La compañía experta en ofrecer servicios del área del derecho, la medicina y la gestión integral de cartera y facturación tanto del sector público como privado, considera que las últimas medidas adoptadas por el gobierno permitirán mejorar la calidad de servicios de salud a la población.
Arrigui & Asociados Abogados Consultores S.A.S. es una sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial cuyo objeto social lo constituye todas las actividades relacionadas con el ejercicio de las profesiones liberales y técnicas, en especial en el área del derecho y la medicina.
En la actualidad cuentan con un equipo conformado por 42 trabajadores directos y 23 indirectos, entre los cuales están abogados, contadores, ingenieros de sistemas, analistas de cuentas médicas, auditores, ejecutivos de cartera, médicos, ingenieros industriales, administradores de empresas, todos con amplia experiencia en el manejo de cuentas de sector salud.
La firma consultora está enfocada a representar a las IPS y profesionales de la salud que tienen dificultades en los procesos de facturación y recaudo de los servicios que prestan.
Con 28 años de experiencia, brindan la asesoría jurídica sobre asuntos relacionadas con el sistema de seguridad social en salud.
Para la firma tanto las deudas del sector privado como las del público presentan elevados grados de dificultad, pero gracias a la gestión que realiza es posible que el recaudo fluya casi en igualdad de condiciones en los dos sectores.
Hoy en día, la causal de devolución más común es la falta de autorización, que en el fondo es una negación de servicios por parte de los aseguradores del sistema a sus afiliados, explica Hernán Javier Arrigui Barrera, presidente de la firma.
“Simplemente ante la solicitud de autorización para la prestación de un servicio, callan. Afortunadamente, la evolución normativa del sistema contempla reglas que permiten presentar estas cuentas, aún cuando el asegurador no haya emitido la autorización.
La situación de los prestadores de servicios de salud es bastante compleja, pues son directamente responsables del afiliado, y cualquier daño que sufra, tiene responsabilidades administrativas y penales para el personal de la IPS, y la institución, independientemente de que el asegurador emita o no la autorización, o tenga deudas con la IPS o no cuente con contrato”.
La superintendencia ha sido inflexible en este sentido y emitió la circular 013 de 2016, que en aras de garantizar la salud y vida de los usuarios del sistema, obliga a las IPS a atender a los pacientes independientemente de que las EPS no paguen los servicios, agrega Arrigui.
“Es paradójico pero las EPS pregonan que son las que garantizan la salud de los colombianos, pero la realidad es otra, quienes en realidad garantizan y prestan los servicios de salud son los hospitales y clínicas.
Las EPS son solamente administradores de recursos del sistema, si una EPS cierra, simplemente los afiliados se trasladan a otra, pero si se cierra una IPS queda una población, la de su área de influencia, realmente afectada por falta de acceso a los servicios”.
Arrigui celebra que el gobierno haya decidió enfrentar el problema de la deuda del Estado con las aseguradoras por procedimientos no POS, hoy No PBS y se haya comprometido a pagarla.
“Indiscutiblemente estos recursos que se calculan en 6.7 billones, llegarán a su destinatario final las clínicas y hospitales de Colombia, disminuyendo la deuda de las EPS, e implican un fortalecimiento para el sector, que contará con recursos frescos para mejorar infraestructura y servicios, además del pago al personal médico administrativo y a los proveedores”.
Para el representante del buffet, la ley de punto final es la herramienta idónea para lograr un saneamiento de la cartera, y encaminarse hacia un futuro correcto y eficiente del sistema de facturación.
Si lo anterior se acompaña de un sistema ágil de recaudo de las cuentas, se evita que se sigan presentando estos desfases, máxime cuando el gobierno se ha comprometido a girar los recursos a su cargo todos los años, además del pago de los contemplados en la ley.
En ese cuatrienio, si todo sale como esta planteado, veremos una mejora importante en la calidad de servicios de salud a la población, y un fortalecimiento importante de las EPS, que cambiarán sus estados financieros de manera positiva, puntualiza el presidente.
“No se puede dejar de lado la gestión de vigilancia efectiva por parte de la Supersalud, que ahora está dotada de nuevas facultades con las que podrá hacer efectivas sus sanciones y la identificación y erradicación de los numerosos sistemas de desviación de recursos”.
Deja un comentario