La ley estatutaria de la salud trajo consigo múltiples bondades, no solo para quienes asumimos la condición de pacientes en nuestro país, y que gracias al marco de legalidad somos todos sin discriminación, sino además para los profesionales de la salud que en los últimos 25 años han pasado de tener envidiables condiciones de ejercicio, a pagar un alto precio por su vocación.
Por Carolina McCormick Sandoval
Los médicos en Colombia, en atención al artículo 17 de la tan luchada ley estatutaria, han obtenido el reconocimiento pleno de su autonomía profesional.
La estatutaria es precisamente una ley que en su alto alcance dentro de la jerarquía del ordenamiento jurídico colombiano, reconoce que es el médico tratante el llamado a determinar la mejor alternativa de atención e intervención para sus pacientes. Se lee y suena lógico, ¿verdad?.
Lo ilógico del asunto es que a pesar de estar reconocido expresamente dicho derecho, encausado en la autorregulación, la ética, la racionalidad y la evidencia científica, sean los demás actores del sistema de seguridad social en salud, de manera particular las entidades contratantes, las que interfieran y limiten el justo derecho a la autonomía profesional.
Son múltiples los casos ampliamente difundidos y comprobados en los que médicos, en su mayoría especialistas, han sido objeto de constreñimiento en sus decisiones profesionales, hecho que constituye de manera precisa las conductas que la misma ley 1751 de 2015 prohíbe expresa y tajantemente.
El ejercicio médico ha venido enfrentando sus más grandes retos, y para desgracia del gremio, lo ha hecho desde la perspectiva de parte contractualmente débil.
La priorización del resultado económico dentro del sistema de salud ha dado inicio a una guerra de “mercado”, en la que todo tiene un precio que resulta ser determinante para la aprobación o no de una conducta médica o diagnóstica que el profesional ordena en aras de brindar una atención de la mejor calidad al paciente.
Pero el precio más alto que se puede identificar dentro del sistema es el del silencio.
Cada vez que los médicos callan e ignoran los atropellos de que lo cuales son objeto en el ejercicio profesional, están fortaleciendo las decisiones y conductas nocivas y reprochables que se fundamentan en la negación de servicios por cuenta de las entidades encargadas del aseguramiento y la atención.
El silencio de quien es coartado en su autonomía al recibir instrucción precisa respecto al tipo de procedimientos, técnicas quirúrgicas y frecuencias de atención que puede implementar o que, por el contrario, debe negar sin cuestionar, es el trampolín perfecto para que quienes contratan puedan continuar implementando una posición dominante que pone al médico en jaque y al paciente en condiciones de ruego y mendicidad.
Sin embargo, hay un silencio más dañino aún, el de los demás colegas que conociendo a un médico dispuesto a manifestarse en contra de los direccionamientos que restringen su autonomía profesional, prefieren permanecer expectantes, sin intervenir ni tomar partido, cuando es más que claro de qué lado deberían estar.
La reclamación y defensa de la autonomía profesional tiene un alto precio que regularmente es la pérdida de estabilidad laboral, pero la apatía y desinterés de los colegas, que conlleva al propio desconocimiento de sus derechos, tienen un precio incalculable que no es otro que la negación de la identidad de un gremio.
Puede que el reconocimiento y la defensa de la autonomía profesional nos tome mucho tiempo y llegue a costar demasiado, pero guardar silencio hará que más de 90.000 profesionales de la medicina, sumados a sus generaciones futuras, paguen un precio insufrible e incalculable de vulneraciones y maltratos profesionales.
A pesar de que la dignidad laboral contiene en sí misma multiplicidad de factores, con frecuencia se suele relacionar a una remuneración justa y oportuna, acepciones que actualmente tampoco se cumplen, pero mal haríamos al dejar de lado que todos los derechos consagrados en la ley a favor del médico y demás profesionales de la salud hacen parte de su derecho a un ejercicio profesional libre, digno y autónomo con el que se garantice las mejores condiciones, intervenciones, procedimientos y técnicas a que tenemos derecho todos los colombianos, quienes en principio de sana lógica estamos llamados a respaldar su determinación gremial y valentía.
Deja un comentario