Sí, soplan vientos de cambio, como se dice en el lenguaje tomado del argot marinero y nosotros, el gremio amplio de los profesionales de la salud.
Por: Jorge Diego Acosta Correa – Asesor de Presidencia del Colegio Médico Colombiano
No podemos ignorar el hecho, pensando, equivocadamente, que nuestra nave, el sistema de salud, no se verá afectado por esos vientos derivados de la nueva política económica y social que se propone.
Decir simplemente que “la salud no es un negocio”, aunque su objetivo central sea la garantía al derecho a la salud de todos, es un error. Ambas afirmaciones, la del derecho a la salud con accesibilidad, calidad, equidad y eficiencia, y la de la inserción del sistema de salud en los renglones de la economía con sus mercados incluidos, son válidas.
Los derechos de la población, y entre ellos el derecho a la salud como eje fundamental del sistema de salud, según la Ley Estatutaria, más la concurrente dinámica del modo de producción y la economía capitalista que nos rige, se ajustan al planteamiento constitucional que le da a los mercados una función social dentro de un Estado Social de Derecho.
La anunciada reforma al sistema de salud se debate entre dos propuestas: un modelo con un papel predominante por parte del Estado -estatista-, tal y como lo concibe el ala más radical de la coalición de gobierno o, de otro lado, como una continuidad del modelo actual -solo con remiendos o perfeccionado-, regulado por las leyes del libre mercado; un sistema centrado en la atención medicalizada de enfermos, en esquemas de facturación y pago que garanticen la inversión, tal y como lo defienden muchos economistas, algunos funcionarios y el ala más radical de la derecha -perdedora en las elecciones y hoy minoritaria en el Congreso-.
Por el discurso y el perfil de los Ministros y dignatarios recién nombrados por el nuevo gobierno, la política general apunta hacia posiciones más de centro, es decir, a diseñar un sistema de salud que conjugue el papel del mercado y de los inversionistas privados, con la función rectora, coordinadora y orientadora del Estado, en modelos de gobernanza participativos, con presencia efectiva de los gremios y de la ciudadanía, dirigido al cumplimiento de metas y con misiones concretas que logren articular a todos los agentes del sistema.
De ser así, el foco de la reforma del sistema de salud debe ser la conformación de redes mixtas, público-privadas, únicas, de servicios en los territorios, integrales e integradas, que abarquen desde la salud pública, los determinantes de la salud, la Atención Primaria en Salud Renovada, la atención de enfermos, la rehabilitación, los cuidados paliativos y la atención al final de la vida.
Estas redes deben tener la rectoría constructiva del Estado, con la aplicación de modelos de gobernanza participativos en la planeación regional diferenciada y en la ejecución de los programas derivados. La propuesta es tener un sistema público único, con la gestión financiera a cargo de una agencia estatal y en el cual se inserte la inversión privada en las redes mixtas de servicio, mediante mecanismos asociativos que incluyan la red pública, eficiente y de calidad, con unas agencias gestoras de la atención de la población y del riesgo en salud, públicas y privadas, provenientes de la transformación de las actuales EPS o EAPB, con mecanismos de pago y tarifas justas, incentivadoras del buen servicio.
Los Acuerdos Fundamentales para la reglamentación e implementación de la Ley Estatutaria y los componentes básicos para la política gremial del talento humano en salud, desarrollan estos modelos y son las guías teóricas y estratégicas construidas participativamente y en unidad por los principales gremios de médicos y de profesionales de la salud para abrir el diálogo en torno al proyecto de ley que reformará el sistema en marzo del año próximo.
Nuestra participación debe centrarse en la dignificación y cualificación de nuestro ejercicio profesional, en el trabajo decente, el pago justo y oportuno, en el profesionalismo, la ética, la autonomía, la autorregulación, así como en la garantía de mejores condiciones que permitan la prestación de servicios seguros y de alta calidad.
Fuente: Órgano de información del Colegio Médico Colombiano. Epicrisis. Ed. Nº 25 (Septiembre-Noviembre 2022).
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