Por: Juliana García Castro, MD-Observatorio de Salud Mental Positiva – Instituto Colombiano del Sistema Nervioso – Clínica Montserrat – Hospital Universitario.
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Introducción
La salud mental se ha consolidado como un tema central en la agenda global de salud pública, reconociéndose como un componente esencial del bienestar humano y del desarrollo social. La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha establecido una definición ampliamente citada, en la cual la salud mental es entendida como “un estado de bienestar en el que la persona reconoce sus capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de manera productiva y contribuir a su comunidad” (OMS, 2001).
Este concepción, más allá de la ausencia de trastornos, invita a pensar la salud mental como un recurso positivo y dinámico, determinado tanto por factores individuales como colectivos.
En Colombia, este enfoque se ve reforzado con la promulgación de la Ley de Salud Mental de 2025, que actualiza la Ley 1616 de 2013 y establece un marco renovado para garantizar el acceso equitativo, oportuno y de calidad a los servicios de salud mental. La nueva ley reconoce explícitamente la salud mental como un derecho fundamental, enfatiza su carácter de bien común y ordena la creación de redes territoriales de cuidado y promoción de la salud mental en todos los niveles del sistema de salud.
Desde el Observatorio de Salud Mental Positiva del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso y la Clínica Montserrat-Hospital Universitario, hemos asumido esta perspectiva para analizar la realidad colombiana. Nuestro trabajo académico y comunitario confirma que la salud mental debe ser entendida como un bien común, cuya construcción requiere acciones integrada en la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad.
La definición de la OMS y su relevancia
La definición de la OMS enfatiza cuatro aspectos centrales.
- El reconocimiento de capacidades
- Afrontamiento de tensiones
- La productividad
- La ontribución social
Este enfoque se distancia de visiones centradas en la patología y propone la salud mental como un estado de equilibro y de potencial humano.
En Colombia, esta perspectiva resulta particularmente relevante. El país enfrenta desafíos derivados de la desigualdad social, la violencia armada, el desplazamiento forzado y las brechas en el acceso a los servicios de salud. En este contexto, promover la salud mental exige más que tratamientos clínicos: requiere políticas inclusivas, espacios comunitarios de apoyo y acciones colectivas orientadas al bienestar.
Dimensiones de la salud mental positiva
La salud mental, como recurso dinámico, puede analizarse a partir de varias dimensiones complementarias:
Bienestar personal: En concordancia con la Ley de Salud Mental 2025, el bienestar personal se potencia mediante programas de promoción y prevención que deben ser garantizados desde la primera infancia, integrando acciones educativas, artísticas y deportavidas.
El bienestar personal implica un equilibrio emocional y un sentido de propósito en la vida. Se expresa en la capacidad de experimentar satisfacción y motivación aun en medio de las dificultades. Intervenciones comunitarias basadas en arte, deporte y proyectos productivos han mostrado un impacto positivo en la autoestima y el ánimo de jóvenes en contextos de vulnerabilidad.
Relaciones significativas: El marco normativo colombiano actual subraya la importancia de fortalecer las redes sociales significativas mediante la participación comunitaria y la capacitación de agentes locales de apoyo, como lo establece la Ley 2025.
Diversas investigaciones han confirmado que la calidad de los vínculos sociales es uno de los predictores más consistentes de la salud y la longevidad. El estudio de Desarrollo Adulto de Harvard, que ha seguido a varias generaciones durante más de 80 años, concluye que las relaciones cálidas y confiables protegen contra el deterioro físico y emocional, mientras que la soledad y el aislamiento social representan un riesgo comparable al tabaquismo o la obesidad.
En Colombia, las familias extensas, las redes comunitarias de apoyo y las iniciativas locales de. cuidado mutuo constituyen un factor protector crucial frente a la fragmentación social, la migración y la violencia.
Capacidad de adaptación y recuperación: La Ley 2025 reconoce la resiliencia comunitaria como eje estratégico, priorizando intervenciones diferenciales en poblaciones afectadas por conflicto armado, violencia de género y migración, así como programas de apoyo psicosocial para personas en riesgo suicida y comunidades afectadas por desastres.
