávida de todos los actores incluidos: Gobierno, clase dirigente, sociedad civil, medios de comunicación y THS.
No nos conformaremos más con aquella frase de cajón que sale de labios para afuera de los gobiernos tanto nacional como departamental: “estamos haciendo la gestión” para reconocer sus derechos.
Tenemos que hacer valer nuestro amor propio, nuestra dignidad profesional por la defensa de nuestros intereses y por el futuro de nuestras familias. ¡Basta ya!
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