Las recientes confrontaciones en el marco del paro nacional y el contexto general del año anterior que dejó, según cifras de la ONU, 78 defensores de los Derechos Humanos (DD.HH) asesinados y según cifras estimadas de la BBC en mayo de 2021, 19 asesinados y más de 800 heridos por el accionar de la fuerza pública, evidenció, entre otras cosas, la indispensable labor que cumplen los profesionales de la salud en la sociedad, no solo desde los consultorios sino también desde las calles.
Por ACOME
Fatídicamente, el 2022 inició con una desmesurada ola de violencia en varias regiones del país, sin embargo, hoy la atención de los colombianos debe centrarse en Arauca. La población civil que históricamente, a causa del abandono estatal, ha quedado a merced de grupos irregulares armados, hoy se encuentra de manera penumbrosa en medio de los enfrentamientos y el desplazamiento forzado; o se mantienen en el territorio donde peligra su vida o sufren el tortuoso fenómeno de la migración interna para la cual el Estado nunca ha tenido respuesta.
Es alarmante que grupos armados organizados que hacen presencia en el territorio declaren objetivo militar al personal de salud, así como que decidan atacar la infraestructura del sector salud. Esto no es solo una clara violación al Derecho Internacional Humanitario, que establece la necesaria protección al personal médico y que las partes beligerantes no pueden obstaculizar la prestación de los servicios de salud, sino también una clara afrenta a los derechos y el acceso a la salud de quieren permanecen en el territorio.
Es evidente la manera en que desde diversos sectores se ataca la defensa de la vida, sin embargo, la solidaridad y la cohesión en el personal de la salud, debe ser una táctica clara, para garantizar de manera ininterrumpida la prestación de servicios aún en territorios de conflicto, pues hoy representamos la única garantía en la defensa de la vida de las personas.
Sin duda alguna, el Ministerio de la Salud debe intervenir proporcionando las garantías necesarias a nuestros compañeros, así como los organismos internacionales velar en los territorios por la defensa no solo de las comunidades y el personal de salud, sino de los defensores de DD.HH a los cuales hoy expresamos nuestra gratitud y solidaridad, pues el Estado colombiano hoy pretende criminalizarlos.
Finalmente, debe quedar claro que la defensa de la vida es un asunto más allá de los consultorios y de las salas de urgencias, es momento que el personal de salud no deje desfallecer en el titánico esfuerzo que hacen un centenar de colombianos, quienes hacen justas reclamaciones por defensa de la vida, la salud, la soberanía alimentaria, las libertades sexuales, el género o territorios, y en general. una vida con dignidad.
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