Razones como la inviabilidad financiera, el endeudamiento con red de prestadores y el riesgo en la atención de usuarios vulnerables han llevado a la actual Supersalud a retirar del mercado 13 EPS.
En el periodo de Gobierno, la Superintendencia Nacional de Salud ha adoptado todo tipo de medidas administrativas, preventivas y correctivas, sobre los actores de la salud, con el objetivo de proteger la vida y la salud de los usuarios.
Una de las más drásticas es la liquidación o revocatoria total de la habilitación, que se ha ordenado sobre trece Entidades Promotoras de Salud, debido al riesgo al que sometían la prestación de servicios a sus usuarios y al creciente endeudamiento que tenían con sus redes de prestadores y proveedores de servicios.
Para adoptar la decisión de liquidar una EPS, la Superintendencia toma como soporte múltiples insumos documentales que evidencian su progresivo deterioro en el deficiente desempeño de sus indicadores de atención a sus afiliados, el no pago de sus obligaciones y los incumplimientos a los estándares que se le exigen a una entidad que administra recursos de la salud.
Empiezan los hallazgos
El monitoreo y evaluación de los indicadores de una EPS se realiza a través de dos fuentes principales: la propia información suministrada por la aseguradora en salud y las auditorías o visitas de inspección que desarrollan en terreno un grupo de funcionarios de la Supersalud.
Los detalles documentados de estos ejercicios de inspección se plasman en conceptos técnicos que contienen todos aquellos hallazgos, incumplimientos, deficiencias o presuntas irregularidades administrativas o con probables connotaciones fiscales que se encuentren durante el proceso auditor.
Así, por ejemplo, en el caso de las dos últimas EPS liquidadas, los conceptos eran expedientes con más de 150 páginas, que describían de forma pormenorizada y técnica alrededor de 50 hallazgos. Estos conceptos, más la documentación aportada sobre la evolución de las quejas, reclamos, tutelas y demandas interpuestas por los usuarios, permiten determinar el estado de gravedad de la EPS y conduce a conclusiones certeras sobre la medida que se debe adoptar.
Deudas crecientes
En las resoluciones administrativas que ordenan las liquidaciones, se establecen las causales que hacen inviables a esas entidades como aseguradoras en salud, entre ellas la financiera y la asistencial. En la primera, se revisa el deterioro de los indicadores de solvencia, de patrimonio adecuado y el impacto que esta iliquidez estaba causando sobre la sostenibilidad financiera de sus prestadores y proveedores de servicios en los territorios donde operaba.
Dos de las EPS retiradas definitivamente este año tenían deudas acumuladas con sus redes de prestación por montos cercanos a los 2 billones de pesos cada una, no contaban con las reservas técnicas que les permitieran respaldar esas obligaciones y venían incumpliendo sistemáticamente los planes de capitalización a los que se habían comprometido.
En el segundo componente, el asistencial, estas EPS liquidadas ocupaban los primeros lugares en volumen y tasa de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, tutelas y desacatos, lo que evidenciaba la desatención de sus usuarios.
Sobre este aspecto, los auditores de la Supersalud identificaron desviaciones alarmantes en los indicadores de prestación de servicios especializados, en el suministro de medicamentos y en la autorización de procedimientos y tratamientos a sus poblaciones más vulnerables, como pacientes de cáncer, hemofilia y SIDA.
Con este diagnóstico, y sin que demostraran con hechos reales que quisieran corregir el rumbo, la Supersalud decide poner freno a estas situaciones que se vuelven insostenibles para el sistema y para la vida de los afiliados.
Como consecuencia de las liquidaciones de trece EPS efectuadas durante el actual periodo de Gobierno, alrededor de 9,3 millones de usuarios de la salud han sido trasladados a EPS receptoras, donde han encontrado mejores condiciones de acceso a los servicios.
El rosario de deficiencias
Estas son las características comunes que la Supersalud encuentra en las EPS liquidadas:
- No mostraron voluntad de corregir: La Supersalud les dio cinco, seis y hasta nueve prórrogas (cinco años), pero no mejoraron sus indicadores.
- Inviables financieramente: Acumularon pérdidas e incumplían el capital mínimo y el patrimonio adecuado, incluso se comprobó que algunas utilizaban recursos de la salud para patrocinar reinados, equipos de fútbol o mantenían caletas secretas.
- Eran malas pagas: Tenían altísimas carteras con sus redes de prestación, lo que amenazaba con provocar un daño sistémico.
- Ponían en riesgo sus afiliados: Demoraban más de un año para autorizarle un medicamento urgente a un paciente de cáncer o de hemofilia. Tenían los más altos niveles de muertes en población de menores de cinco años.
- Se volvieron ‘campeonas’ en PQRD y tutelas: Ocupaban los primeros lugares en quejas sin resolver y en desacatos.
- Maniobras no santas: Acudían a tutelatones y a jueces para revocar las decisiones. También recurrían al desprestigio en redes sociales y a pagar publi-reportajes para desinformar sobre las causas reales de su liquidación.
En el componente asistencial, las EPS liquidadas ocupaban los primeros lugares en volumen y tasa de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, tutelas y desacatos, lo que evidenciaba la desatención de sus usuarios.
Freno al hueco financiero
La Supersalud realizó un estudio que demuestra qué efectos hubiera causado en el sistema de salud el no haber tomado estas decisiones:
- El déficit de solvencia, que estaba en -8.5 billones en 2018, hubiera llegado a -10.1 billones en los últimos tres años. Con las medidas, ese déficit es hoy en día de -2.1 billones.
- Las cuentas por pagar, que eran por 18.8 billones, hubieran llegado a 21.6 billones.
- Se evitó que la cartera de las IPS creciera diez billones. En agosto de 2018, las cuentas por cobrar de las IPS a EPS llegaban a 15.44 billones, y si no se hubieran liquidado, el valor sería de 25.8 billones.
- Hace tres años las EPS debían 315 mil pesos por cada afiliado. Si no hubiéramos tomado medidas, hoy esa cartera per cápita estaría en 528 mil pesos.
“No vamos a permitir que ningún vigilado juegue con la salud de los usuarios o ponga en riesgo la atención que requieren la población infantil y los pacientes más vulnerables”
Fabio Aristizábal A. – Superintendente Nacional de Salud
Todo lo anterior demuestra que las decisiones ordenadas por la Supersalud sobre las EPS liquidadas han evitado un colapso sistémico del sector salud en Colombia.
Traslados, sinónimo de satisfacción
La Supersalud contrató con el Centro Nacional de Consultoría en 2021 una encuesta que se realizó a una muestra representativa de usuarios trasladados para conocer su percepción de la atención en las EPS receptoras.
El 95% de los usuarios trasladados calificaron entre ‘excelente’, ‘muy bueno’ y ‘bueno’ el acceso y servicio a medicina especializada, un 94% al servicio de odontología, un 93% a medicina general y un 91% a la entrega de medicamentos y urgencias.
El 91% de personas consultadas aseguran que en caso de estar gravemente enfermas pueden acceder de manera oportuna a los servicios de salud de su actual EPS.
Fuente: Publicación digital de la Superintendencia Nacional de Salud. Revista Monitor Salud. Ed. 08 (Enero – Marzo), 2022
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