The Economist publicó un artículo titulado “Médicos entre el lujo y la asfixia”, en el que afirma que en Estados Unidos los galenos ocupan un nicho paradójico “aparecen como organismos privilegiados: pululan en el estrato más alto de la pirámide de ingresos, viven rodeados de tecnologías brillantes y consultorios que parecen cápsulas espaciales.
Por: Herman Redondo Gómez, MD
[…] Y aun así, muchos de ellos se encuentran al borde de la auto intoxicación emocional, como si respiraran un aire saturado de estrés y desilusión”.
Considera que los médicos norteamericanos son “…profesionales adaptados para salvar vidas, pero poco preparados para sobrevivir a su propio sistema” (…) “Los médicos estadounidenses son ricos… y profundamente miserables” (…) “No es que los médicos estadounidenses ganen bien: es que ganan muy bien. Pero sus días son una cadena interminable de micro agonías burocráticas, una coreografía de seguros, autorizaciones, demandas potenciales y métricas de eficiencia que reducen la empatía a un código CPT” (…) “Saben curar, pero necesariamente no saben vivir”.
Compara la situación con los médicos mexicanos y latinoamericanos, en donde “…los médicos no enfrentan el vértigo de la abundancia, sino la crudeza de la supervivencia” (…) “Han quedado atrapados en un ecosistema donde la vocación es su único combustible y donde el Estado, cual depredador simpático, los mantiene con tabuladores congelados y contratos temporales”.
En Colombia, hay una mezcla de todo lo anterior. Sí, tenemos médicos especialistas y super especialistas (segundas y terceras especialidades, maestrías y doctorados), con ingresos comparables a los estratos más altos de la clasificación socioeconómica (“estrato 8, dice un colega”), que se asemejan a la realidad del galeno gringo. No son muchos ni representan la generalidad del profesional de la salud en Colombia.
Más bien, nos parecemos al segundo grupo, a los médicos mexicanos y latinoamericanos, aquellos que no “gozan” de la paradoja de ser “rico y miserable”, pero sí de la opresión del “depredador simpático”. No todos se la pasan tomando tinto en el parque de la 93 o en los clubes de las ciudades más importantes.
No, aquí, “los médicos también lloran”. Como le dijera un observador extranjero al Ministro de la época (José Luis Londoño, qepd), palabras más, palabras menos, “los médicos en los hospitales públicos hacen como que trabajan y el Hospital, hace como que les paga”.
Se refería a algunos colegas que tienen contratos de prestación de servicios por 16 o más horas al día, que para sobrevivir, laboran en 2, 3 o hasta 4 lugares de trabajo.
Aquí la realidad es otra. Empezando por considerar que la carrera de medicina es la más larga (12 semestres, más el año de servicio social obligatorio -SSO- y 3 o 4 años más de especialización), y que las posibilidades de estudiar medicina en una universidad pública son muy pocas.
Entrar a medicina en una universidad pública en Colombia es un reto mayúsculo debido a la brecha extrema entre el número de aspirantes y los cupos disponibles, lo que la convierte en la carrera más competitiva del país.
Las universidades públicas exigen puntajes muy altos en las pruebas Saber 11 para acceder a medicina; por encima de los 400 puntos en la Universidad Nacional. La limitación de cupos no es solo por espacio en salones, sino la escasez de sitios de prácticas formativas en los hospitales para estudiantes de medicina y programas afines.
En tanto que, en las universidades privadas, el costo de la matrícula para 2025-2026 es sumamente elevado, con semestres que oscilan entre $18 millones y más de $36 millones. A manera de ejemplo, las instituciones más reconocidas en Bogotá registran los valores más altos, superando los $30 millones, mientras que opciones en otras ciudades o instituciones pueden iniciar desde los $12 a $15 millones.
Aquí los médicos en general distan mucho de ser privilegiados, la mayoría son de clase media (con tendencia a la baja, ya que el salario mínimo está alcanzando el ingreso de los médicos generales), con extensas y extenuantes jornadas laborales.
En el internado y en el SSO o año rural, las jornadas sobrepasan las 72 horas semanales, con disponibilidad casi permanente, sin reconocimiento de horas extras, recargos nocturnos, festivos ni dominicales.
A eso se suma la violencia de todo tipo contra los trabajadores sanitarios en general y contra los médicos en particular. La violencia contra los médicos y la Misión Médica en Colombia es una problemática crítica caracterizada por amenazas, agresiones físicas, retención de ambulancias y homicidios, a menudo vinculada al conflicto armado y la inseguridad estructural que afecta gravemente la atención en zonas rurales.
En las ciudades, la hostilidad hacia los trabajadores sanitarios se presenta con mayor frecuencia en los servicios de urgencias por sobreocupación, emergencia funcional y escasez de personal para satisfacer la demanda.
