Aunque la producción cesó hace pocos años, los residuos, techos y materiales contaminados permanecen intactos en miles de hogares, escuelas, hospitales y fábricas, creando las condiciones para lo que se conoce como “el legado del asbesto”.
Por Luisa F. Moyano-Ariza – investigadora del Grupo de Epidemiología y Evaluación en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia / Guillermo Villamizar, director de la Fundación Colombia Libre de Asbesto *
El pasado 16 de mayo fue publicado el primer estudio nacional que analiza 26 años de mortalidad por mesotelioma en Colombia. El artículo, divulgado en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health, sistematiza datos oficiales del DANE y revela una realidad alarmante: entre 1997 y 2022 se registraron 1.539 muertes por esta enfermedad, cuya única causa conocida —en más del 90 por ciento de los casos— es la exposición al asbesto.
Aunque Colombia prohibió el uso de este material en 2019, mediante la Ley 1968, el daño ya estaba hecho. El mesotelioma, con su largo periodo de latencia que puede superar las tres décadas, sigue generando desenlaces fatales en personas expuestas décadas atrás. Y lo más grave: podría seguir haciéndolo durante años si no se implementa una política pública integral que enfrente tanto el legado instalado como los vacíos en la atención individual y en la vigilancia epidemiológica.
Un cáncer con huella industrial
El mesotelioma es un tipo de cáncer agresivo que afecta la pleura principalmente, el peritoneo, el pericardio y la túnica vaginal. Su letalidad es alta, su progresión rápida, y su diagnóstico generalmente tardío. Históricamente ha sido considerado una “enfermedad centinela” para la exposición al asbesto, y su sola aparición debería encender todas las alarmas de salud pública.
En Colombia, el uso industrial del asbesto comenzó formalmente en 1942 con la instalación de la planta de Eternit en Sibaté, Cundinamarca, y se expandió rápidamente por el país a través de filiales en Barranquilla, Yumbo, Bogotá, Manizales y otras ciudades. También se utilizó en frenos, empaques, textiles, techos y tanques de agua.
Aunque la producción cesó hace pocos años, los residuos, techos y materiales contaminados permanecen intactos en miles de hogares, escuelas, hospitales y fábricas, creando las condiciones para lo que se conoce como “el legado del asbesto”.
El estudio revela que el 65 por ciento de las muertes por mesotelioma ocurrieron en hombres y el 35 por ciento, en mujeres. Sin embargo, un dato preocupante es que el 23 por ciento de todas las muertes correspondieron a personas con ocupación definida como amas de casa, lo que sugiere posibles exposiciones domésticas o paraocupacionales —como lavar ropa contaminada o convivir con trabajadores del asbesto—, particularmente entre mujeres, un fenómeno aún subestimado en Colombia.
El mapa oculto de la mortalidad
Bogotá, Sibaté, Soacha, Medellín, Cali y Bucaramanga encabezan la lista de ciudades con mayores registros de mortalidad. Sibaté presenta una tasa ajustada récord de 38,36 muertes por cada 100.000 habitantes, y Bogotá concentra por sí sola el 43 por ciento de todos los fallecimientos registrados. Pero más allá de los focos industriales, el estudio muestra que 238 municipios en 29 departamentos han reportado al menos un caso de muerte por mesotelioma en los últimos 26 años. La epidemia es nacional.
Cartagena, que no figura entre los centros tradicionales de producción de asbesto, registró su mayor pico de mortalidad en 2019, con una tasa de 1,46 muertes por cada 100.000 habitantes. Manizales alcanzó 1,30 en 2022. Estas cifras invitan a repensar el enfoque exclusivamente industrial: la exposición ambiental, el comercio informal de materiales contaminados y el rezago en la identificación del riesgo están ampliando los territorios afectados.
El estudio también identifica patrones preocupantes en otras ciudades como Bucaramanga, donde, a pesar de no documentarse producción directa de asbesto, podrían existir rutas de exposición vinculadas a actividades industriales como las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, así como a procesos de migración laboral o la presencia de infraestructura contaminada aún no caracterizada.
¿Por qué seguimos viendo casos si ya está prohibido?
Porque el mesotelioma no surge de inmediato. Las personas que están enfermando hoy fueron expuestas hace 30 o 40 años. Y aunque la Ley 1968 de 2019 fue un logro histórico que prohibió el uso de cualquier tipo de asbesto en Colombia, su implementación necesita estar articulada a una serie de reglamentaciones que engranen con la institucionalidad del Estado para que se hagan realidad.
Según lo establecido en el artículo 3 de dicha ley, el Ministerio de Medio Ambiente tenía la obligación de formular una política pública para el manejo del asbesto instalado. Sin embargo, cinco años después, esa responsabilidad no fue cumplida. En consecuencia, el Gobierno Nacional trasladó esta función al Departamento Nacional de Planeación (DNP), una entidad que, a diferencia de un ministerio sectorial, tiene la capacidad de coordinar políticas de largo alcance entre distintas entidades del Estado.
Hoy, desde el DNP se espera la elaboración de un documento CONPES que no solo establezca rutas para el manejo seguro del asbesto que aún permanece en edificaciones y productos en uso, sino que además contemple mecanismos sólidos de vigilancia epidemiológica que permitan identificar nuevos casos, mejorar los diagnósticos y prevenir más muertes. Esta es, sin duda, una oportunidad decisiva para corregir las omisiones del pasado y asumir con seriedad la deuda pendiente del país con las víctimas del asbesto.
