Han pasado varios meses desde el inicio de la pandemia y la declaratoria de la emergencia, meses durante los cuales el gobierno ha emitido cientos de decretos, resoluciones y circulares para poder enfrentar la crisis de salud, económica y social desencadenada por el COVID-19.
Por Cecilia Vargas G. – Enfermera de la Universidad Nacional de Colombia – Auditora – Presidente de la Organización Colegial de Enfermería OCE – Fiscal Nacional de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia ANEC
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En primer lugar, la pandemia ha demostrado la incapacidad del sistema de salud para resolver la situación y brindar atención a la población afectada. Las Unidades de Cuidado Intensivo en algunas partes del país alcanzaron su máxima capacidad, muchas otras se encuentran al 80 por ciento de ocupación, sin contar la incesante congestión de los otros servicios destinados a la atención de pacientes COVID que no están internados en las UCI.
Dentro de los países de la OCDE, Colombia presenta el índice de desempleo más alto, a nivel nacional este indicador llegó al 20.2 por ciento y 13 ciudades reportan que las personas sin trabajo ascienden al 24.7 por ciento, lo que ahonda la crisis económica que tiene atrapado al país.
Ante esta situación, el gobierno nacional ha privilegiado la apertura de la economía y la reactivación de todas las actividades, y decidió desistir de continuar con el confinamiento obligatorio a pesar de las recomendaciones dadas por las diferentes organizaciones y sociedades del sector salud de mantener el aislamiento con el fin de optimizar el recurso de UCIs, responder a la demanda de camas para la hospitalización y dar una oportuna atención a la población contagiada.
En el reporte del día 15 de septiembre el Instituto Nacional de Salud informa que hay: 728.590 casos de Covid, 23.288 fallecidos; 13.328 casos de infectados por millón de habitantes, con una tasa de letalidad del 3.2 por ciento; estas cifras nos ubican en el quinto lugar en América Latina en número de contagios.
El boletín # 42 de septiembre 11, del Instituto Nacional de Salud reporta que el Covid en el personal de salud es de 9607 casos de contagio, fallecidos 65, pero en las estadísticas que dirigen algunas organizaciones hay más de 120 fallecimientos.
Hay que destacar que del total de afectados del sector salud el personal de enfermería (auxiliares y enfermeras) representa el 45.9 por ciento. Las ciudades de mayor contagio son: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Amazonas.
De otro lado, la problemática que actualmente atraviesa el sector salud y los trabajadores se ha agudizado por aspectos como: la tercerización, la falta de elementos de protección personal, los pagos atrasados, el desabastecimiento o escasez de recursos en las instituciones hospitalarias, el acoso laboral, la discriminación social, el atraso tecnológico, el aumento en la carga laboral, entre otros; estos problemas no son solo producto de la pandemia, son algunas de las consecuencias de la implementación durante 27 años de la Ley 100 de 1993, la cual convirtió la salud en un negocio y cuyo fundamento es el aseguramiento, la mercantilización de los servicios de salud basados en la oferta y la demanda, así como la intermediación. El modelo de la Ley 100 está orientado hacia la curación y relega la promoción y la prevención, aspectos que resultan esenciales en cualquier sistema de salud.
La situación descrita es corroborada por el Grupo de Monitoreo Crítico que en el Boletín 003 del 18 de agosto reporta:
- El 44% de trabajadores y trabajadoras no tiene una relación laboral directa.
- Solo el 34% cuenta con un tipo de contratación que le brinde estabilidad laboral.
- El 31% afronta discriminación por parte de la comunidad.
- El 21.2% reporta aumento en horarios de trabajo.
- 19.7% afirma que tuvo disminución en el salario.
- 15.9% dice tener aumento en la carga laboral.
- 8.3% sufrió acoso laboral.
- 5.8% declara que ha sido inducido a pedir licencias no remuneradas.
- 5.6% ha pasado por insinuación de renuncias.
