La doctora Carolina Corcho, quien ocupará el cargo de Ministra de Salud, pidió apoyar el impuesto gradual a las bebidas azucaradas durante el Congreso de ACESI.
La formalización y dignificación de los trabajadores de la salud, el fortalecimiento de los hospitales públicos, la construcción del sistema de información público y hacer de la prevención la razón de ser del sistema tendrán prelación durante su gestión.
En el XIX Congreso Acción por la salud de todos, organizado por la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI) que tuvo lugar el pasado fin de semana en la ciudad de Cartagena de Indias, la nueva ministra de Salud, Carolina Corcho, explicó las transformaciones que se requieren al interior del sistema salud y los temas que serán prioridad en su agenda ahora que está al frente de esta cartera.
La primera aclaración que hizo la doctora Corcho es que las cosas que están funcionando bien las piensa fortalecer, pero que es urgente corregir los errores que ha tenido el sistema durante los últimos 30 años, así con pasar del tiempo se hayan normalizado. El nuevo Gobierno representa el cambio y la transformación que la mayoría de colombianos apoyó en las urnas, precisó.
“Es hora de hacer la transición democrática que inició Colombia con la adopción de la Constitución Política de 1991. Necesitamos cambios, pues no se puede aceptar como normal que el 75 por ciento de la población colombiana esté en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, que entre ellos más de 17 millones no puedan tener tres comidas al día o que después de la pandemia un 30 por ciento más de los colombianos esté a punto de perder la afiliación al sistema de salud por falta de pago. Y tampoco se puede seguir permitiendo que más del 70 por ciento de los trabajadores de la salud no tenga un salario justo, ni un trabajo digno”.
En este último aspecto, la Ministra reconoció que el incumplimiento en el pago a los hospitales ha llevado a la precarización de los trabajadores de la salud y ha afectado el ejercicio de las profesiones, lo que a su vez se ha reflejado en la pérdida de calidad en la atención a los pacientes. Es por eso que una de las primeras tareas de su gestión será volver universal el giro directo a prestadores para que las clínicas y hospitales cuenten con los recursos e incentivos para formalizar a los trabajadores de la salud.
Impuestos que defiendan la vida y que sirvan para prevenir en lugar de curar
Una clara señal de la gravedad de la crisis de la salud, según la ministra Corcho, está en que en pleno siglo XXI muchos ciudadanos aún viven en el siglo XIX dado que no tienen agua potable, internet y mucho menos un médico que les atienda. Otra prueba de que el sistema no es tan bondadoso como algunos piensan, es el detrimento de los indicadores en salud pública y la conducta de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) en estos últimos años.
“Tenemos un sistema de salud enfocado en el alto costo y en la curación de la enfermedad. La apuesta del presidente Petro es construir un sistema preventivo y predictivo para saber de qué, cómo y cuándo se enferma la población colombiana, pues todo el país tiene derecho a vivir en el siglo XXI”.
En ese orden de ideas, precisó que los determinantes sociales de la salud son del máximo interés para el ministerio de Salud.
“Hay que dar las discusiones de la plata, pero el sistema no puede girar en torno a la cantidad de facturas que se expidan”.
Para dignificar la vida de la Colombia rural y dispersa, que son quienes tienen los más altos índices de mortalidad, la doctora anunció que ya presentó la propuesta al equipo económico del presidente Petro para incluir los impuestos a las bebidas azucaradas dentro de la reforma tributaria como una medida de salud pública y exhortó a la sociedad civil a apoyar la propuesta.
“Se trata de un impuesto gradual para gravar las bebidas azucaradas, que tiene como única finalidad desincentivar el consumo de este tipo de productos. Los estudios a nivel mundial han demostrado que este tipo de medidas tienen un impacto importante en la incidencia de ECNT, como diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, entre otras. Es decir, es un impuesto para la vida, que estimula los cambios de vida saludable y que permite obtener más recursos para llevar agua potable a las comunidades rezagadas y para financiar la atención primaria en salud”.
Hay que recordar que el deseo del Gobierno que se posiciona el 7 de agosto es volcar el sistema hacia la atención primaria en salud. Para ello se conformaran las redes integrales e integradas de servicios de salud en todo el país. Estas redes serán las encargadas de garantizar el acceso a la atención integral de las poblaciones rurales y urbanas, cerca del lugar donde viven, del sitio de estudio, de las guarderías infantiles y de trabajo con el fin de acercar la salud a la población.
La red prestadora estará conformada por hospitales públicos fortalecidos desde el nivel primario hasta el de alta complejidad. De ahí que la Ministra recalcó que hay que revertir el daño que le hizo la Ley 100 a los hospitales públicos. “El hospital público es un patrimonio de la comunidad. Su razón de ser no es vender servicios para vivir de la productividad. Se tiene que acabar ese concepto empresarial que se le ha atribuido al hospital público, pues su rentabilidad es netamente social y no financiera. Los hospitales públicos no son un negocio”.
Menos especulación, más datos duros con la creación del sistema de información público en línea
Aunque en los últimos años se ha avanzado en la historia clínica integrada, esta médica psiquiatra, que estará al frente del funcionamiento del sistema de salud, dijo que el país está en mora de tener un sistema de información público en línea que permita llevar las cuentas claras de quién le debe a quién y cuánto.
“Hasta el momento tenemos un sistema opaco, donde a la fecha nadie puede precisar el monto real de las deudas. Con la tecnología que ya existe podemos tener un sistema de información que además de registrar el destino final de los recursos púbicos, haga el censo de los colombianos sanos y enfermos, con la caracterización socio-demográfica para orientar las decisiones en salud pública, y así pasemos de lo especulativo a lo asertivo”.
Otro de los cometidos de la Ministra es terminar con perversiones del sistema como la integración vertical, donde la misma entidad se contrata y se paga a sí misma con el fin de mandar a la quiebra a los demás. “La intención del Gobierno que me delegó no es acabar con las EPS, ellas se han acabado solas. De las 200 EPS que se conformaron cuando se aprobó la Ley 100, hoy solo hay 30, de las cuales 14 están intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud. Cada año nos enteramos de la liquidación de otra EPS y esto ha generado pérdidas billonarias de las cuales el país ya perdió la cuenta, sin contar los traumatismos para reubicar a los pacientes y el drama de despedir a cientos de trabajadores.
En ese punto, la doctora aclaró que el gran peligro que corre el país al dejar las pocas que funcionan es que es disminuyan la calidad en la atención a los pacientes por el alto volumen y que se vuelvan oligopolios. “No es recomendable que ningún sistema de salud del mundo permita la creación de empresas que dominen el mercado y establezcan sus propias reglas porque se vuelven monstruos imposibles de regular. Esto quedó demostrado con la pandemia. Recordemos que no hubo organismo internacional, autoridad sanitaria, ni gobierno -por poderoso que sea- que lograra que las gigantes transnacionales farmacéuticas liberaran las patentes para la elaboración de las vacunas contra el Covid-19. Eso fue una clara muestra de que cuando se tocan los intereses económicos de estas multinacionales poco importa el bien común, así represente salvar millones de vidas.
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