Una de las propuestas centrales es la creación de un Observatorio Nacional de Enfermedades Relacionadas con el Asbesto, que incorpore un registro nacional de mesotelioma siguiendo modelos ya implementados en países como Italia (ReNaM), Australia (AMR) y Reino Unido. Este observatorio podría actuar en sinergia con un centro de referencia nacional, con capacidades técnicas y diagnósticas avanzadas, articulado con las regiones para cubrir especialmente aquellas zonas históricamente asociadas a la minería de asbesto o la producción de materiales contaminados.
Solo con una infraestructura institucional robusta será posible cerrar las brechas de información, mejorar la respuesta médica y garantizar que ninguna comunidad expuesta quede fuera del radar sanitario.
Una enfermedad mal diagnosticada
El estudio también documenta una realidad preocupante: el 61 por ciento de los casos fueron clasificados como “mesotelioma de sitio no especificado”, una categoría que evidencia serias limitaciones en la capacidad diagnóstica del país. La ausencia de histopatología precisa, el acceso limitado a inmunohistoquímica y el escaso entrenamiento en la codificación CIE-10 hacen que muchos casos sean invisibilizados o incorrectamente clasificados en los registros oficiales.
Este subregistro tiene consecuencias directas y profundas. No solo dificulta el acceso de los pacientes a tratamientos especializados o procesos de indemnización, sino que además impide que el sistema de salud comprenda con claridad el verdadero alcance del problema. Una de las fallas más críticas se encuentra en los certificados de defunción, que son la fuente primaria de los registros de mortalidad procesados por el DANE.
En numerosos casos, la causa inmediata de muerte —como un paro cardiorrespiratorio— queda consignada como diagnóstico principal, mientras que la causa subyacente, como un mesotelioma, no se registra o se omite por falta de confirmación clínica o desconocimiento del historial de exposición.
Esta desconexión se agrava por la falta de interoperabilidad entre las bases de datos del sistema. Los registros de morbilidad del SISPRO —que documentan pacientes diagnosticados y tratados— no se cruzan con los datos de mortalidad del DANE, lo que impide conocer cuántos pacientes fallecen por la misma enfermedad, en qué instituciones fueron atendidos o si el mesotelioma fue efectivamente consignado como causa básica de muerte. La consecuencia es doble: se pierden vidas sin reconocimiento formal y se perpetúan las limitaciones técnicas, operativas, institucionales y territoriales frente a temas de salud pública.
Un asunto que va más allá del trabajo
Aunque históricamente se ha entendido el mesotelioma como una enfermedad ocupacional, lo cierto es que los datos del estudio revelan una realidad más compleja. Solo el 5,6 por ciento de las muertes ocurrieron en personas registradas como obreros o artesanos, y casi el 40 por ciento de los certificados de defunción no incluían ocupación alguna. Esto demuestra que la exposición no ocurre únicamente en el trabajo formal.
La exposición ambiental (vivir cerca de fábricas o demoliciones), la paraocupacional (familiares de trabajadores), e incluso la exposición por productos de uso cotidiano (como algunos talcos contaminados) deben ser reconocidas como rutas válidas y relevantes de enfermedad. Este cambio de enfoque es fundamental para lograr una política de salud pública más inclusiva y efectiva sobre el asbesto.
¿Qué podemos hacer?
El estudio no solo identifica un problema; también propone soluciones:
- Crear un registro nacional de mesotelioma, legalmente respaldado, que integre información de mortalidad, morbilidad, ocupación y exposición.
- Capacitar al personal de salud —especialmente patólogos, radiólogos y neumólogos— para mejorar la detección y el diagnóstico precoz.
- Implementar vigilancia activa en comunidades y grupos laborales con exposición histórica o sospechosa, a través de una ruta integral de salud que incluya tamizajes especializados y defina roles claros y articulados entre el sector laboral y el sector salud.
- Retirar de forma segura el asbesto instalado, comenzando por escuelas, hospitales y viviendas sociales, con protocolos claros y empresas certificadas.
- Garantizar atención integral a los afectados, incluyendo rehabilitación, apoyo legal, acompañamiento psicológico y compensación económica cuando corresponda.
- Aprobar e implementar el documento CONPES sobre asbesto, actualmente en elaboración por el DNP, como hoja de ruta integral para enfrentar esta crisis sanitaria.
La urgencia de una reparación
El legado del asbesto no se limita a cifras. Cada una de las 1.539 muertes registradas es una historia de vida interrumpida. Familias enteras han perdido padres, madres, hermanos, hijos. Muchos sin saber siquiera qué les causó la enfermedad. Otros, conscientes del daño, han tenido que enfrentarlo en medio del abandono institucional.
Colombia tiene la oportunidad histórica de hacer lo correcto: reconocer el problema, reparar a las víctimas, y prevenir nuevas muertes. Pero eso solo será posible si la evidencia científica —como la que aporta este estudio— se traduce en políticas concretas, sostenidas y justas. Como país, ya dimos el primer paso al prohibir el asbesto. El siguiente, y más importante, es que nunca más se convierta en una condena para quienes no tuvieron opción de protegerse.
* El estudio fue financiado por el Sistema General de Regalías dentro del proyecto “Formulación de una Estrategia Integral para Reducir el Impacto del Asbesto en la Salud Pública y Ambiental del Departamento de Bolívar”, implementado por la Universidad de Cartagena.
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