- 3.1% manifiesta cambio de contratación.
- 2.4% ha pasado por violencia física por agentes de la comunidad.
“De manera particular en relación con la entrega de equipos de protección personal, los porcentajes de mayor incumplimiento se presentan en los rubros de guantes, delantal o protector antifluido, uniformes quirúrgicos y polainas; En ese sentido, hay que anotar que cualquier referencia de incumplimiento resulta inaceptable”.
“El índice de bioseguridad es mayor en la población con contratación directa y estable (65% de cumplimiento) en relación con la población con contrato indirecto e inestable (54% de cumplimiento) y la diferencia es estadísticamente significativa. (p=0.000)”.
“El análisis de los datos de precarización muestra diferencias entre los trabajadores con contratación directa y estable, y los que no. En el primer grupo se observa el aumento de carga de trabajo junto con los horarios y la violencia relacionada con su labor. En el segundo grupo se presenta con mayor frecuencia acoso laboral, discriminación por la comunidad, la insinuación de renuncia, la disminución del salario y la toma de licencia no remunerada. Los dos últimos puntos fueron estadísticamente significativos”.
En los eventos de la salud de los trabajadores relacionados con el COVID-19, el informe del Grupo de Monitoreo en el Boletín 003 del 18 de agosto del 2020 en el análisis de datos resalta:
“Los datos muestran el incumplimiento de empleadores y ARL en lo que hace referencia al manejo de un trabajador con reporte de caso positivo. Adicionalmente, es preocupante el porcentaje de casos que no fueron notificados a la ARL y los que siguieron trabajando.”
“Encontramos que trabajar en la alta complejidad es la condición que genera más riesgo de infección por coronavirus en la población, con un riesgo de 40% adicional, medida que fue estadísticamente significativa (p=0,020)”.
“Si bien trabajar en un hospital privado, ser personal asistencial, ser mujer, hacer tareas con aerosoles y tener una forma de contratación estable fueron riesgo de infección, las diferencias no fueron estadísticamente significativas”.
En relación a la salud mental de los trabajadores refiere: “Los trabajadores y trabajadoras que tienen contacto con pacientes con COVID-19 incrementa el riesgo de tener problemas salud mental en un 47%; trabajar sin protección individual en un 25%; y sin protocolos en un 29%, medidas que fueron estadísticamente significativas (p= 0.000; 0.041; 0.028, respectivamente).”
Los problemas de salud mental que refieren son: “síntomas psicosociales tales como problemas para concentrarse, trastornos de sueño, incapacidad para tomar decisiones, agobio, tensión e incapacidad para afrontar situaciones, entre otros”.
Al panorama sombrío que refleja la situación actual de los trabajadores de la salud hay que agregar las intenciones del gobierno actual al tramitar una serie de proyectos de ley que pretenden una reforma al sistema de salud y a la contratación, tales como el proyecto de Ley 010 de 2020 “Por medio del cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el Derecho Fundamental a la Salud dentro del Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con la Ley 1751 de 2015, y la sostenibilidad del Sistema de Salud” y el 331 “Por medio del cual se fomenta el Trabajo Digno del Talento Humano en Salud y se dictan otras disposiciones”.
Es preciso aclarar que estas propuestas no ofrecen una alternativa para promover la salud como un derecho fundamental y no garantizan la contratación digna y justa, que vaya acorde con los postulados del trabajo decente.
Por las razones expuestas anteriormente los trabajadores de la salud han elevado su voz al Congreso de la República para solicitar que se archiven estos proyectos de ley.
En este momento es importante hacer un llamado al Congreso, al Gobierno, a los Gremios y a todos los empleadores para llegar a consensos con la participación de todo el conjunto de los trabajadores de la salud que permitan construir políticas que contribuyan a asegurar las condiciones de bioseguridad y establezcan las medidas adecuadas para el trabajo digno del talento humano en salud, ya que es la única forma de cuidar la vida de aquellas personas que nos cuidan.
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