¡Ojo al dato! Según un reciente informe de la consultora Kroll, entre 2021 y 2023, el 78 por ciento de las empresas en Colombia abrieron procesos de investigación por malos manejos.
De hecho, otro reporte de Transparencia por Colombia confirmó que en el primer semestre de 2024 los casos de corrupción en el sector privado se incrementaron un 15 por ciento, siendo los lavados de activos (LA) y financiación al terrorismo (FT) los dos hechos que más generaron procesos legales en contra de las organizaciones nacionales.
Ante este preocupante panorama, las compañías están afinando y fortaleciendo sus procesos de control y vigilancia con el fin de identificar y prevenir a tiempo las conductas ilícitas relacionadas con LA y FT, actividades que en muchos casos, clientes o usuarios tratan de aparentar como legales o licitas.
Teniendo en cuenta que aún se presentan vacíos que favorecen la presencia de estos delitos, Freddy Pisco, uno de los docentes del diplomado en SARLAFT de Areandina, sede Bogotá, revela los cuatro puntos clave que deben realizar las organizaciones para crear, implementar y fortalecer el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo (SARFLAFT), mecanismo que ayuda a prevenir y a enfrentar estas prácticas ilícitas.
Primero, “es clave identificar, según la actividad económica que realiza la empresa, qué normatividad local, regulatoria y estándares de buenas prácticas se deben cumplir y aplicar para prevenir este tipo de delitos”, dice Pisco.
Segundo, “es importante determinar una política de gestión de riesgo de LA y FT, así como establecer las acciones de difusión suficientes para generar pedagogía en los miembros de la organización sobre este tema”, afirma.
Tercero, “es fundamental desarrollar un modelo de gestión de riesgos (ISO 31000, COSO ERM), que permita identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos asociados con estas malas prácticas”, agrega Pisco.
Cuarto, “es prioritario establecer los indicadores de gestión de riesgo que ayuden a conocer las desviaciones al cumplimiento de la política y a prevenir la materialización de estas conductas”, añade el docente de Areandina.
Con relación a las mejoras prácticas que hoy están desarrollando las empresas con el propósito de identificar y contrarrestar a tiempo la ejecución de estos delitos, Pisco resalta las siguientes:
“Uno, conocer las actividades económicas de los clientes y empleados, así como el origen de estos recursos, con el objetivo de identificar posibles movimientos y transacciones atípicas; dos, monitorear este tipo de operaciones a través de reglas y modelos estadísticos; y tres, reportar toras las transacciones en efectivo por montos significativos, con el fin de conocer su procedencia y destino”, indica.
Otros consejos que se pueden aplicar en este sentido, son: crear reglas en los sistemas de vinculación de clientes, de gestión de riesgo y de monitoreo de transacciones para detectar alertas tempranas; y dar a conocer las políticas relacionadas con el sistema de LA/FT a las partes interesadas de las empresas.
Finalmente, tenga en cuenta que la ley en Colombia castiga a las organizaciones que se ven comprometidas con hechos de lavado de activos y financiación al terrorismo, con multas y sanciones por parte de las entidades de inspección, vigilancia y control; con la extinción de dominio a las personas naturales y jurídicas que incurran en estos delitos; y con la perdida de la licencia de funcionamiento y cierre definitivo.
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