La angustia de la familia del enfermo para que su ser querido sea atendido con prontitud a veces deriva en franca agresión, paradójicamente, contra quienes se esfuerzan por recuperarle la salud o salvarle la vida.
Como sucede con el ingreso a un programa de medicina, el acceso a residencias médicas o especializaciones (equivalentes según la Ley 100 de 1993 a Maestría), en Colombia es altamente competitivo por una marcada insuficiencia de cupos y alta demanda de médicos generales que ven en la especialización la posibilidad de autosuperación, altos costos, procesos de selección complejos, programas centralizados en pocas ciudades y pocos hospitales universitarios que garanticen las prácticas formativas necesarias.
Hechos recientes muy lamentables, evidencian presiones indebidas, maltrato en durante el proceso de formación médica e incluso acoso sexual para este grupo de especialistas en formación.
Sin embargo, paradójicamente, en el país hay escasez de especialistas, la mayoría están concentrados en las grandes ciudades en donde se encuentran las instituciones hospitalarias de mayor complejidad que cuentan con tecnología de punta para facilitar su ejercicio, mientras miles de médicos generales buscan especializarse y deben enfrentar las citadas barreras de acceso.
¿Y todo para qué? Luego del imponderable esfuerzo para coronar el pregrado como médico general (MG) o, el posgrado como especialista (ME), el profesional sale a buscar empleo que muchas veces depende del político de turno.
Si bien le va, consigue un contrato de prestación de servicios (OPS), el cual debe renovar cada mes, cada 2 meses o en el mejor de los casos cada año, siempre dependiendo no tanto por su desempeño, sino de la recomendación política.
La tercera parte de los MG (71 %), devenga entre 3 a 5 salarios mínimos -SMLM. El 15 % de los ME tiene ingresos inferiores a 5 salarios mínimos y más del 77% de los profesionales de la salud se siente inconforme con su salario, piensa que está siendo explotado y no ve compensado el esfuerzo y la millonaria inversión que tuvo que hacer para costear los estudios profesionales.
Como afirma el expresidente del CMC, “…en la encuesta vemos claramente los problemas de deslaboralización, acoso laboral, pérdida de la autonomía, exceso de carga laboral, contrataciones ilegales, baja remuneración y desempleo; sentimos que desde el Gobierno no hay una verdadera política de desarrollo del talento humano en salud” (la encuesta se refiere a los SMLM de 2019, no a los de 2026).
Durante las últimas décadas, el sistema de salud colombiano ha experimentado transformaciones significativas derivadas de la Ley 100 de 1993, que estableció un modelo de aseguramiento mixto con participación privada.
Aunque este marco amplió la cobertura formal, también ha generado tensiones estructurales que afectan la calidad del servicio, las condiciones laborales de los médicos y la sostenibilidad de la atención sanitaria.
Esas discrepancias se han agudizado en años recientes ante una severa crisis financiera, inestabilidad contractual, demanda creciente de servicios, cierre de servicios de pediatría y obstetricia, liquidación de EPS o intervenciones forzosas para administrar las más grandes EPS por parte de la Súpersalud, y un debate interminable sobre si la UPC es o no suficiente, entre otros factores, que han precipitado una de las mayores crisis conocidas del sector.
La Ley 100 de 1993 convirtió los hospitales en ESE y transformó los subsidios a la oferta en subsidios a la demanda, lo que llevó a que los hospitales públicos dependan de la venta de servicios, a competir con las IPS privadas y a medir su éxito no en la capacidad de brindar mejor servicio a su población asignada, sino en la rentabilidad económica.
De ahí que los hospitales deban apoyarse en establecer vínculos laborales no formales, con compensaciones económicas pírricas, sin prestaciones sociales (OPS). Es decir, nuestros hospitales y la generalidad del sistema de salud, para sobrevivir, el prestador del servicio se apalanca en el maltrato salarial de sus trabajadores y en la mora en el pago a sus proveedores.
La Ley 100 ha sido ampliamente criticada por impulsar no solo la privatización, sino la mercantilización de la salud en Colombia.
Hoy existe consenso respecto de la necesidad de una reforma a la salud que subsane las grietas que presenta el Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS-, fallas que no son nuevas, sino que vienen agravándose desde hace varios años y varios gobiernos, sobre las cuales se han tomado medidas correctivas, pero que no han sido suficientes.
Los sistemas en salud son dinámicos y requieren ajustes y desarrollo permanente, como se ha venido haciendo en Colombia con el SGSSS aprobado en la Ley 100, el cual ha tenido ajustes y hoy, es muy diferente a la versión original, median una serie de leyes reformatorias, decretos y normas regulatorias que han venido ajustando y adaptando el SGSSS a los cambios propios del desarrollo de la Nación, del conocimiento y la necesidad permanente de regular y subsanar las fallas que se van presentando.