La llamada resiliencia, o en términos más cercanos, la capacidad de adaptación y recuperación, adquiere un carácter central en contextos marcados por el conflicto y la desigualdad. A nivel individual, se manifiesta en la posibilidad de aprender de la adversidad y reconstruir proyectos de vida. A nivel comunitario, se refleja en la organización de barrios, escuelas o grupos sociales que, pese a experiencias de pérdida y desplazamiento, logran generar entornos protectores y de apoyo mutuo.
Contribución social: La participación social, pilar de la Ley 2025, busca garantizar que la ciudadanía no sea solo receptora de servicios, sino también coautora de políticas y acciones en salud mental a través de espacios institucionales y comunitarios.
El bienestar psicológico se potencia cuando las personas perciben que sus acciones tienen un impacto positivo en la comunidad. En programas implementados por el Observatorio, hemos observado que los jóvenes que participan en voluntariado, actividades culturales y proyectos colectivos reportan mayores niveles de bienestar subjetivo y sentido de pertenencia. La contribución social es, por tanto, un mecanismo bidireccional: fortalece al individuo y, a la vez, cohesiona a la comunidad.
La salud mental como recurso colectivo: La salud mental no puede concebirse únicamente como una responsabilidad individual. Tal como plantea la OMS (2013), está determinada por factores sociales, económicos y ambientales. Desde esta perspectiva, es un bien colectivo, que depende de las condiciones de equidad, justicia y cohesión social.
La Ley de Salud Mental de 2025 incorpora de manera explícita la atención primaria en salud mental (APSM), estableciendo que la promoción, la prevención y la atención básica deben ser garantizadas en todos los niveles de la red territorial de servicios de salud. Esto implica capacitar al personal de salud general, fortalecer la detección temprana en escuelas y comunidades, y articular la salud mental con los programas de atención primaria en salud (APS). De esta forma, la salud mental se reconoce como parte inseparable de la salud integral y de la garantía del derecho a la salud en Colombia.
En el caso colombiano, se han desarrollado experiencias que muestran la importancia de este enfoque. Las estrategias de promoción de la salud mental escolar, los programas de convivencia ciudadana y los espacios comunitarios de acompañamiento psicosocial han evidenciado que la salud mental florece cuando existen entornos inclusivos, confiables y participativos.
Convivencia y conectividad como determinantes: Los hallazgos del estudio de Harvard refuerzan la importancia de la conectividad social. La soledad definida no solo como la ausencia de compañía sino como la falta de relaciones significativas, constituye un factor de riesgo para la salud mental y física. Por el contrario, la construcción de redes de apoyo cercanas, tanto formales como informales, favorece el bienestar a lo largo del ciclo vital.
En Colombia, fortalecer la convivencia y la confianza social representa un reto crucial. La violencia, la polarización y la exclusión limitan la posibilidad de crear vínculos sólidos. Sin embargo, experiencias locales de redes comunitarias de cuidado han mostrado que es posible reconstruir la confianza y generar entornos protectores que impactan tanto la salud individual como la colectiva.
Conclusión
La salud mental, desde la mirada de la OMS y a la luz de la experiencia colombiana, debe ser comprendida como un recurso colectivo y un derecho humano fundamental. Implica reconocer capacidades, fomentar vínculos significativos, potencia la adaptación y recuperación frente a la adversidad y promover la contribución social.
La reciente Ley de Salud Mental de 2025 reafirma que la salud mental no es únicamente un asunto clínico o individual, sino un derecho humano fundamental y colectivo, cuya garantía requiere voluntad política, articulación intersectorial y compromiso comunitario. Este marco normativo abre una oportunidad histórica para consolidar la salud mental positiva como estrategia de desarrollo humano sostenible y de construcción de paz en Colombia.
La inclusión de la atención primaria en salud mental como mandato en la Ley 2025 constituye un paso decisivo hacia la desinstitulización y la universalización del cuidado en salud mental. Este enfoque, enraizado en la APS, no solo amplía la cobertura y la equidad, sino que también acerca la atención al territorio y a la vida cotidiana de las comunidades.
Adoptar esta perspectiva supone trascender un modelo centrado en la enfermedad para avanzar hacia políticas y prácticas orientadas al bienestar integral y a la equidad social. En un país como Colombia, donde las comunidades han demostrado una extraordinaria capacidad de adaptación, la promoción de la salud mental positiva es no solo un imperativo sanitario, sino también una estrategia de construcción de paz y desarrollo humano sostenible.
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