En este periodo de cambio de administración distrital, Bogotá tendrá que aclarar el panorama y definir el rumbo que quiere tomar en salud.
Por Dr. Luis Carlos Leal Angarita – Concejal de Bogotá
El Secretario saliente mostró cifras que no corresponden a la verdad en cuanto al balance económico de la EPS del distrito “Capital Salud”, empresa que a pesar de la inversión realizada por el Distrito durante el cuatrienio pasado que alcanzó los 310.916.000.000 de pesos, finalmente arrojó como resultado del ejercicio a octubre de año 2019 una pérdida de 57.563 millones de pesos, contraria a la tan publicitada y falsa noticia del superávit que por primera vez en la historia dejaba esta EPS.
Lo cierto es que el burgomaestre no logró recuperar financieramente a la EPS, puesto que aún cuenta con medida preventiva; sin embargo, hay que reconocer que al menos logró que fuera nuevamente propiedad del Distrito con el 99 por ciento de sus acciones y de sus deudas.
Además de lo ocurrido con la EPS distrital, la reorganización de la red pública hospitalaria de la capital en subredes, no cumplió con el objetivo y el espíritu de su creación, que se difuminó al iniciar una redistribución operativa, sin que la Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica “EAGAT” coordinara la compra centralizada de insumos y medicamentos, sin que garantizara su disponibilidad en las subredes, sin que integrara la relación directa entre las diferentes entidades para manejo interdisciplinario y cooperativo.
Y, a su vez, desmantelando los servicios de alta complejidad en diferentes instituciones, lo que llevó a la contratación de estos servicios con entidades privadas y generó que los dineros públicos de la salud no se reinvirtieran en las instituciones hospitalarias públicas de nuestra ciudad.
Pese a todo lo anterior, el problema estructural y económico de nuestra capital trasciende estos inconvenientes y se remonta a la Ley 100 de 1991, que mediante la creación de la figura de las EPS puso a las instituciones del Estado a competir por un mercado para poder sostenerse en funcionamiento.
Ahí inició este camino de mercantilización de la salud donde siempre ha primado el negocio por encima de la salud de los colombianos. Es crítico pensar que nuestra red pública hospitalaria dependa de empresas que aunque no sean rentables financieramente por sí solas, siguen teniendo la administración de los recursos de los colombianos para la prestación de servicios de salud.
Informes como el entregado por la Supersalud a corte de 2018 agravan aún más la situación. El documento demuestra que solo nueve EPS cumplían en ese entonces con la solvencia financiera para el aseguramiento de sus afiliados, cosa que no es nueva y que se ha venido alertando desde 2012. Pero claro, como existe un marco legal que resulta a todas luces ridículo, dado que la exigencia financiera que se hace a las EPS de acuerdo con el decreto 780 de 2016 es de tan solo diez mil millones de pesos aproximadamente para empresas que manejan un presupuesto de tres billones de pesos anuales en promedio, no es extraño que estas EPS sigan funcionando y que no pase nada.
Es acá donde surgen preguntas fundamentales que llegan en el momento en que la Supersalud autoriza a otras entidades para el manejo de estos recursos. Pues, entonces, estas compañías comienzan a generar obligaciones económicas con diferentes instituciones para luego incumplirlas y llegan a las mismas situaciones económicas de riesgo para ser finalmente liquidadas por el mismo organismo que inicialmente las autorizó para funcionar. Un círculo vicioso de nunca acabar. En ese caso, ¿quién responde económicamente por esas obligaciones pendientes? ¿Qué ha hecho el Gobierno distrital o el nacional para recuperar o pagar estas deudas?
Las respuestas a estos interrogantes son: que el Gobierno nacional actual en su Plan de Desarrollo nos somete de nuevo a un acuerdo de punto final, donde los colombianos tras haber aportado los recursos en salud y otros impuestos, debemos volver a pagar las deudas generadas por un sistema de salud mal gerenciado, ineficaz, desenfocado y que suscita una alta tasa de insatisfacción en los usuarios en todo el territorio nacional.
En el país se interpone una tutela para hacer valer el derecho a la salud cada tres minutos y la gran mayoría de estas acciones legales corresponde a servicios que deberían ser prestados por las EPS. Si lo anterior resulta inadmisible, el mayor agravante se planteó en el debate del Plan de Desarrollo en el Congreso de la República, donde se dispuso que los pagos derivados de dicho acuerdo de punto final serían entregados a las mismas entidades mal gerenciadas y en riesgo financiero, llamadas EPS, en lugar de distribuirlos entre las instituciones hospitalarias del país que siguen operando con las uñas y cada día agudizan su crisis, situación que se traduce en un mayor detrimento de la atención en salud para la población colombiana.
Entonces, ¿qué acciones se pueden hacer desde la administración distrital para transformar esta realidad? Lo primero y más importante es enmarcar la salud en nuestra Capital como un derecho, tal como lo garantiza la Ley Estatutaria de la Salud; La Estatutaria prioriza las actividades de promoción y prevención en salud y devuelve a la estructura del sistema la importancia de defender a una población saludable, sobre un modelo enfocado en el negocio de la enfermedad.
Así mismo, hay que procurar la finalización de la intermediación financiera, al menos en lo que respecta al régimen subsidiado, potestad de la administración; se hace necesario emplear los recursos ahorrados para empoderar y recuperar las instituciones que pertenecen a las subredes, que tienen como fundamento eliminar la tradicional politiquería y corrupción que por mucho tiempo han rodeado a estas instituciones.
Eso se consigue mediante la veeduría ciudadana y la participación de la comunidad en las instituciones en salud. También es indispensable reunir los recursos necesarios para la construcción y ampliación de los proyectos en infraestructura en salud, y entender que por su localización en la ciudad no pueden ser centros barreras de acceso a la población y que deben surgir como entidades integrales, donde la comunidad pueda encontrar realmente soluciones a sus afecciones de salud para lo cual es preponderante devolver la dignidad a todos los trabajadores de la salud mediante la creación de modelos laborales dignos que tiendan a la formalización laboral de sus funcionarios. De esta forma no solo se cumple con la ley, sino que se garantiza una mejor calidad y oportunidad en la prestación de los servicios en salud.
Desde el pasado primero de enero asumí una curul en el Concejo de Bogotá. Desde entonces y como lo hice anteriormente, he acompañado como ciudadano y profesional de la medicina a la comunidad, escuchando atentamente las problemáticas particulares de cada institución y de cada paciente.
Al mismo tiempo he demandado respuestas a las diferentes subredes en materia financiera y de desempeño. En este espacio editorial reitero que mantendré el compromiso hecho en campaña de luchar por un modelo de salud digno y diferente, que demuestre que es posible gozar del derecho efectivo a la salud. En aras de defender este importante derecho y la dignidad de los trabajadores de la salud, es hora de acompañar a la Secretaría de Salud y crear propuestas que lleven a honrar el compromiso con los capitalinos.
El Gobierno nacional en su Plan de Desarrollo nos somete de nuevo a un acuerdo de punto final, donde los colombianos tras haber aportado los recursos en salud y otros impuestos, debemos volver a pagar las deudas generadas por un sistema de salud mal gerenciado e ineficaz.
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