El hecho más importante nació a raíz de la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, por la cual se reconoció la salud como un derecho fundamental autónomo de primer orden.
En el año 2013, la Academia Nacional de Medicina como entidad asesora del Gobierno Nacional y Coordinadora de la Gran Junta Médica Nacional, constituida por las organizaciones más representativas de los médicos colombianos, presentó un proyecto de ley estatutaria para regular y establecer los principios y directrices que garantizaran dicho derecho fundamental a todos los residentes en el país.
El proyecto de ley estatutaria fue respaldado ampliamente por la sociedad civil y aprobado por el Congreso de la República; la Ley, una vez revisada por la Corte Constitucional, fue declarada exequible en virtud de la Sentencia C-313 de 2014, y fue sancionada por el Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, el 15 de febrero de 2015, instituyéndose la Ley 1751 de ese año, la primera de su género en el mundo y uno de los adelantos más significativos que registra la historia de la salud en Colombia.
No obstante, luego de más de diez años de aprobada la Ley Estatutaria en Salud, no se han hecho los cambios necesarios en el sistema para que el goce efectivo del derecho fundamental a la salud se haga realidad.
Al SGSSS se le reconocen virtudes que se han venido desarrollando a lo largo de tres décadas, logros que una reforma debería preservar, así como también problemas apremiantes que requieren medidas de fondo para superarlos.
Según el reciente informe del British Medical Journal (BMJ), las reformas implementadas por el gobierno actual han deteriorado un sistema de salud que previamente se consideraba un modelo regional con amplia cobertura y bajo costo para los ciudadanos.
El artículo señala que la intención de estatizar el sistema y excluir al sector privado ha provocado escasez de medicamentos, cierres de servicios críticos, aumento de muertes evitables y una grave crisis financiera con deudas millonarias de las EPS.
El Ministerio de Salud y Protección Social calificó ese artículo como producto de la desinformación, carente de rigor técnico, que las conclusiones son sesgadas y no reflejan la situación del sector. Mientras, voces de la sociedad, de los pacientes, de los médicos y profesionales de la salud reclaman que la discusión debe centrarse en garantizar la protección del derecho fundamental a la salud, en lugar de disputas políticas que no conducen a nada.
Acuerdos Fundamentales
La polémica enardecida, ideologizada y polarizada no ha ayudado a construir (de manera concertada con todos los actores) la mejor reforma a la salud posible y realizable, tomando en cuenta las condiciones económicas, políticas y sociales del país, como lo ha propuesto la Academia Nacional de Medicina y las organizaciones médicas y de profesiones de la salud que presentaron a consideración del Gobierno Nacional, del Congreso de la República y de la opinión pública, los 14 Acuerdos Fundamentales que contienen lo esencial para el cumplimiento y desarrollo de la Ley Estatutaria en Salud, y del sistema de salud en ella establecido, considerando que en esta norma estatutaria están plasmadas las bases de la reforma a la salud que Colombia necesita. Estos Acuerdos Fundamentales se materializaron en un proyecto de ley (135 de 2024, Cámara).
En todo caso, en el médico colombiano como en el de América Latina, creció la imagen del médico “como una figura casi sacerdotal”, profundamente ética, capaz de anteponer su bienestar en favor de la salud y la vida de sus pacientes, como lo atestiguan los cientos de trabajadores sanitarios que entregaron su vida durante la pandemia para salvaguardar la de sus semejantes.
Remata el artículo de The Economist afirmando que “…En Latinoamérica, la bata blanca era un símbolo de estatus, ascenso social y estabilidad. Pero ese prestigio cultural ha sufrido un proceso de erosión, como una roca sedimentaria golpeada por olas incesantes”.
Si queremos enaltecer y dignificar la profesión médica en Colombia, que recupere el sitial que le corresponde en el manejo de la salud pública, se requiere una política integral que combine garantías laborales, protección de la salud mental y una reestructuración de la formación académica; será menester repensar su rol en la sociedad, su concepto debe ser tenido en cuenta en las decisiones del sistema de salud y en la formación profesional; en mejorar su bienestar y sus condiciones de vida y de trabajo; desarrollar una política nacional de talento humano en salud que no sea teórica y discursiva, sino que efectivamente se lleve a la práctica y empiece por incorporar a los trabajadores sanitarios a las plantas de personal.
Fuente: Órgano de información del Colegio Médico Colombiano. Epicrisis. Ed. Nº 39 (Marzo-Mayo 2026). ISSN: 2539-505X (En línea). #SaludDignaYA
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