Por Constanza Ovalle-Gómez – Odontóloga, PhD en Ciencias Sociales, Magíster y Posdoctorado en Bioética; Profesora Titular del Doctorado en Bioética y Coordinadora del Departamento de Bioética de la Universidad El Bosque
ESCUCHA ESTE ARTÍCULO
La capacidad de asombro es necesaria para enfrentar los problemas éticos, sin esta capacidad sería difícil reconocer cuándo se están afectando valores o cuándo aparecen otras visiones e innovaciones que permiten enfrentar los problemas morales. Autoras como Hanna Arendt (1999) llaman a la “banalidad del mal” una pérdida de conciencia del mal, siendo para esta filósofa, el peor mal de todos.
La pandemia por el COVID – 19 nos demostró a los colombianos, años de falta de inversión en la salud pública y en la atención primaria en salud, un mal que se ha aceptado, en parte, porque no se había hecho conciencia de ello. Hoy es posible apreciar la dificultad de los países en enfrentar la pandemia por causa de la escasa infraestructura pública, profesionales de la salud con precarias condiciones laborales, falta de insumos, programas de poco alcance para atender la salud pública, hospitales y centros de salud en las ciudades y pueblos pequeños cerrados o en completo abandono. Esto para decir que hemos sido presa de una suerte de “banalidad del mal”.
Esta aberración nos muestra banales a la hora de atesorar la salud pública como valiosa. En teoría se estima a la salud como un valor vital, una capacidad que nos confiere la posibilidad de alcanzar algún grado de bienestar. Cuando afirmamos que la salud no tiene precio, a lo que nos referimos es a que, es valiosa por sí misma, si carecemos de ella no es posible concebir bienestar alguno. Las metas vitales pueden ser individuales y no siempre comulgan con las que una sociedad puede prescribir. Sin embargo, la salud pública es una condición general, que el Estado debiera garantizar a través de medidas de cuidado y promoción de la salud. Es la salud pública un proyecto que se plasma en la realidad a través de acciones y decisiones que se toman o no se toman; cuando fallan las medidas o en ausencia de estas, se pone en riesgo el bienestar colectivo, como vemos, la propia vida, a la vez, se vulnera un derecho humano.
En palabras de Harari (2021) “Podríamos decir que esta crisis ha sido un notable éxito científico y un masivo fracaso político”. Ya vimos venir el fracaso de la política en salud basada en el mercado, entre otras cosas, porque diera señales de una falta de compromiso por las necesidades más apremiantes en salud. Así, este fracaso político, no es más que el producto de años en que se ha concebido a la salud pública como la cenicienta de los recursos en salud. No se piensa a la salud pública y a la atención primaria en salud como valiosas en sí mismas. La salud se ha convertido en un sector en el que es posible extraer beneficios económicos para quienes invierten en él, y la salud pública solo genera gastos. En este sentido, la salud deja de ser apreciada como un derecho, se convierte en un bien que circula, que produce ganancias de capital, que al considerarse un capital de riesgo es protegido mediante las aseguradoras, entidades que se convierten en empresas que prestan servicios de salud.
Mayor sorpresa nos llevamos cuando en una alocución reciente donde el viceministro, y días atrás el ministro, colombianos, se mostraron renuentes ante la posibilidad de recibir ayuda del sector privado para la consecución, compra y distribución de las vacunas. Más perplejos aún, cuando en un primer momento se llamó la atención sobre que el sector privado debiera pensarse mejor las propuestas que se lanzaban en relación con el apoyo al gobierno para financiar, comprar y distribuir vacunas a los maestros colombianos. Como sabemos, en el mismo plan de vacunación presentado, están contemplados los maestros como grupo de riesgo, que serán vacunados con antelación al resto de la población. Estas apreciaciones iniciales por parte de nuestros gobernantes, tuvieron que ser reemplazadas por una resolución que autoriza al sector privado a participar en esta tarea urgente “vacunar a toda la población colombiana”; es probable que esta resistencia inicial se debiera al temor de enfrentar el fracaso ante este gran desafío.
Con esta revelación ya no es posible reproducir las citadas malas prácticas en torno a la falta de una estructura de un sistema de salud que asegure la atención y el bienestar a los colombianos y las colombianas. Ante la ausencia de un Estado que garantice los derechos de las personas, dichos ciudadanos se ven sometidas a recibir la benevolencia de ONG y de entidades privadas con buen corazón. La dolorosa experiencia que nos deja la pandemia nos invita a pensarnos un mundo mejor, no volver a una normalidad, que como ya se dijo, es banal.
Se avizoran otras crisis que han de venir por nuevas pandemias y cambio climático. Queremos pensar que el cambio es posible y para ello habría que iniciar por darle el verdadero valor a la salud. No hay dilema alguno con respecto a si es necesario invertir o gastar en la salud pública, tampoco en cuál sector – público o privado – es mejor administrador. Estos falsos dilemas se vencen con una dosis de solidaridad y trabajo colaborativo, así como con la limitación de los intereses de enriquecimiento en aras de un bien común.
Deja un comentario