El abogado considera que es hora de aprovechar la coyuntura política para avanzar hacia el modelo de salud definido en la ley estatutaria y comenzar a tramitar una iniciativa legislativa que sepulte la Ley 100.
El exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio, manifestó su apoyo al decálogo presentado por la Gran Junta Médica Nacional (GJMN) para reformar el sistema de salud.
En opinión del magistrado, sintetizar en diez puntos un panorama tan complejo es una oportunidad de oro para dar el gran paso hacia un modelo en el cual el Estado asuma efectivamente la garantía del derecho a la salud.
Con más de 30 años de experiencia en la rama judicial: ha sido juez municipal, magistrado de las salas laborales del Tribunal Superior de Medellín, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, ahora se suma a las voces que advierten la necesidad de transformar el sistema debido al desalentador diagnóstico que tiene la atención médica para los colombianos.
“El panorama en salud está por empezar a ensamblarse. Es preciso estructurar un proyecto integral que desarrolle la ley estatutaria para tramitarlo en el seno de la democracia, el Congreso de la República, en donde tienen participación y representación todos los sectores del país”.
Palacio destaca la necesidad de terminar con la intermediación financiera, puesto que considera que las EPS han desconocido la destinación específica dada por la Constitución y la ley a los recursos parafiscales de la salud.
“Estas empresas han efectuado un uso indebido de los recursos y se han lucrado con la plata de todos los compatriotas, cuando no existe duda de que los dineros de la salud son públicos”.
Para este abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, con un Magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, la iniciativa parlamentaria que se tramite debe fortalecer al sector público, puesto que los hospitales públicos son la columna vertebral del sistema, pero además constituyen el principal escenario para la educación de todo el personal de salud. En muchas zonas apartadas los hospitales públicos no pasan de ser, a lo sumo, centros de salud, dice el Magistrado.
“Resulta inconcebible que algunos no tengan los insumos mínimos y que ni siquiera cuenten con agua potable, gasas o alcohol.”
Progresista en asuntos sociales, sostiene que el sistema de salud no puede seguir centrado en atender la enfermedad, ni los colombianos pueden padecer por más tiempo los efectos de la ausencia de legislación que no garantiza un derecho fundamental, mientras se sostiene el modelo antagónico de la Ley 100.
“Entre la ley estatutaria y la Constitución no cabe una hoja de papel, señala Palacio. El desarrollo de la estatutaria no se puede hacer a través de resoluciones ministeriales, debe darse un debate abierto para avanzar hacia el consenso que encienda la luz de una ley ordinaria que le dé un vuelco al modelo.”
Por último, apunta Palacio, la GJMN, junto a la sociedad civil, reunida en un creciente número de organizaciones, tiene en sus manos el camino de la democracia y de la presión social para regular el derecho que tiene la gente a acceder a una atención médica oportuna y eficiente
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